Sumar anuncia sus grandes propuestas económicas: Una avalancha de impuestos que no solo afectará a las grandes fortunas o empresas, sino también a los españoles que quieran disfrutar de un simple refresco, cerveza o cigarro.
En el marco de la precampaña para el 23J, Yolanda Díaz presentó un programa electoral que concentra fiscalidad, vivienda y empleo. Se trata de un documento donde defienden la necesidad de una reforma “en profundidad” del sistema fiscal español que busca gravar más a las rentas más altas. Sin embargo, resulta evidente de que la carga fiscal también recaerá sobre las clases medias y menos adineradas de la sociedad.
“La reforma estará orientada a que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias”, indicó la coordinadora del programa electoral, la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, en un acto en Madrid.
En concreto, propone un incremento en el número de tramos a partir de 120.000 euros y la aplicación de tipos marginales crecientes: del 45% marginal actual se subirá por tramos hasta llegar al 52% para rentas a partir de 300.000 euros.
En materia fiscal, también tiene previsto hacer efectivo el tipo del 15% sobre los beneficios de grandes empresas y establecer un mínimo en el conjunto de España para el impuesto sobre sucesiones y donaciones que las comunidades autónomas no podrán rebajar. “Las herencias son una de las principales fuentes de desigualdad social”, defienden desde la formación.
En esta misma línea, quiere implementar un impuesto a las grandes fortunas de forma permanente, reforzando además su progresividad, hasta llegar a tipos impositivos de al menos el 4% para los patrimonios más elevados. El impuesto temporal de este tipo actualmente en vigor y aprobado por el Ejecutivo de coalición grava con el 1,7% a los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; con el 2,1% a los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y con el 3,5% a aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.
Sin concretar cómo, Sumar promete la modernización de la imposición ambiental, para impulsar la obligatoria y urgente transición energética y la descarbonización de la economía, apostar por la sostenibilidad ambiental y obtener recursos adicionales. Además, plantea el desarrollo de un plan de fiscalidad saludable, actuando en la implantación de un impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados no saludables y revisando los impuestos actuales al alcohol y el tabaco.
Impuestos chapuceros
Después de que fracasó asegurando que reducirá la jornada laboral o que regalará 20.000 euros a cada joven de 18 años, ahora la candidata de Sumar asegura que subirá aún más los impuestos a grandes fortunas y empresas. Un plan que, según explica Vozpópuli, está generando un gran malestar dentro de Hacienda, ya que hace tambalear todo el sistema fiscal del país.
Sin olvidar el error en el impuesto a grandes fortunas por el que se va a recaudar menos de la mitad de lo previsto, ahora la candidata de Sumar quiere remodelar dicha medida para embolsar 10.000 millones de euros. Unos recursos con los que pagaría la promesa populista de regalar dinero a los jóvenes para estudiar o emprender.
El citado diario explica que “este ha sido el primer planteamiento, que ha dejado estupefactos a muchos en Hacienda, que se han echado a temblar”. ¿El motivo?, que hay una gran diferencia entre los 600 millones que realmente recaudará el impuesto a grandes fortunas (de los 1.500 millones estimados), con los 10.000 que anhela Yolanda Díaz.
Pero es que Sumar no se ha quedado ahí. Ante las críticas de cómo se financiaría, redobla la apuesta y plantea ahora una amplia cesta de impuestos compuesta por figuras que ya existen, pero que se rediseñarían, en alusión a grandes fortunas, y por nuevos gravámenes a ciertas empresas. Según ha avanzado Cinco Días, entre estos últimos se encontraría un impuesto sobre las grandes constructoras y las inmobiliarias.
Sumar se dirige, tras los impuestos a banca y energéticas, a las principales constructoras e inmobiliarias, que subraya que pagan sólo un 4% de sus beneficios, dato que obtiene de las Cuentas Anuales Consolidadas del Impuesto sobre Sociedades relativas a grupos consolidados que publica la Agencia Tributaria. Las mismas fuentes advierten de que estas empresas grandes pagan muchos impuestos fuera porque es donde tienen más actividad y aquí tributan lo que toca.
Yolanda Díaz
Lluvia de impuestos
Sumar presentó 35 informes con todo tipo de propuestas (aún en proceso de llegar a ser definitivas), pero que muestran el interés de la actual ministra de Trabajo de aumentar la carga fiscal sobre los españoles. En especial, en aquellos que utilizan el coche en su día a día.
En las áreas dedicadas a «transición ecológica justa», Yolanda Díaz establece un sablazo a quienes están detrás del volante, con hasta cinco nuevos impuestos y la decisión de que la gasolina ‘desaparezca’ para 2030.
- Pagar por usar autopistas: Yolanda Díaz recuperaría la idea del Gobierno momentáneamente aparcada de imponer una tasa por el uso de las autopistas. Proponen que «en aquellas vías de alta capacidad en las que existan modos de transporte alternativos a menos del 75% del precio que el que supone un viaje en vehículo privado, y en una frecuencia superior a cuatro servicios por día, se repercuta una tasa pública de mantenimiento en función de la renta, el uso y la monitorización del vehículo».
- Peajes urbanos «basados en renta» en grandes ciudades: Sumar propone que los municipios «con servicios de movilidad urbana de alta frecuencia y capilaridad» (metro) puedan «implementar tasas de congestión y mecanismos similares, siempre aplicados con las debidas consideraciones de carácter social».
- «Revisión de la fiscalidad de los vehículos de automoción» con las «debidas compensaciones sectoriales y aplicando una política basada en rentas que facilite la movilidad de las personas con menor capacidad económica». Los de Sumar ponen como ejemplo de esa «revisión» fiscal los combustibles.
- Planes de transporte obligatorios en empresas con más de 500 empleados: deberán financiar «de forma finalista y justificada el coste del desplazamiento en transporte público». Para ello, los municipios establecerán «una tasa de contribución al sistema público de transporte» a aquellas que no cuenten con un sistema de transporte colectivo.
- Impuesto sobre los viajes en avión: cuando existan modos de transporte menos contaminantes alternativos y viables
Otro de los bloques, el dedicado a la Energía, también alude a los transportes y la «movilidad», con objetivos como estos:
En 2025, plantea, entre otras cosas, que haya «un millón de vehículos eléctricos en circulación», la «prohibición en zonas de bajas emisiones del uso de vehículos diésel en municipios de más de 50.000 habitantes» o la «limitación de entrada a centros urbanos de furgonetas sin etiqueta emisiones cero».
Mientras, para 2030, apuesta por introducir una «limitación de matriculación de vehículos diesel y de gasolina», adelantándose así a la prohibición de la UE, la «prohibición del uso en municipios de más de 50.000 habitantes de vehículos diesel y de gasolina (la UE lo plantea para 2050) y la reducción del «número de vehículos privados en un 15 % como consecuencia de la apuesta por el transporte público y el vehículo compartido». Para esta fecha, además, plantean que estén en circulación cinco millones de vehículos eléctricos.