Fran Simón advierte que Ferrovial podría no ser la única empresa en ‘hacer las maletas’ y trasladar su sede fuera de España.
Durante su entrevista con 24H Economía, el economista y asesor financiero cree que la decisión de la constructora “entra dentro de la lógica empresarial”, debido a que existe en España “una presión fiscal altísima, al punto que lo considero un robo fiscal tanto para las personas físicas como para las empresas”.
Tras recordar que le implementaron un impuesto nuevo hace dos años, reprochó que “el Gobierno socialcomunista se cree que esto es un ‘todo vale’ y que pueden hacer un expolio fiscal sin tener consecuencias y la realidad es que esto no funciona así. Menos si se le suma la inseguridad jurídica que tenemos”.
En este sentido, advierte que Ferrovial podría ser la primera de muchas empresas en tomar esa decisión: “Ya te digo yo que no es la primera que está pensando en irse y que se puede ir”.
Una medida que se aceleraría por la reacción del Gobierno de Sánchez ante la decisión de Ferrovial. “Un Gobierno no está para chantajear a las empresas, sino para ayudarlas. Y lo que hemos vivido en las últimas horas es un ataque a la democracia y al sistema que nos hemos dado los españoles y los europeos”.
Y agregó: “No puede salir la ministra de turno a decir ‘le voy a amenazar con mandar a los inspectores de Hacienda’, ¿qué pasa?, ¿qué los inspectores de Hacienda dependen del Estando y son los nuevos corsarios del siglo XXI?”.
Ante esta situación, desveló en exclusiva a 24H Economía que “conozco empresas cotizadas, no solo en el IBEX, que si vuelve a ganar el Gobierno socialista tienen muy claro que observarán qué pasa con Ferrovial porque ellos, en sus planes de contingencia, tienen la opción de salir de España”.
Se tratarían de más de una decena de empresas de diversos sectores de la economía y no solo del sector de servicio, construcción e ingeniería.
Tras lamentar que sea “lógico” plantearse un cambio a otro país “donde la fiscalidad sea más laxa y no te roben y permitan tener mayor solvencia que en España”, advierte que “si el Gobierno solo te tapa y pone trabas, lo normal es que busquen un lugar donde les dejen operar”.
José A. Puglisi y Fran Simón
Jornada de cuatro días
l Gobierno de Pedro Sánchez quiere subvencionar con 200.000 euros a las pymes que adopten la jornada laboral de cuatro días propuesta por Más País y apoyada por Yolanda Díaz desde Moncloa.
El Ministerio de Industria lanzó la convocatoria dotada con 9,6 millones de euros a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se busca medir el impacto de un proyecto piloto parecido a los que se han visto en Reino Unido o en el Ayuntamiento de Valencia.
Sin embargo, dicha injerencia en el mercado laboral puede generar peligrosos impactos, según explica Fran Simón a 24H Economía.
“Por qué no una jornada de dos días y cinco de descanso?”, preguntó con ironía el economista y asesor financiero.
“La jornada laboral tiene que estar estipulada, pero debe entrar dentro de la libertad personal. Habrá quien quiera trabajar dos días y quienes prefieran seis. Lo grave de esto es que el Gobierno dará 200.000 euros de subvención, por lo que no es algo que venga desde la propia empresa, sino que es un experimento que se va a pagar con tus propios impuestos”, explica.
Tras recordar la Responsabilidad Social Corporativa es uno de los objetivos clave de las empresas, Simón recalcó que “no se puede imponer a golpe de BOE una nueva jornada que es antinatural, ya que no nace de las propias empresas”. Por lo que se pregunta: «¿Quién paga esas horas improductivas dentro de la empresa?, ¿el gobierno?, no, ellos no las pagan y nos mienten. Es solo una nueva subvención que quieren dar”.
A su entender, se trata de “una nueva política kafkiana de un Gobierno socialcomunista que va como un pollo sin cabeza ante el desgobierno”.
El economista y asesor financiero también mostró su preocupación por determinar de qué partida presupuestaría saldrán los millones destinados del Gobierno a su experimento labora, además de cómo solventarán las diferencias que se generarán entre un grupo de los trabajadores que trabajan cuatro días y aquellos que trabajan cinco.
“Las empresas no son ONG y tienen que ganar dinero. Por eso, el Gobierno debería regular de forma lógica y no subvencionar para que no trabajen. Eso es comunismo y el siguiente paso es dar una cartilla de racionamiento para que no trabajen”.