El Gobierno de Pedro Sánchez está moviendo cielo y tierra para evitar la salida de España de Ferrovial.
Desde el PSOE-Podemos están movilizando la maquinaria diplomática y económica para evitar a cualquier precio que se complete el traslado de la multinacional a los Países Bajos.
Fuentes próximas al Gobierno aseguran a 24H Economía que Moncloa estaría detrás del rechazo del traslado del fondo noruego Norges Bank Investment Management (NBIM), controlado en última instancia por el Gobierno socialista noruego.
“Se realizaron acciones diplomáticas muy discretas con el Gobierno noruego para que les ayuden a trabar, en la medida de lo posible, la salida de Ferrovial. Es bastante posible que el fondo noruego no se hubiera opuesto si no hubiera recibido una orden desde las altas instancias políticas”, explican a este diario.
Una jugada que adelanta ‘Expansión’: “Uno de los principales accionistas extranjeros de Ferrovial rechazará en la junta del jueves la mudanza del grupo español. Norges Bank IM, controlado en última instancia por el Gobierno socialista noruego, tendrá luego un mes para decidir si ejerce su ‘derecho de separación’, lo que pondría en un brete la mudanza”.
Es importante recordar que Sánchez cuenta con muy buena relación con Noruega, como quedó demostrado el pasado 25 de mayo de 2022, cuando el presidente del Foro de Davos, el noruego Børge Brende, destacó la buena evolución de la economía de España, a pesar de ser la única gran economía europea que no logra aún recuperar su PIB previo a la pandemia del COVID.
Lluvia de millones
La acción diplomática viene acompañada de un riego de dinero a Ferrovial.
Ferrovial logró aumentar su cartera de obras en el mercado español en las últimas semanas con varias contrataciones por parte de las distintas Administraciones, incluidas las del Estado.
Se trata de contratos menores y cuyos procedimientos de licitación, en la mayoría de los casos, ya estaban, no obstante, en fases avanzadas antes del anuncio del traslado de sede.
De igual modo, la compañía logró elevarse como mejor oferta en varios concursos participando en UTEs (uniones temporales de empresas), principalmente con Adif, el mayor contratista estatal.
Apenas un mes después de que Ferrovial sorprendiera al mercado con la decisión del consejo de administración de mudarse a Países Bajo, Aena, empresa controlada por el Estado a través de Enaire, dependiente a su vez del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agendad Urbana, formalizó con Ferrovial Construcción la adjudicación del contrato para la adecuación de los aparcamientos periféricos del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid.
El importe del proyecto asciende, de acuerdo con la oferta de la firma, a 6,13 millones de euros -el presupuesto base de licitación alcanzaba los 7,069 millones-. La compañía se impuso a otras seis ofertas. La elección de Ferrovial Construcción, dentro del procedimiento, se realizó a comienzos de marzo, con posterioridad, por tanto, al anuncio de cambio de sede y en plena embestida del Gobierno contra la empresa.
En las últimas semanas Ferrovial se ha colocado también en posiciones ventajosas para sumar nuevos contratos con Administraciones estatales. Así ha ocurrido con dos proyectos de Adif, de cuantías relevantes. En concreto, el grupo forma parte del consorcio -con Comsa y FCC- que ha presentado la mejor propuesta -en la suma de las ofertas técnicas y económica- para la construcción del soterramiento de la línea R-2 de Rodalies de Barcelona a su paso por el casco urbano de Montcada i Reixac por un importe de 621 millones de euros. No obstante, la alianza de Acciona, OHLA, Sacyr y Rubau, que entró en baja temeraria, ha recurrido el concurso.
La junta de accionistas de Ferrovial votará este jueves 13 de abril la propuesta del consejo de administración del proyecto de fusión transfronteriza intracomunitaria entre Ferrovial, S.A. y Ferrovial International SE, con el consecuente traslado de la sede social desde Madrid a Ámsterdam, y la admisión a negociación de las acciones de FISE en Euronext Ámsterdam, en España y en Estados Unidos. Ferrovial ha reservado 500 millones para pagar a los accionistas que rechacen la separación de acciones, lo que equivale a alrededor del 2,5% del capital.
Quienes voten en contra tendrán un mes para decidir si optan o no por la separación, por lo que hasta mediados de mayo podría dilatarse el resultado final de la operación.