El economista Fran Simón se pasa por 24hEconomia.com para analizar tanto la entrada en prisión de seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por el caso de los ERE de Andalucía del PSOE como también la situación económica para esta 2023 que, como dos consecuciones que busca el Gobierno, pasa por la reforma de las pensiones y la subida del SMI.
El exconsejero socialista José Antonio Viera ha ingresado en la prisión de Huelva este lunes, 2 de enero de 2023.
Justo cuando se desvelan nuevos detalles de las tramas de corrupción montadas por los socialistas en Valencia, a la sombra de Ximo Puig y compañía.
Viera, condenado a siete años de cárcel y a 18 años de inhabilitación por prevaricación y malversación por el caso de los ERE fraudulentos, se suma así a otros exaltos cargos que ya están cumpliendo la pena a la que fueron condenados.
La exconsejera Carmen Martínez Aguayo fue la primera en entrar en la cárcel. Le siguió el también exconsejero Antonio Fernández García.
Se espera que, en las próximas horas, todos los condenados de los que se conoce como la pieza política de los ERE estén ya en prisión.
Sin embargo, habrá dos de los condenados que no pisarán de momento la cárcel. Son el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán y Agustín Barberá Salvador, exviceconsejero. En ambos casos la razón es aparentremente la salud. Griñán, en concreto, está a la espera de que le dispensen de cumplir su pena de privación de libertad por un cáncer que padece y por el que se está tratando.
REFORMA DE LAS PENSIONES
Desde el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones no se da mucha importancia a que el plazo prometido a la Comisión se haya superado, pues su prioridad es que esta segunda parte de la reforma se asiente, como la primera, en un acuerdo con los agentes sociales, un argumento que asegura que también comparte Bruselas.
Lo mismo pasó con el nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos -en vigor desde este 1 de enero-, que contó finalmente con el respaldo de organizaciones de autónomos y agentes sociales, aunque el acuerdo llegara unas semanas después de lo comprometido en el Plan de Recuperación.
Esta segunda pata de la reforma aborda el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima -aunque no al mismo ritmo-, una mejor cobertura de las lagunas de cotización en carreras laborales irregulares y medidas para reducir la brecha de género en pensiones.
El problema es que el Ministerio ha puesto también sobre la mesa una propuesta para ampliar progresivamente el periodo de cálculo de la pensión de los 25 años actuales a un total de 30 años, con el descarte de los dos peores años cotizados.
Esta propuesta ha generado polémica entre los agentes sociales y dentro del propio Gobierno, con Unidas Podemos negándose a acometer cualquier cambio que suponga una merma de las pensiones, como así asegura que ocurrirá si se amplía el periodo de cómputo.
A CCOO y UGT tampoco les ha gustado nada esta propuesta. No sólo alegan que es innecesaria, habiendo culminado en 2022 la anterior extensión del cómputo de 15 a 25 años, sino que entienden que no era una cuestión recogida en el Pacto de Toledo ni goza del suficiente apoyo político para su implementación. Los empresarios, por su parte, también defienden que no es una recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo y creen que lo primero sería discutirlo en dicho foro antes de llevarlo al diálogo social.
Pero al margen del periodo de cálculo, sobre la mesa de la reforma de pensiones está también el destope de las bases máximas de cotización y la subida de la pensión máxima.
En su propuesta inicial, que es sólo un punto de partida, el Gobierno propuso vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.
SUBIDA DEL SMI
Además de esta reforma, está pendiente de resolver lo que ocurrirá con el salario mínimo interprofesional (SMI), teniendo en cuenta que el objetivo es que se sitúe en este 2023 en el 60% del salario medio.
CCOO quiere que suba desde los 1.000 euros actuales por catorce pagas a entre 1.082 euros y 1.100 euros, lo que supondría un alza porcentual de entre el 8,2% y el 10%. UGT, directamente, pide llevar el SMI hasta los 1.100 euros y CEOE y Cepyme plantean un incremento del 4%, hasta los 1.040 euros mensuales.
El Gobierno tiene ya sobre la mesa el informe de los expertos, que recomiendan una horquilla de entre el 4,6% y el 8,2% para 2023, así como su revisión a los seis meses para evaluar su suficiencia en un contexto de elevada inflación.
De momento, el Ejecutivo no ha puesto sobre la mesa ninguna cifra, aunque lo normal es que, como ocurrió en 2022, se guíe por las sugerencias realizadas por los expertos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere pactar la subida con los agentes sociales, aunque la CEOE no está por la labor de pactar un alza superior al 4%.