Pablo de Palacio está convencido de que el regreso a España de la eurodiputada Clara Ponsatí no es casual.
En una entrevista con 24H Economía, el abogado y criminólogo destaca que los Mossos d’Esquadra capturaron a una de las líderes del núcleo duro del independentismo catalán porque “no se presentó ante el Tribunal Supremo, donde tenía una orden de detención nacional, lo que obliga a las autoridades españolas a detenerla para que preste declaración sobre los hechos por los que se la está investigando”.
De Palacio recuerda que Ponsatí huyó de España cuando estaba siendo investigada como presunta autora de un delito de sedición, que lleva aparejado penas de prisión de incluso 12 años. Por lo que la eurodiputada regresa ahora que dicho delito desaparece del Código Penal “por la reforma realizada por el PSOE y Unidas Podemos”.
“Desde el momento en el que la sedición deja de aplicarse en el Código Penal, lo que hizo el juez instructor Pablo Llanera determinar con la nueva regulación qué delitos se le pueden atribuir, siendo el único posible el delito de desobediencia que no lleva aparejada una pena de prisión”, precisa el abogado.
“Esto es lo que ha permitido que Ponsatí regrese a España sin riesgo de ser encarcelada por los hechos que se le investigan”, añade.
La eurodiputada, que solo puede ser sancionada con la inhabilitación y multa económica de hasta los 18 meses, también está a la espera de que se decida si finalmente cuenta con la inmunidad del Parlamento Europeo.
El abogado recuerda a este medio que “hay un procedimiento que aún está ‘sub júdice’, es decir, pendiente que se resuelva por parte del Tribunal General de la Unión Europea para determinar si ella, Antoni Comín, Lluís Puig y Carles Puigdemont tienen o no una inmunidad parlamentaria”.
En caso de perder dicha inmunidad, Ponsatí solo tendría que enfrentarse a las penas de inhabilitación y multa económica, pero también daría ‘luz verde’ para que el juez Pablo Llanera pudiera emitir una nueva euroorden desde el Tribunal Supremo para solicitar la detención de Antoni Comín, Lluís Puig y Carles Puigdemont.
A la espera de la decisión del Tribunal General de la Unión Europea, Ponsatí ya tiene una cita con el Tribunal Supremo el próximo 24 de abril.