El Gobierno de Pedro Sánchez ocultó un ‘monstruo’ en la Ley de Vivienda.
La polémica normativa, que previsiblemente será aprobada en el Congreso el próximo 27 de abril, incentiva y protege a los okupas. Una forma de ‘premiar’ a quienes se adueñan de forma ilegal de una propiedad privada y que va en contra de los esfuerzos de algunos gobiernos autonómicos por acabar con esta lacra.
En su entrevista con 24H Economía del 25 de marzo, el presidente de TecniTasa, José María Basáñez, advertía que la Ley de Vivienda favorecerá a quien deje de pagar el alquiler y se niegue a abandonar la propiedad. Una fórmula de adueñarse de la vivienda a través de una entrada legal al domicilio.
De ahí que se muestre tajante: “La ley podrá incrementar las okupaciones, debido a que, en el caso de una okupación por el impago de la renta, se aumentan los plazos de los desahucios. En este sentido, la normativa estaría fomentando la okupación”.
Un temor que este 24 de abril confirma ‘El Mundo’, donde se precisa que la nueva Ley de Vivienda “dificulta y ralentiza el procedimiento de expulsión de okupas y de inquilinos que dejan de pagar y por tanto, la consiguiente devolución de las viviendas a sus propietarios”.
En este sentido, advierte que a partir de ahora, el demandante que inicie trámites para la recuperación de su propiedad deberá “certificar” si es o no un gran tenedor y si los ocupantes emplean o no el inmueble como vivienda habitual.
En el caso de los grandes tenedores, las exigencias se agudizan más porque será necesario que acrediten la situación económica del ocupante para discernir si se trata de personas en situación de vulnerabilidad.
Okupas
La trampa legal
El citado medio alerta que estos requisitos, que deben cumplirse para que una demanda de desalojo sea admitida, serán añadidos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal gracias a una enmienda transaccional del PSOE con Unidas Podemos, ERC, Más País, Compromís, la CUP, el BNG y el PDeCAT, aprobada el pasado jueves 20 de abril en la Comisión de Transportes que dio luz verde al dictamen sobre el proyecto de Ley de Vivienda, que será ratificado en el pleno de este jueves y pasará de inmediato al Senado para su aprobación definitiva.
En dicha enmienda se modifica a través de una disposición la Ley de Enjuiciamiento Criminal añadiendo en el artículo 439 dos apartados con el fin de, entre otras cuestiones, no admitir desde ahora “las demandas, que pretendan la recuperación de la posesión de una finca, en que no se especifique” si “el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante”.
Del mismo modo, el demandante deberá acreditar si es o no gran tenedor, según se define en la nueva legislación. En el caso de serlo, tendrá también que indicar si la parte demandada “se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica” a través de una evaluación realizada por los servicios de Vivienda autonómicos y locales, y previa autorización del propio ocupante.
Además, a los grandes tenedores se les cancelarán todas las demandas “en las que no se acredite que se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas competentes, en base al análisis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda conforme a lo dispuesto en la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda”.
Bloquear a la Policía
Por otro lado, la disposición incluye la obligatoriedad de informar del “día y la hora exacta” de cualquier desahucio. También en los decretos, resoluciones judiciales y otros tipos de notificaciones, por lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán ejecutar el desalojo por sorpresa o sin concretar cuándo.
La oposición ha cargado duramente en las últimas semanas contra esta ley y el efecto beneficioso que tiene, dicen, para la okupación. Hace escasos días, precisamente, el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria concluía que la nueva Ley de Vivienda obstruye y hace más complejos los procesos de desahucio, criticaba que el texto no luche contra la okupación y denunciaba el escaso efecto que tendrá el tope al precio de los alquileres.
Reacciones
En su monólogo del 24 de abril, Carlos Herrera destacó que:
«Sánchez no ha hecho nada en materia de vivienda en cinco años y ahora dice que va a hacer tantas… La nueva ley de Vivienda se va a votar esta semana en el Congreso. La nueva ley va a complicar todavía más los desalojos. Un gran tenedor de viviendas va a tener que certificar el nivel de vida de los ocupantes de la casa para instar al desalojo judicial. El propietario se verá obligado a demostrar si el ocupante usa su vivienda de manera habitual. Usted, propietario, no podrá recuperar su propiedad, si el okupa está en una situación vulnerable».
A lo que agregó: «El resultado es que la política social no la va a hacer el Estado. El responsable de atender esa necesidad es el Estado, no un ciudadano. No se debería permitir la okupación en ningún caso. Además de la permisividad con el fenómeno de la okupación, la nueva ley es una llamada para que nadie vuelva a construir un piso en España. Luego pasará como con el ‘sí es sí’, habrá efectos indeseados y habrá que hacer una reforma».