El gobierno de España propone a través de Yolanda Díaz y así lo hacen constar en el nuevo acuerdo al que ha llegado SUMAR y PSOE, establecer la jornada laboral de 37,5 horas semanales lo que implica una reducción de 2,5 horas a la semana. Lo que no explican desde estos dos partidos, es cómo pretenden llevar acabo esta medida y quien asume sus costes.
Para encontrar el equilibrio en el mercado laboral, la empresa paga al empleado para que éste genere el mismo valor o más del que recibe por parte del empleador ya que de lo contrario, entraríamos en un desajuste que implicaría pérdidas para el empresario corriendo el riesgo de que éste tome la decisión de aplicar un despido y depende qué tareas se desarrollen podría ser procedente lo cual el trabajador hasta perdería el derecho a la indemnización. Por poner un ejemplo para que se entienda, si eres un agente comercial y en tu contrato pone que debes de vender X productos al mes y resulta que no cumples durante varios períodos podrían despedirte justificadamente.
A donde quiero llegar es que con esta propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas estamos quitando 2,5 horas de trabajo semanal y por tanto de la posibilidad de producir, por lo que tenemos que hacer los mismos objetivos de siempre con 2,5 horas menos, lo que pone en riesgo de partida a un empleado que deberá de maximizar sus esfuerzos para seguir manteniendo sus metas con menos horas semanales que si contamos serían 10 horas menos mensuales y 120 horas anuales que se dice pronto. Esto podría tener su sentido si fuésemos un país productivo pero como se muestra en la siguiente gráfica del INE, no lo somos en absoluto y según el dato del segundo trimestre del 2023 que es el último dato que tenemos, estamos en un -0,83% de productividad a tiempo completo lo que esta medida es insostenible en España en la actualidad y dista mucho de la media europea.
Otro de los debates es quién se hace cargo del gasto que supone pagarle el mismo salario a un trabajador que ejerce 120 horas anules menos. Si será el estado de partida quien se haga cargo de esos costes hasta que el sistema laboral se amolde a este nuevo requisito mediante alguna ayuda o subvención que permita paliar esas pérdidas iniciales que sin duda habrá para miles de PYMES que son quienes precisamente no pueden permitir el lujo de perder dinero. Si por el contrario como todo parece apuntar, serán como siempre las empresas quienes tengan que hacerse cargo de esos costes, traerá consecuencias nefastas para la economía española como caída en la contratación, desempleo, aumento contratos temporales, caída recaudación, aumento de gasto público y en definitiva un flujo circular de la renta negativo.
La teoría de todo esto a mi juicio, es que el futuro nuevo gobierno de España sabe perfectamente que no podría subir el SMI de momento más de los 1080 euros y mucho menos vincularlo al IPC con la situación que tiene en estos momentos la inflación por lo que digamos no te subo el salario pero te hago trabajar menos lo cual vendría a ser como lo mismo. Como siempre, un gobierno de trileros.