El sector agrícola en España afronta una de sus mayores crisis estructurales como consecuencia de la pérdida de competitividad frente a las producciones de países extracomunitarios. Aunque la agroalimentación continúa siendo uno de los motores exportadores de la economía española —con un saldo comercial positivo que supera los 14.000 millones de euros anuales—, los productores de cultivos intensivos, frutas y hortalizas, cítricos y cereales denuncian una asimetría regulatoria que distorsiona las condiciones de mercado dentro de las propias fronteras de la Unión Europea.
El principal factor de fricción económica radica en la disparidad de costes laborales y de producción. Mientras que los agricultores españoles deben asumir salarios mínimos regulados, cotizaciones a la Seguridad Social y normas estrictas de prevención de riesgos laborales que sitúan el coste por jornada de campo en niveles superiores a los 60 u 80 euros por peón, competidores directos en la cuenca mediterránea y el norte de África, como Marruecos o Egipto, operan con estructuras salariales que rondan entre los 8 y 12 euros diarios. A esta diferencia en la mano de obra se suma el menor coste de la energía para regadío y de los arrendamientos de tierras en países emisores como Turquía, Sudáfrica, Chile o los integrantes de Mercosur.
El segundo pilar de la queja del sector se centra en la asimetría fitosanitaria y medioambiental derivada del marco comunitario. Bajo el paraguas de normativas como el Pacto Verde Europeo y la estrategia De la Granja a la Mesa, los productores comunitarios han visto drásticamente reducido el catálogo de materias activas y pesticidas permitidos para combatir plagas en cultivos clave como el tomate, la fresa o la naranja. En contraste, las explotaciones de fuera de la UE continúan utilizando productos fitosanitarios más económicos y de amplio espectro cuyo uso está vetado en territorio europeo, lo que reduce las pérdidas por mermas en origen y permite colocar producto a precios que en ocasiones se sitúan entre un 30% y un 50% por debajo del coste de producción en explotaciones de Andalucía, la Región de Murcia o la Comunidad Valenciana.
Para intentar amortiguar este impacto, las organizaciones agrarias (como Asaja, COAG y UPA) exigen de forma unánime a Bruselas la aplicación de las denominadas cláusulas espejo en los acuerdos comerciales bilaterales. Este mecanismo legal obligaría a que cualquier producto agroalimentario importado desde terceros países deba cumplir de manera estricta con los mismos estándares medioambientales, de bienestar animal, de prohibición de pesticidas y de condiciones sociolaborales que se imponen a los agricultores de la Unión Europea. Sin embargo, su traslación práctica choca con las complejidades del comercio internacional y la falta de capacidad inspectora en los Puestos de Control Fronterizo (PCF), donde los muestreos aleatorios resultan insuficientes para auditar el volumen masivo de contenedores que acceden a través de puertos como Algeciras, Valencia o Róterdam.
La presión competitiva se agrava por el poder de negociación de las grandes cadenas de distribución comercial europeas, que recurren al aprovisionamiento exterior para presionar a la baja las cotizaciones en origen. Esta dinámica ha provocado el abandono progresivo de explotaciones familiares, la falta de relevo generacional y un incremento en la concentración de tierras en manos de grandes fondos de inversión agrícola, dejando al productor tradicional en una situación de vulnerabilidad económica creciente mientras el consumidor asiste a un encarecimiento general de la cesta de la compra.