Durante décadas, Bélgica fue sinónimo de neutralidad, eficiencia y estabilidad. Hoy, sin embargo, su imagen se tambalea.
En apenas tres años, el país ha pasado de ser un tranquilo centro administrativo de la Unión Europea a un escenario de violencia urbana, corrupción portuaria y guerras entre bandas que recuerdan más a América Latina que al corazón del continente.
El epicentro de esta crisis se llama Amberes, uno de los puertos más grandes del mundo, y actualmente la principal puerta de entrada de cocaína a Europa.
Según los últimos datos oficiales, en 2024 las autoridades belgas incautaron más de 120 toneladas de cocaína, el doble que en 2018 y más que todo lo confiscado en Estados Unidos ese mismo año.
El volumen y la violencia han crecido de tal forma que altos funcionarios del país ya advierten: “Bélgica se está convirtiendo en un narcoestado.”
El nuevo puerto del polvo blanco
El auge del narcotráfico en Bélgica tiene su origen lejos del continente europeo.
En 2016, la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC reconfiguró el mapa global de la producción de cocaína. La desmovilización de la guerrilla abrió un vacío de poder que permitió el surgimiento de decenas de grupos criminales más pequeños y descentralizados, que encontraron en Europa un mercado en expansión y menos hostil que el estadounidense.
Hasta entonces, la mayor parte de la cocaína entraba al Viejo Continente por España y Portugal. Pero el refuerzo de la seguridad en la península ibérica llevó a los cárteles a buscar nuevas rutas menos vigiladas. Y la encontraron en Amberes, un puerto colosal en el norte de Bélgica con conexiones fluviales, ferroviarias y carreteras directas a Alemania, Francia y los Países Bajos.
La ciudad ofrecía tres ventajas clave:
- Una ubicación logística perfecta, en el corazón de la Unión Europea.
- Un tráfico masivo de contenedores, que dificulta los controles exhaustivos.
- Una fuerza laboral manual y vulnerable, susceptible a la corrupción.
Los narcotraficantes comenzaron a ocultar la cocaína en contenedores de frutas, cacao o maquinaria, aprovechando los huecos del sistema aduanero y la complicidad de algunos trabajadores portuarios sobornados. En cuestión de años, Amberes se transformó en el nuevo epicentro europeo del comercio de cocaína.
Una ola de violencia inédita
La abundancia de droga trajo consigo una guerra entre bandas internacionales por el control de los envíos, las rutas y los puntos de distribución.
En 2024, la policía de Amberes registró 91 incidentes violentos relacionados con el narcotráfico, entre ellos tiroteos, ataques con granadas y coches incendiados.
La violencia, que antes se concentraba en el puerto, se ha extendido a los barrios residenciales. Familias de funcionarios y jueces han sido amenazadas, y en algunos casos se han descubierto granadas frente a sus casas.
El antiguo ministro de Justicia, Vincent Van Quickenborne, tuvo que ser puesto bajo protección después de que se frustrara un plan para secuestrarlo.
La capital, Bruselas, tampoco ha escapado. En 2024 se registraron 89 tiroteos, nueve de ellos mortales. Barrios como Anderlecht y Molenbeek viven bajo una ola de violencia que recuerda a la que azotó Marsella o Nápoles en sus peores años.
En total, Bélgica registra hoy la tercera tasa de homicidios más alta de la Unión Europea, solo superada por Letonia y Lituania.
Los expertos hablan de una mutación del crimen organizado, que combina redes balcánicas, grupos marroquíes y células locales en una estructura transnacional de alto poder financiero.
Un Estado bajo presión
La expansión del narcotráfico ha puesto en evidencia las debilidades estructurales del Estado belga.
Por un lado, el país cuenta con un sistema político fragmentado y lento: la gestión se reparte entre el gobierno federal, las regiones flamenca y valona, y múltiples autoridades locales. Solo en Bruselas operan seis cuerpos policiales distintos, con escasa coordinación entre ellos.
Por otro lado, la justicia y la policía carecen de recursos suficientes. Bélgica tiene uno de los presupuestos de seguridad más bajos de Europa occidental. La falta de personal ha dejado amplias zonas portuarias sin vigilancia efectiva, facilitando la infiltración de las mafias.
A esto se suma una corrupción creciente. Investigaciones internas han revelado casos de sobornos a funcionarios de aduanas, estibadores y agentes policiales a cambio de permitir la salida de contenedores contaminados. Incluso se han detectado fugas de información desde prisiones y juzgados.
El resultado es un sistema paralizado, donde los grupos criminales actúan con impunidad y las instituciones se ven sobrepasadas.
La política responde, pero llega tarde
El actual primer ministro, Bart De Wever, antiguo alcalde de Amberes y líder del partido nacionalista flamenco ha hecho del combate al narcotráfico su prioridad nacional.
Entre sus propuestas destacan:
- Unificar los cuerpos policiales de Bruselas en una sola fuerza metropolitana.
- Aumentar la cooperación internacional, especialmente con Países Bajos, Alemania y Estados Unidos.
- Reforzar la seguridad portuaria con más escáneres, controles aleatorios y vigilancia digital.
De Wever también ha planteado la posibilidad de desplegar al Ejército en las calles, una medida que ya se aplicó tras los atentados terroristas de Bruselas en 2016. Sin embargo, la oposición ha criticado la idea, argumentando que militarizar la seguridad civil no resuelve la raíz del problema: la pobreza, la desigualdad y la corrupción.
A pesar de las promesas de “tolerancia cero”, la violencia sigue aumentando. Solo en los primeros cuatro meses de 2025 se registraron más de 130 detenciones en el área portuaria de Amberes, una cifra récord que refleja tanto la intensidad de la represión como la magnitud del problema.
Europa ante su propio espejo
La crisis belga ha encendido las alarmas en toda Europa.
El flujo de cocaína que llega desde América Latina alcanza ya las 300 toneladas anuales solo por los puertos del norte. Desde Amberes y Róterdam, las redes criminales distribuyen la droga a toda la UE, generando ganancias estimadas en más de 10.000 millones de euros al año.
Las autoridades europeas temen que la combinación de puertos abiertos, fronteras sin controles y sistemas judiciales saturados esté creando un ecosistema ideal para el crimen organizado.
En palabras de un alto funcionario de Europol:
“Amberes es hoy lo que Miami fue en los años 80: el punto de entrada del nuevo narcotráfico global.”
La crisis también plantea un dilema moral para la Unión Europea. Bélgica, sede de sus instituciones, simboliza el proyecto comunitario. Ver su capital asediada por bandas armadas cuestiona la capacidad de Europa para protegerse a sí misma.
Epílogo: el corazón corrupto de Europa
Lo que ocurre en Bélgica no es solo un problema policial, sino un síntoma profundo de vulnerabilidad institucional.
El narcotráfico ha encontrado en el corazón de Europa una brecha perfecta: puertos abiertos, burocracia lenta y corrupción infiltrada.
Amberes se ha convertido en la metáfora de un continente globalizado que disfruta del comercio libre, pero no controla sus consecuencias.
Y mientras los políticos prometen reformas y los jueces piden refuerzos, los contenedores siguen llegando, las calles siguen ardiendo y la frontera entre Estado y crimen se vuelve cada vez más difusa.
Quizá Bélgica aún no sea un narcoestado, pero los cimientos de uno ya están en su puerto más próspero.