Bruselas eleva el tono ante el bloqueo del CGPJ en España. La Comisión Europea ha advertido al Estado que debe renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuanto antes. Lo ha hecho por enésima vez ante el ya sin precedentes bloqueo del máximo órgano de gobierno de jueces y magistrados.
El portavoz de Justicia en la Comisión, Cristian Wigand, recordó a finales de febrero que se apreciaría “que se arreglara antes de la presidencia española de la UE” y recordó que en julio debe publicarse nuevamente el informe sobre el Estado de derecho que el año pasado recriminó a España el bloqueo del CGPJ.
No obstante, desde los partidos mayoritarios que conforman el Congreso de los Diputados se limitan a lanzarse reproches bidireccionales, obviando uno de los principios más elementales de cualquier negociación: el respeto al adversario.
Mientras tanto el Tribunal Supremo encara el cuarto mes del año con una plantilla considerablemente aminorada y que hace peligrar, incluso, la salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva y al juez ordinario predeterminado por ley.
Si no hay suficientes magistrados para formar Sala, tampoco se puede escoger por insaculación la composición del Tribunal, extremo que puede afectar al derecho al juez ordinario predeterminado por ley que viene recogido como un derecho fundamental de cualquier ciudadano y justiciable.
En definitiva, uno de los tres poderes del Estado se encuentra actualmente presidido por un órgano de gobierno caducado desde hace más de cuatro años. La dimisión de su ex presidente Carlos Lesmes no sirvió para mucho más que para generar un nuevo clima de crispación entre los vocales del CGPJ que acerca de quién debía ocupar esa vacante.
Entretanto nuestros gobernantes se dedican a acusarse recíprocamente de un bloqueo inaudito, en vez de sentarse en la mesa de negociación con una voluntad clara e inequívoca de zanjar el conflicto.
Un conflicto que de no resolverse antes del 1 de julio, fecha en la que España liderará la presidencia del Consejo de la Unión, puede devengar graves consecuencias en detrimento de la imagen comunitaria e internacional del Estado español.
¿Está garantizada la independencia judicial?
Otra de las cuestiones que muchos ciudadanos se plantean es si la independencia judicial está garantizada. Y es que parece contradictorio que lo esté si los vocales del CGPJ son escogidos por las Cortes Generales (poder legislativo).
Afortunadamente, no obstante, la independencia judicial está garantizada por cuanto los vocales escogidos por el Congreso y el Senado únicamente tienen atribuidas funciones de gobernabilidad del poder judicial, no pudiendo en ningún caso dar instrucciones a los jueces y magistrados que conforman los distintos Juzgados y Tribunales de España.
Ahora bien, ello no quita que el método de elección sea cuanto menos discutible desde el punto de vista de la separación de poderes. No parece casar demasiado bien que el poder legislativo tenga voz y voto sobre el poder judicial.
En definitiva, queridos lectores, España tiene una última oportunidad para demostrar a la comunidad europea e internacional que preserva los derechos de todos sus ciudadanos y, en consecuencia, ponerse manos a la obra para renovar el órgano de gobierno de jueces y magistrados que conforma la cúspide del poder judicial, uno de los tres poderes del Estado.