La nueva jugada maestra de Pablo Llarena para impedir que el ex mandatario de la Generalitat, Carles Puigdemont, pueda volver a España y evitar la prisión no se ha hecho esperar.
El magistrado instructor de la causa del “procés” dictó este jueves un auto en virtud del cual actualizaba la situación procesal en la que se encuentra el ex dirigente catalán tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal.
Hoy, desde 24hEconomía hemos entrevistado al abogado y criminólogo Pablo de Palacio quien, desde la denominada Catalunya del Norte, nos ha dado las claves de la nueva situación en la que se encuentra el propulsor del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.
Cambio del delito de sedición por el de desobediencia
En primer lugar, el magistrado del Tribunal Supremo analiza en su auto si tras la derogación del delito de sedición es posible subsumir los hechos objeto de investigación en el nuevo tipo delictivo de desórdenes públicos agravados.
La conclusión del magistrado es que ello no es posible. Y no lo es por dos motivos fundamentales. El primero porque ese tipo penal no existía en el momento de la presunta comisión de los hechos que se investigan. Y el segundo porque ese nuevo tipo delictivo exige para su consumación la existencia de un acto delictivo, extremo que de Palacio recuerda “quedó demostrado en los hechos probados de la sentencia del procés que no existió en la causa catalana”.
Por lo tanto, Llarena concluye que los hechos únicamente pueden ser subsumidos en el tipo penal de desobediencia, que no lleva aparejadas penas de prisión, al haber incumplido de forma reiterada y sistemática los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que le impedían la celebración del referéndum de autodeterminación en Catalunya.
Pablo Llarena mantiene el delito de malversación
En segundo lugar, el magistrado instructor analiza si es posible atribuirle un presunto delito de malversación a Carles Puigdemont conforme a la nueva regulación del Código Penal.
Para ello, y según indica de Palacio, hemos de recordar que “comete malversación aquél que, con ánimo de lucro personal o de terceros, desvíe dinero público».
Pues bien, el argumento de Pablo Llarena para atribuirle el delito de malversación al ex dirigente catalán es que el ánimo de lucro vendría determinado por “haber despojado a la Administración de fondos públicos para sufragar su voluntad personal de contravenir el ordenamiento jurídico con la celebración del referéndum de autodeterminación”.
Por lo tanto, Carles Puigdemont continúa siendo proceso por un presunto delito de desobediencia y otro de malversación, pudiendo alcanzar éste último hasta los doce años de prisión por ser la cantidad presuntamente defraudada superior a los 250.000€.
Carles Puigdemont tiene absoluta libertad de movimiento, menos en España
Carles Puigdemont puede moverse libremente por todos los países de nuestro entorno menos en territorio español. Eso es así dado que, como recuerda de Palacio, “el magistrado Llarena ha emitido una orden de busca y captura nacional”.
No obstante, ha evitado emitir nuevas euroórdenes a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tiene por objeto responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el magistrado instructor.
Además, según recuerda de Palacio, “las anteriores euroórdenes podrían ser nulas de pleno derecho al haberse obviado el suplicatorio del Parlamento Europeo”. Y es que debe recordarse que Carles Puigdemont tenía reconocida judicialmente la condición de eurodiputado después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo reconociera esa situación a Oriol Junqueras desde que fue escogido en los comicios.
Las próximas semanas serán determinantes para conocer el futuro del ex mandatario catalán, así como sus posibilidades de volver a España. La última palabra la tendrá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tiene previsto dar a conocer su sentencia el próximo 31 de enero.