Los planes de Carles Puigdemont de forzar el retorno de las empresas a Cataluña se está desmoronando.
El cambio propuesto en la Ley de Sociedades de Capital, según Junts, y que se ha consensuado con el PSOE para su abstención en los recientes decretos del Gobierno, no afectará a las grandes empresas ni las obligará a regresar a Cataluña, según indicaron expertos consultados y algunas de las corporaciones involucradas a ‘The Objective’. Estas últimas, en los últimos días, han trabajado junto a sus equipos legales para fortalecer su posición ante esta nueva medida del Gobierno.
En el comunicado distribuido por Junts, se detallaron los acuerdos alcanzados con el PSOE, incluyendo el compromiso de revertir el Real Decreto de 2017 impulsado por Mariano Rajoy, que permitió a las empresas abandonar Cataluña durante la crisis del procés. Además, la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, anunció en rueda de prensa que también se acordó una reforma en los artículos 9 y 10 de esta ley para impulsar el retorno inmediato de las empresas.
El primer pacto con Junts se refiere a la posibilidad de que los cambios de sede se puedan aprobar solo por el consejo de administración de una compañía, sin necesidad de pasar por una Junta de Accionistas. La derogación de esta norma haría necesario obtener la autorización de esta última instancia, complicando y haciendo más engorroso un eventual cambio de ciudad y autonomía.
Carles Puigdemont y Pedro Sánchez
Junts y Montero
No obstante, según Junts, una modificación de los artículos 9 y 10 facilitaría el retorno de las empresas a Cataluña. El artículo 9 establece que «las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación».
La vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó el jueves que el derecho comunitario de las empresas a su libre instalación «es muy claro» y que el Gobierno de España «no puede poner ningún tipo de traba a que las empresas se instalen donde consideren conveniente». Aclaró que el acuerdo con Junts busca «reforzar la legalidad vigente» para evitar prácticas de ingeniería fiscal, asegurando que las empresas no puedan situar su domicilio social en un lugar diferente al declarado para su actividad principal.
«Se refuerza la vigilancia para asegurarse de que, efectivamente, cuando el establecimiento principal de una empresa reside en un lugar, allí es donde debe cumplir con todas sus obligaciones, incluidas las tributarias. Pero evidentemente, la libre instalación de empresas es una realidad de nuestro derecho comunitario y seguirá siéndolo», concluyó Montero.
Batalla legal
La aparente ambigüedad estratégica, según las fuentes consultadas, busca establecer una defensa ante posibles recursos por parte de las empresas o de Bruselas, al mismo tiempo que ejerce la presión necesaria para que las empresas sientan la necesidad de regresar a Cataluña. Sin embargo, fuentes cercanas a estas empresas potencialmente afectadas señalan que ninguna modificación en la Ley de Sociedades de Capital podría obligarlas a volver.
Este medio ya informó sobre la intención de estas empresas de emprender una batalla legal contra el Gobierno para proteger su derecho a establecerse donde consideren conveniente tanto sus accionistas como sus equipos directivos. De hecho, sus equipos legales han estado monitorizando los acontecimientos durante toda la semana en busca de argumentos legales que les permitan presentar recursos legales si fuera necesario. En relación con el artículo 9 mencionado por Junts, advierten que las declaraciones de Montero solo se refieren a una supuesta fiscalización de empresas que tienen su sede en lugares donde no llevan a cabo su actividad principal, algo que no afecta a ninguna de las grandes corporaciones.
Empresas como Caixabank, Sabadell, Naturgy, Cellnex, Abertis, Planeta, Bimbo, Allianz o Agbar ya no tienen su actividad principal en Cataluña, y la mayoría son multinacionales cuya base de operaciones se encuentra fuera de España. Si se obliga a las empresas a tributar en el lugar donde tienen su principal actividad, la norma no se aplicaría a ninguna de estas grandes corporaciones. Respecto al lugar donde se encuentra «el centro de su efectiva administración y dirección», las fuentes consultadas indican que prácticamente ninguna de ellas tiene su alta dirección en Barcelona.