Yolanda Díaz cuenta con nuevos aliados en su proyecto ‘Sumar’.
El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, anunció que la formación se presentará a las elecciones generales del próximo 23 de julio de la mano de la candidatura de la actual vicepresidenta segunda.
«Son la mejor oportunidad para ofrecer ese proyecto de país y ganar las elecciones generales», indicó el ministro de Consumo en un comunicado hecho público en Twitter. «Ni un minuto que perder: todos a trabajar unitariamente dentro de Sumar», añadió en su cuenta oficial.
«Sumar y la candidatura de Yolanda Díaz son la mejor oportunidad para ofrecer ese proyecto de país y ganar las elecciones generales».
Comunicado completo de la dirección de @IzquierdaUnida
Ni un minuto que perder: todos a trabajar unitariamente dentro de Sumar. pic.twitter.com/Iyhm2hqRYu
— Alberto Garzón🔻 (@agarzon) May 30, 2023
Una línea que previsiblemente adoptará Podemos en los próximos días ante los nefastos resultados electorales obtenidos en las elecciones del 28-M (que le llevaron a desaparecer de Madrid y Valencia) y por las propias presiones recibidas desde el PSOE.
Ahora bien, aunque la gran alianza de la extrema izquierda pueda ser la llave de Pedro Sánchez para permanecer en Moncloa, también se trata de una suma de partidos que han destacado por sus dislates económicos que van desde la implementación de medidas de estilo ‘bolivariano’ hasta el maquillaje de datos oficiales.
Las pifias de IU
Alberto Garzón, quien ahora se suma al barco electoral de Yolanda Díaz, es el mismo ministro que a lo largo de su legislatura atacó en varias oportunidades a los ganaderos españoles (incluso desde los medios de comunicación internacionales). Una postura que tuvo que matizar el propio Pedro Sánchez cuando indicó: “Sobre esta polémica, lo diré en términos muy personales: A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible”.
El ministro comunista de Consumo también fue quien despilfarró 110.000 euros para la celebración de una ‘huelga de juguetes’ para luchar contra los estereotipos sexistas en los anuncios. Sin olvidar la guerra declarada a las empresas de dulces, galletas, helados y bebidas calóricas, a quienes intentó limitar su presencia en los medios de comunicación.
Garzón también provocó el enfado del sector turístico, que pidió su dimisión tras referirse en una sesión de control en el Parlamento al sector turístico y hostelero como un sector «de bajo valor añadido, estacional y precario». Por su parte, la Mesa del Turismo solicitó su cese y lamentó que «un ministro de España se pronuncie con tanto desprecio sobre el turismo español».
Finalmente, Garzón demostró que no cree en la separación de poderes cuando en unas declaraciones en laSexta afirmó que la Fiscalía depende jerárquicamente del Gobierno:
«La Fiscalía depende jerárquicamente del Ministerio, de Presidencia del Gobierno, aunque es autónoma (…), es decir, es propuesto el nombramiento por el Gobierno, de hecho por eso no hay nada ilegal en lo que se está haciendo, y después tiene autonomía para poder defender… Pero es que la Fiscalía es parte de lo que es el entramado del Gobierno, no es Poder Judicial».
Por ello, los fiscales cargaron contra Garzón y le acusaron de desconocer el funcionamiento de las instituciones del Estado de Derecho.
Polémicas de Yolanda Díaz
Aunque la vicepresidenta segunda evita entrar en polémicas para no perjudicar su imagen, es quien está detrás de la decisión de maquillar los datos del paro [a través del uso de los fijos discontinuos] para dar la impresión de que existe una mejora en la situación del empleo en España, cuando la situación es totalmente la contraria.
Es importante recordar que la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, contradice los datos oficiales del Gobierno de Pedro Sánchez al indicar que España acabó el año 2022 con un total de 3 millones de parados, pero le que suma 1,07 millones de personas desempleadas y otro 1,1 millones de españoles que están en situación de subempleo.
Bruselas utiliza el concepto de ‘holgura laboral’ para demostrar que hay mayor cantidad de población inactiva de la que se reconoce desde Moncloa.
Para calcularlo, parte de los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para la Encuesta de Población Activa (EPA), pero añadiendo supuestos que no entran en la definición estándar de parados: personas que no trabajan, están buscando activamente empleo y tienen disponibilidad para incorporarse inmediatamente a un puesto. En la estadística convencional, se consideran inactivos.
