El envejecimiento poblacional es el reto demográfico, social y económico de occidente durante este siglo. El progresivo retiro de la generación del baby boom, con una base de la pirámide demográfica ya debilitada por la leve natalidad, tensará financieramente los sistemas de pensiones públicos en Europa y, por supuesto, en España. El actual sistema arrojará un déficit del 4,5% del PIB a mitad de siglo -unos 54.000 millones de la actualidad- derivado de un mayor gasto en pensiones incapaz de ser absorbido por los ingresos pese al mayor esfuerzo que asumirán todas las nóminas en las próximas décadas.
Ante este reto tan importante y sobre todo para España siendo de los países de la UE con peor tasa de natalidad, siendo ésta una opción muy importante que permitiría en cierta manera la sostenibilidad de las pensiones, Escrivá y el gobierno de España buscan la entrada de inmigrantes a toda costa para intentar reflotar el déficit de las pensiones. Hay que destacar que el problema ha sido agravado por la política económica del gobierno de Pedro Sánchez que ha elevado las pensiones en base al IPC sin tener en cuenta el PIB, lo que supone un gasto enorme para las arcas públicas. Por otro lado, la subida generalizada de impuestos y el esfuerzo fiscal de las familias han provocado un incremento del IPC subyacente como nunca se ha visto en la historia democrática de España lo que, sumado al incremento de las pensiones, haga que nos encontremos en una burbuja que estallará tarde o temprano.
La inmigración no supone una solución del problema de las pensiones y menos en el contexto que tenemos en España donde las empresas no están generando un volumen alto de inversiones ni haciendo un esfuerzo grande para contratar más mano de obra lo que hace complicado y complejo una captación de capital humano extranjero en estos momentos. Si estuviéramos en otro contexto económico favorable, traer mano de obra extranjera que cotice en España pues puede ayudar a reducir el déficit de las pensiones, pero desde luego no soluciona el grave problema, que es de lo que se trata aquí. Tenemos un gobierno o una clase política que se dedica a parchear los problemas en vez de solucionarlos definitivamente y así, estamos destinados al fracaso.
Las soluciones tienen que ser pensadas a largo plazo. Debemos tener en cuenta que actualmente la esperanza de vida es mucho más alta situándose actualmente en 85,8 años para las mujeres y de 80,2 años para los hombres lo que justifica mediante un estudio previo, que la edad de jubilación se retrase en todos aquellos trabajos en los que se pueda gestionar. Hace muchos años la gente moría a los 30 y hoy 50 años más tarde lo que hace lógico el retraso de la edad de jubilación y así poder combatir el déficit de las pensiones.
La natalidad es otro de los puntos importantes para combatir el problema, somos el peor país por detrás de Italia en nacimientos por cada mil habitantes lo que provoca una pirámide a la inversa algo nefasto para el futuro de un país. Ante esto, el gobierno en vez de promover un gran paquete de medidas económicas que ayuden a los padres a dar el paso a tener hijos se dedica a dar paguitas para jóvenes, para la compra o como lo último para que los mayores vayan al cine por 2 euros.
El paro juvenil es el principal problema de todo esto, tenemos una tasa de entorno al 25% lo que provoca una caída enorme en la cotización y no sean sostenibles las pensiones a largo plazo. La clave de siempre es que la gente joven cotice para que el Estado pueda abonar las pensiones de jubilación, pero si tenemos un 25% de paro juvenil es muy complicado por lo que hay que tajar eso y desde luego no se hará criminalizando a os empresarios y subiendo impuestos como lleva haciendo este gobierno desde que entró en el poder.
Por último, es necesario ir a un mercado de flexibilización de pensiones en la que se combine la pensión pública y privada como ya hacen la gran mayoría de países de la UE. Esto implica establecer convenios con las grandes empresas, bancos o seguros para establecer los planes de pensiones privados. Esto supone un ahorro enorme para el Estado y además se garantiza teniendo en cuenta el mercado actual de las pensiones privadas una gran rentabilidad para los ciudadanos.