El Gobierno PSOE-Sumar ya está movilizando toda su maquinaría para lanzar los ‘nuevos’ subsidios del paro durante la próxima legislatura.
En una estrategia por intentar elevar su popularidad tras los pactos con EH Bildu y la amnistía a los golpistas catalanes, el Gobierno de Pedro Sánchez se está apresurando a anunciar que avanzará en el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y en las nuevas ‘paguitas’ del Estado.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado que el Gobierno español planea cambiar los subsidios de desempleo, aunque aún no se ha definido un modelo concreto para implementar estos cambios, que fueron comprometidos con la Unión Europea.
El objetivo de la modificación es «mejorar y simplificar las prestaciones» y fomentar la incorporación al mercado laboral sin estigmatizar a los beneficiarios. Aunque no se ha especificado la forma en que se llevará a cabo la reforma, es probable que sea una de las primeras medidas que adopte el nuevo Gobierno, que se espera que comience su legislatura alrededor del 16 de noviembre, cuando Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno.
Joaquín Pérez Rey
La modificación afectaría principalmente al subsidio de desempleo, que se activa cuando no se tiene derecho a la prestación contributiva y tiene una cuantía mensual aproximada de 480 euros. Pérez Rey ha indicado que el Ministerio no está necesariamente trabajando en un modelo decreciente de los subsidios, donde la subvención aumentaría al principio para disminuir progresivamente sin cambiar su importe total.
El enfoque de la reforma está orientado a mejorar y simplificar las prestaciones asistenciales de desempleo, brindando nuevas oportunidades a las personas desempleadas. Pérez Rey ha enfatizado que no se está trabajando en una reforma que estigmatice a los desempleados ni que asuma que las personas reciben un subsidio de poco más de 400 euros porque no quieren trabajar o se incorporan voluntariamente a la economía sumergida.
«Desde luego, en lo que no se trabaja es en una reforma que estigmatice a los parados o que considere que la gente cobra un subsidio de poco más de 400 euros porque no quiere trabajar o se incorpora voluntariamente a la economía sumergida. Esto es un verdadero dislate», denunció.
Precisamente de lo que se trata, ha remarcado, es de «cambiar la prestación asistencial para que pueda atender a más colectivos y de mejor manera a la vez que procura su integración en el mercado de trabajo».