Dos de los cometidos pendientes del Gobierno de Pedro Sánchez para este año 2023 son la subida del SMI, tal y como está impulsando Yolanda Díaz, y la reforma de las pensiones que persigue el ministro Escrivá.
Para analizar ambos propósitos del Ejecutivo, desde 24hEconomia.com nos hemos puesto en contacto con el profesor y director del máster de riesgos financieros en ICADE-Comillas, Luis Garvía, quien reitera en la necesidad de emprender reformas estructurales. Reformas de calado. Y no meros barnices en problemas que ya venimos arrastrando tiempo atrás.
Además, considera, que se debe someter a la Administración Pública a una adaptación a los nuevos tiempos -requiere de una profunda digitalización- para tratar de que sea competitiva y verdaderamente eficaz y eficiente.
REFORMA DE LAS PENSIONES
La segunda parte de las reforma de pensiones -la primera acaba de celebrar su primer cumpleaños- debía haberse aprobado antes de finalizar 2022 para cumplir con el calendario comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación, pero las diferencias entre las partes y la polémica propuesta de ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores años cotizados, lo impidieron.
Desde el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones no se da mucha importancia a que el plazo prometido a la Comisión se haya superado, pues su prioridad es que esta segunda parte de la reforma se asiente, como la primera, en un acuerdo con los agentes sociales, un argumento que asegura que también comparte Bruselas.
Lo mismo pasó con el nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos -en vigor desde este 1 de enero-, que contó finalmente con el respaldo de organizaciones de autónomos y agentes sociales, aunque el acuerdo llegara unas semanas después de lo comprometido en el Plan de Recuperación.
Esta segunda pata de la reforma aborda el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima -aunque no al mismo ritmo-, una mejor cobertura de las lagunas de cotización en carreras laborales irregulares y medidas para reducir la brecha de género en pensiones.
El problema es que el Ministerio ha puesto también sobre la mesa una propuesta para ampliar progresivamente el periodo de cálculo de la pensión de los 25 años actuales a un total de 30 años, con el descarte de los dos peores años cotizados.
Esta propuesta ha generado polémica entre los agentes sociales y dentro del propio Gobierno, con Unidas Podemos negándose a acometer cualquier cambio que suponga una merma de las pensiones, como así asegura que ocurrirá si se amplía el periodo de cómputo.
A CCOO y UGT tampoco les ha gustado nada esta propuesta. No sólo alegan que es innecesaria, habiendo culminado en 2022 la anterior extensión del cómputo de 15 a 25 años, sino que entienden que no era una cuestión recogida en el Pacto de Toledo ni goza del suficiente apoyo político para su implementación. Los empresarios, por su parte, también defienden que no es una recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo y creen que lo primero sería discutirlo en dicho foro antes de llevarlo al diálogo social.
Pero al margen del periodo de cálculo, sobre la mesa de la reforma de pensiones está también el destope de las bases máximas de cotización y la subida de la pensión máxima.
SUBIDA DEL SMI
Además de esta reforma, está pendiente de resolver lo que ocurrirá con el salario mínimo interprofesional (SMI), teniendo en cuenta que el objetivo es que se sitúe en este 2023 en el 60% del salario medio.
CCOO quiere que suba desde los 1.000 euros actuales por catorce pagas a entre 1.082 euros y 1.100 euros, lo que supondría un alza porcentual de entre el 8,2% y el 10%. UGT, directamente, pide llevar el SMI hasta los 1.100 euros y CEOE y Cepyme plantean un incremento del 4%, hasta los 1.040 euros mensuales.
El Gobierno tiene ya sobre la mesa el informe de los expertos, que recomiendan una horquilla de entre el 4,6% y el 8,2% para 2023, así como su revisión a los seis meses para evaluar su suficiencia en un contexto de elevada inflación.
De momento, el Ejecutivo no ha puesto sobre la mesa ninguna cifra, aunque lo normal es que, como ocurrió en 2022, se guíe por las sugerencias realizadas por los expertos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere pactar la subida con los agentes sociales, aunque la CEOE no está por la labor de pactar un alza superior al 4%.
En todo caso, haya o no acuerdo con los sindicatos o con ambas partes, la subida del SMI de 2023 tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. De momento, y hasta alcanzar dicho acuerdo, el Gobierno ha prorrogado para 2023 el SMI de 2022, situado en 1.000 euros mensuales.
Sumar a los empresarios será complicado. No sólo han puesto condiciones para subir el SMI un 4% en 2023, sino que consideran rotas las relaciones con Trabajo después de que la Ley de Empleo incluyera una enmienda que permitirá a la Inspección de Trabajo controlar las causas alegadas por las empresas en los despidos colectivos.