La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha tomado medidas legales presentando las tres primeras demandas colectivas contra 13 fabricantes de vehículos, buscando obtener una compensación para los consumidores afectados por el cártel de automóviles. Este cártel implicó un acuerdo entre los fabricantes sobre los precios entre febrero de 2006 y agosto de 2013. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) identificó este cártel en septiembre de 2015, afectando, según la OCU, a alrededor de cuatro millones de usuarios que pagaron un sobreprecio por sus vehículos.
La primera demanda incluye a Porsche, Seat, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai y Chevrolet. La segunda demanda se dirige contra Nissan, Mercedes-Benz, Lexus y Toyota; mientras que la tercera se ha presentado contra Honda y Volvo Cars.
Los compradores que adquirieron vehículos de las marcas mencionadas durante los períodos específicos podrán beneficiarse de esta acción legal. La OCU está solicitando, según un análisis pericial, el 10,61% del precio de compra como indemnización por el perjuicio causado a los consumidores que pagaron más de lo debido debido a los acuerdos anticompetitivos.

Compra de coche
Los afectados podrían recibir una indemnización que oscila entre el 14% y el 17,5%, dependiendo de la fecha de la compra. La OCU estima que la compensación promedio será alrededor de 3.500 euros por vehículo. Además, la organización solo cobrará honorarios a los afectados si ganan las demandas, con tarifas que van desde el 17% más IVA para los socios de la OCU hasta el 25% más IVA para los no socios.
Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación de la OCU, ha destacado que esta acción es pionera en España y ha señalado que la organización solicitó ayuda a la Administración, aunque no se ha recibido una respuesta sobre por qué esta ayuda no se proporcionó.
Además, la OCU tiene planes de presentar en los próximos meses otras cuatro demandas contra otros 14 fabricantes, agrupando las acciones legales contra varias marcas en cada demanda. Estas demandas representan la continuación de las acciones que la OCU inició en 2020, después de que algunas de las administraciones públicas requeridas negaron la colaboración solicitada por la organización a través de los juzgados.