Para conocer la realidad económica por la que atraviesa España, 24hEconomia.com se ha puesto en contacto con Daniel Lacalle, doctor en economía y economista jefe de Tressis.
El esfuerzo fiscal de España es un 53% mayor que el promedio de la Unión Europea
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha señalado este martes que la presión fiscal en España ha alcanzado máximos históricos en el 2022, superando el 42% del PIB y situándose por encima del promedio de la UE (41,7%) para el 2021 -último año para el que se disponen de datos-.
El informe también recoge el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) elaborado por la Tax Foundation en Estados Unidos, en el que España se sitúa en el año 2022 en la posición 34 del total de los 38 países analizados y siendo así uno de los cinco países con peor competitividad fiscal dentro de la OCDE, con un retroceso de nueve posiciones desde la posición 23 que ocupaba en 2019.
Por su parte, el Instituto de Estudios Económicos ha desarrollado un indicador denominado «Indicador de presión fiscal normativa», entendida esta como la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtenga, y en 2022 dicho indicador se sitúa en 116,4 puntos, un 16,4% más elevada que la media de la UE y mayor que los 112,8 puntos de 2021 o que los 110,5 puntos del año 2020. La situación de España es también un 16,8% peor a la del promedio de los países de la OCDE, que tiene 99,6 puntos.
MAYOR PRESIÓN FISCAL NORMATIVA: EMPRESARIAL Y PATRIMONIAL
Según el informe, las dos figuras tributarias en las que España tiene una mayor presión fiscal normativa son la imposición empresarial (con un impuesto sobre sociedades de los cinco más gravosos de la OCDE) y la imposición patrimonial (que es la segunda peor de toda la OCDE).
Respecto al Impuesto sobre Sociedades, España presenta una presión fiscal normativa un 23,7% más elevada que la media de la Unión Europea, y un 22,1% superior al del promedio de la OCDE.
Por su parte, en la tributación sobre el patrimonio la posición de España es un 40,8% peor que la de la UE, y un 38% menos competitiva que el promedio de la OCDE. «De hecho, nuestro país presenta la imposición patrimonial más gravosa de la OCDE sólo por detrás de Italia», se avisa en el informe.
En cuanto al IRPF, se sitúa un 8,8% por encima de la media de la UE y un 7,6% por encima de la media de la OCDE. Además, el IEE señala que el efecto conjunto con las cotizaciones a la Seguridad Social eleva la cuña fiscal hasta el 40%.
La mejora de la calidad institucional en comercio supone una reducción de hasta 1,7 puntos del IPC
La mejora de la calidad institucional en el sector del comercio puede suponer una reducción de hasta 1,7 puntos del IPC, circunstancia que sería especialmente beneficiosa en la actual coyuntura económica, según ha estimado el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que ha precisado que dicha mejora se traduce en una reducción de los costes y, por lo tanto, en una palanca de rebaja de los precios al consumo.
Asimismo, según el IEE, esta disminución de costes podría suponer un aumento significativo en la inversión en el sector y un incremento del número de empleos en el sector que se ha estimado en 88.000 personas.
Además, la mejora de la calidad institucional no solo mejora la renta de las familias y el desempeño del sector, sino que también se ha estimado que puede suponer un aumento de la recaudación tributaria de 870 millones de euros al año.
El IEE ha estimado en un 0,8% del PIB la pérdida de bienestar que supone para la economía española la deficiente calidad institucional en la regulación del comercio y que la supresión de estas disfunciones podría aumentar la renta familiar por hogar al año en un orden de 470 euros.
Así se desprende del informe ‘La mejora de la calidad institucional del comercio en España: cuantificación de su impacto económico y social’, presentado por el presidente y el director general del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, en el cual se destaca la importancia que tiene el sector del comercio en cualquier economía moderna.
Por ello, según el IEE, las administraciones públicas deben tener como objetivo prioritario de política económica conseguir una regulación y unas condiciones de mercado que promuevan la eficiencia del comercio, a lo que se suma la necesidad de establecer un marco regulatorio que promueva la inversión y la innovación en el sector.
UNO DE LOS PAÍSES CON MAYORES NIVELES DE CARGA REGULATORIA
De hecho, según el IEE, es uno de los países desarrollados con mayores niveles de carga regulatoria, con un exceso normativo y una deficiente calidad institucional.
En la regulación aplicada al sector del comercio, España tiene una regulación peor que la de su entorno, ocupando la posición 27 de 38 países, situándose la misma del orden de un 15% por debajo del promedio de la UE.
En el caso concreto de España, la regulación del comercio se valora como más desfavorable que la normativa general y con una tendencia de deterioro de los últimos años.
Las principales cargas administrativas y requerimientos regulatorios del sector del comercio que se han identificado en el estudio son: trámites relativos a la lentitud y dificultad de concesión de licencias, costes operativos, de aprovisionamientos y de gestión, gestión de residuos y hurto multirreincidente.