POR SALOMÓN AGUADO

Impuesto de patrimonio vs. Libertad

Salomón Aguado es profesor de económicas en la UDIMA, diplomado en Ciencias Empresariales y Doctor Europeo en Economía Agraria y candidato del PP a la alcaldía de Pinto

Impuesto de patrimonio vs. Libertad

El Impuesto de Patrimonio tiene su origen en la reforma tributaria de 1977, fruto del consenso de los Pactos de La Moncloa con los que se impulsaba el proceso de transición hacia nuestra democracia. Ya entonces, se calificó esta figura como un “impuesto excepcional y transitorio”, declaración de intenciones que, obviamente, no describen la realidad de un tributo que, transcurridos 45 años, sigue estando vigente.

La regulación actual se asienta en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto de Patrimonio, en la que, pese a aplicarse en todo el territorio español -con las particularidades de los regímenes forales del País Vasco y Navarra-, establece que la gestión y liquidación corresponde a las Comunidades Autónomas.

Es, precisamente, la decisión firme de eliminar, de facto, el Impuesto de Patrimonio en la Comunidad de Madrid, una de las razones que han impulsado a nuestra región hasta convertirse en la locomotora económica y social de España. Los sucesivos gobiernos del Partido Popular han ido aplicando importantes mejoras fiscales hasta alcanzar la situación actual, permitiendo que nuestra región sea un foco de generación de riqueza, empleo y libertad en todas sus formas. Un modelo impositivo que está siendo replicado en otras regiones como Andalucía, Murcia o Galicia, sin duda influenciados por Madrid.

Cabe señalar que el Impuesto de Patrimonio se trata de un tributo directo, general y personal, que grava la posesión de patrimonio neto, es decir, el conjunto de bienes y derechos que tiene cada persona residente en España y extranjeros con posesiones que estén situadas en nuestro país. Un gravamen que recae, entre otras, sobre la propiedad inmobiliaria. Sin embargo, se ha de subrayar, que en España ya existen diferentes figuras impositivas que gravan desde diversas perspectivas el hecho imponible de ser propietario de bienes inmuebles, bien a través de la imputación de rentas en el IRPF o a través de los impuestos locales como el IBI o eventuales tasas por prestación de servicios -como el de recogida y tratamiento de residuos, comúnmente denominado “tasa de basuras”-. Por todo ello, cabría pensar que podríamos encontrarnos ante una situación de doble tributación.

De la misma forma, con el Impuesto de Patrimonio nos encontramos con figura impositiva anómala en comparación con otros sistemas tributarios. Aunque hace dos décadas una decena de países de la OCDE tenían este impuesto, ahora solamente España, junto a Noruega y Suiza lo mantienen. El resto de países OCDE no lo han implantado nunca o lo han abolido, siendo España el único estado de la UE que mantiene este impuesto. Esto supone que nos encontramos ante una desventaja competitiva frente a nuestros vecinos comunitarios.

No siempre ha sido así. El Impuesto de Patrimonio estuvo virtualmente desaparecido entre 2008 y 2011, cuando el Gobierno socialista de la Nación afirmaba con rotundidad que “bajar impuestos es progresista”. Además, justificaban que este impuesto penalizaba el ahorro de las clases medias, pues las rentas más altas tenían a su alcance otros instrumentos financieros. Ya entonces la Comunidad de Madrid había iniciado la supresión “de facto” de este impuesto incluyendo en 2007 su bonificación total. Incluso cuando los socialistas en 2011 resucitan ese impuesto para hacer frente a la crisis económica de 2008 -la cual negaban, cabe recordar-. Por el contrario, en sintonía con las necesidades de los madrileños, la Comunidad de Madrid ha mantenido su bonificación.

El sistema tributario madrileño se homologa, por tanto, en este aspecto, con los países de la Unión Europea y con la práctica totalidad de la OCDE. ¿Cuál ha sido el resultado? Esta y otras medidas de política fiscal y de estímulo económico son las que han logrado que el 70% de la inversión extranjera en España, más de 5.000 millones de euros, se haya realizado en la Comunidad de Madrid, según los datos del primer trimestre de este año. Algo que, lejos de ser puntual o anecdótico, viene siendo la tónica habitual cuando hablamos de inversión.

En el lado contrario se sitúa una izquierda con afán recaudatorio insaciable, pero que, a diferencia de las administraciones gestionadas por el Partido Popular, éste no se traduce en mejoras palpables para la calidad de vida del contribuyente. El colmo de este despropósito, que aspira a seguir saqueando los bolsillos de los ciudadanos, es el intento de Pedro Sánchez de implantar en denominado “impuesto de solidaridad”. Una suerte de Impuesto de Patrimonio bis que esconde la firme intención del sanchismo de socavar el impulso económico de todas aquellas regiones españolas que han decidido, con buen criterio, bonificar éste último.

Aunque los socialistas braman por la recuperación de este impuesto, rueguen su implantación e incluso intenten colarlo de soslayo mediante herramienta mal llamadas “solidarias”, se debe de aplaudir la decisión de la Comunidad de Madrid y de su Presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de mantenerse firme en su apuesta por impuestos bajos, manteniendo la bonificación del patrimonio y situando los tramos de IRPF en los más bajos de España. Eso es lo que significa LIBERTAD y VIVIR A LA MADRILEÑA.

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