El acuerdo entre el PSOE y Sumar para formar gobierno, es un documento de 48 páginas, en el que se mezclan todo tipo de soflamas populistas con algunas medidas concretas tomadas del más rancio socialismo chavista como la cesta básica de alimentos y la expropiación de viviendas. Se divide en bloques que pretenden ser temáticos, aunque en realidad su contenido carece de coherencia Las secciones no responden a un programa de gobierno sino a una simple enumeración de consignas políticas de la izquierda.
Se inicia con uno de los temas icónicos de los actuales comunistas, la ·Agenda verde· que tiene como eje principal, el cierre de todas las centrales nucleares en 2035. Para la implantación de esta “Agenda” ·se creará el Instituto de la Transición Justa, de funciones desconocidas. En materia de agricultura y desarrollo rural, la propuesta principal es la aprobación de una Ley de la cadena alimentaria que parece destinada a la intervención de precios en origen y destino, sistema ya utilizado en las dictaduras de Sudamérica con el efecto de provocar desabastecimiento generalizado. A continuación, dedican un largo capítulo a derechos sociales que inician con la creación de la cesta básica de productos con precios intervenidos al estilo de Cuba y la promesa de todo tipo de ayudas y gastos con estilo puramente electoralista.
En materia de Pensiones, a pesar de que el vigente sistema de reparto está actualmente quebrado, no se prevé ninguna reforma para hacerlo sostenible, solamente, subidas acordes al IPC y para las mujeres, incrementos de cuantía desconocida pare evitar, la brecha de género.
En Sanidad se prevé la implantación universal y gratuita de todo tipo de tratamientos sin mencionar que se trata de una competencia transferida a las Comunidades Autónomas ni establecer formas de llegar a acuerdos con los gobiernos regionales. Lo mismo sucede en el breve epígrafe dedicado a Educación, dónde sólo queda claro que debe eliminarse la asignatura de Religión y la educación diferenciada. Respecto a las Universidades públicas, que evidentemente necesitan reformas, no hay referencia alguna, sólo ampliar los programas de becas de modo ilimitado.
En el capítulo dedicado a Fiscalidad es donde se vierte la mayor dosis de demagogia de todo el documento, salvo declaraciones sobre los impuestos a “los ricos” no hay más medida concreta que aumentar la plantilla de la Agencia Tributaria para perseguir el fraude fiscal. También afirman que van a impulsar una política fiscal europea que ponga fin a los paraísos fiscales, llevando el populismo a su máxima expresión.
Yolanda Díaz y Pedro Sánchez
En el capítulo dedicado a la Administración, encontramos afirmaciones alarmantes porque afectan a derechos y libertades fundamentales. El documento indica que se actuará para impedir la “deslealtad constitucional de algunos actores políticos·”. Teniendo en cuenta que se trata de un gobierno de carácter autoritario y dado a la represión, esto puede llevar a fuertes recortes en la libertad de los políticos no afectos al régimen.
En cuestión de Economía y empleo, el acuerdo dice promover una política económica “responsable”, orientada a alcanzar la convergencia con la tasa media de paro de la UE, e incluso el pleno empleo. Hasta el momento, tal política ha consistido en aumentar la presión fiscal con el efecto de dificultar el ahorro y ahuyentar la inversión, impidiendo la creación de riqueza y la generación de nuevos puestos de trabajo. No aparece ninguna referencia a la reducción del gasto público, por lo que cabe pensar que seguirá siendo muy elevado.
El acuerdo lo fía todo a la supuesta transición digital y verde, sin aportar ninguna propuesta sobre cómo se va a incrementar el valor en nuestra economía para que el PIB per cápita no continúe estancado. No parece posible lograr el objetivo que en apariencia se pretende conseguir. mientras se mantenga la actual actitud del gobierno social comunista que promueve la reducción de la productividad, la persecución de los empresarios, la presión regulatoria, la asfixia fiscal y la educación en el desprecio al esfuerzo.
Se manifiesta la intención de revitalizar la expansión comercial de las empresas en el exterior, sin embargo, la política internacional desarrollada hasta el momento, se ha movido más por el activismo de izquierdas que hacia la creación de lazos comerciales y culturales con los países que comparten nuestra forma de vida. Se menciona también el apoyo al crecimiento de pymes y autónomos pero la realidad es que se les está sometiendo a cargas impositivas y regulatorias cada vez más pesadas.
En relación al fomento de la innovación en el tejido productivo, no hacen referencia a las medidas que conducen a ese resultado, como el apoyo a la investigación o la formación especializada. Se remiten por completo a la promulgación de una Ley de Startups que, como ocurrió la Ley del Sí es Sí, aspira a ser un referente a nivel europeo. En realidad, esta actitud del gobierno lo que refleja es un profundo desconocimiento acerca del funcionamiento de los principales centros de innovación y creación de nuevas empresas, que operan poniendo en contacto a los actores implicados en el proceso, es decir, emprendedores, técnicos, inversores y clientes potenciales siendo las administraciones simples facilitadores de dichos procesos sin entorpecerlos con excesivas regulaciones.
En este apartado se hace referencia a la ejecución de los fondos Next Generation y el despliegue de proyectos estratégicos (PERTE) que nunca terminan de concretarse.
Por último, llama la atención la referencia al impulso de la participación de los trabajadores en las decisiones empresariales, sustituyendo al accionista. Esto en realidad no es necesario, ya que existe la figura de las cooperativas y sin embargo, su presencia en el mercado es irrelevante, lo que muestra que en la realidad tampoco esta fórmula cosecha grandes resultados.
En materia de vivienda, la propuesta consiste en construir vivienda pública y convertir su situación jurídica en irreversible, disminuyendo el stock en el mercado. Se hace referencia también a la movilización de viviendas vacías y la creación de un registro donde conste esa situación. No sabemos si la finalidad, es expropiar o hacer obligatorio el alquiler. Esto junto con la regulación del alquiler turístico y su prohibición en zonas tensionadas, supone un grave ataque al mercado inmobiliario y al sector de construcción, además de perjudicar el turismo. Tales medidas irán acompañadas de la práctica eliminación del desahucio y de grandes restricciones en la gestión de cobro de los préstamos hipotecarios para las entidades bancarias.
En materia de transporte, un sector muy importante en nuestra economía, sólo se hace referencia a su gratuidad y algunas vías ferroviarias en el Mediterráneo.
En general, el documento es muy vago, lleno de consignas políticas y carente de una verdadera propuesta de gobierno, se trata de seguir improvisando a base de gasto público y deuda mientras el Banco Central Europeo lo permita y después el diluvio.
Manuel Batalla
Almudena Gómez
José Sánchez
Luís Suñer