Esto excluye tanto a los desempleados desanimados (gente que se ha cansado de buscar empleo sin éxito) como a los que no pueden empezar a trabajar por tener que cuidar de hijos o dependientes, o por otras razones. Una limitación que tras el estallido de la pandemia y los confinamientos se reveló como demasiada rígida para reflejar la realidad del desempleo.
Los datos coinciden con las polémicas cifras del Servicio Público de Empleo, donde se apuntan a que, lejos de los 2,9 millones de parados que presume el Gobierno, en realidad hay 4.066.873 personas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Un dato que coincidiría con los más de dos millones que Bruselas suma a los datos del paro en España que habían desaparecido ‘por arte de magia’ de las estadísticas.
Al contrario de los datos ofrecidos por el Gobierno, el subempleo sí se incluye en la estadística de Bruselas porque se considera que esta precariedad es, claramente, una forma de desaprovechar la mano de obra disponible de un país. De hecho, la definición de Eurostat es más restringida que la que utiliza la EPA y busca acotar el infraempleo: personas que no pueden vivir con su trabajo. De hecho, muchos compatibilizan su sueldo con prestaciones y ayudas públicas.
Yolanda Díaz
El bolivariano Podemos
La lista de los dislates económicos de Podemos cuenta con grandes polémicas. Entre las más recientes está la propuesta de crear una red de supermercados públicos al estilo de Hugo Chávez en Venezuela [que solo llevaron a las expropiaciones y generación de la mayor crisis alimentaria de la historia del país].
A lo que se suman sus ataques a empresarios como Juan Roig (Mercadona), Amancio Ortega (Inditex), Ana Botín (Banco Santander) o Ignacio Galán (Iberdrola), lo que genera una pérdida sistemática de la seguridad jurídica.
Además, Podemos es el gran defensor de la intromisión del Estado en toda la economía a través de la regulación y topes de precios [como promovieron en la cesta de la compra con el apoyo de Yolanda Díaz], las expropiaciones [como solicitaron durante la pandemia y posteriormente] y los ataques a la propiedad privada [como quedó manifiesto no solo en su defensa de los okupas, sino en la Ley de Vivienda que sacaron adelante junto al PSOE, ERC y Bildu].
Yolanda Díaz y su pasión por los impuestos
Tras un proceso de “escucha”, el proyecto político de la vicepresidenta segunda muestra sus primeras iniciativas que pasan por… subir aún más los impuestos.
En concreto, Sumar presentó 35 informes con todo tipo de propuestas (aún en proceso de llegar a ser definitivas), pero que muestran el interés de la actual ministra de Trabajo de aumentar la carga fiscal sobre los españoles. En especial, en aquellos que utilizan el coche en su día a día.
En las áreas dedicadas a «transición ecológica justa», Yolanda Díaz establece un sablazo a quienes están detrás del volante, con hasta cinco nuevos impuestos y la decisión de que la gasolina ‘desaparezca’ para 2030.
- Pagar por usar autopistas: Yolanda Díaz recuperaría la idea del Gobierno momentáneamente aparcada de imponer una tasa por el uso de las autopistas. Proponen que «en aquellas vías de alta capacidad en las que existan modos de transporte alternativos a menos del 75% del precio que el que supone un viaje en vehículo privado, y en una frecuencia superior a cuatro servicios por día, se repercuta una tasa pública de mantenimiento en función de la renta, el uso y la monitorización del vehículo».
- Peajes urbanos «basados en renta» en grandes ciudades: Sumar propone que los municipios «con servicios de movilidad urbana de alta frecuencia y capilaridad» (metro) puedan «implementar tasas de congestión y mecanismos similares, siempre aplicados con las debidas consideraciones de carácter social».
- «Revisión de la fiscalidad de los vehículos de automoción» con las «debidas compensaciones sectoriales y aplicando una política basada en rentas que facilite la movilidad de las personas con menor capacidad económica». Los de Sumar ponen como ejemplo de esa «revisión» fiscal los combustibles.
- Planes de transporte obligatorios en empresas con más de 500 empleados: deberán financiar «de forma finalista y justificada el coste del desplazamiento en transporte público». Para ello, los municipios establecerán «una tasa de contribución al sistema público de transporte» a aquellas que no cuenten con un sistema de transporte colectivo.
- Impuesto sobre los viajes en avión: cuando existan modos de transporte menos contaminantes alternativos y viables