A pesar de la reducción del apoyo gubernamental a los combustibles fósiles, pero un análisis profundo de los datos revela que la adicción estructural de las economías mundiales al carbón, el petróleo y el gas permanece intacta. Según los últimos datos consolidados, el coste fiscal de estas medidas se redujo en una décima parte, pasando de 1,03 billones de dólares en 2023 a 916.300 millones de dólares en 2024. Si bien esta cifra representa un alivio para las arcas públicas, la realidad subyacente es menos alentadora, ya que la disminución responde principalmente a la estabilización de los precios de la energía y a la retirada de medidas de emergencia, no a una reforma estructural profunda de las políticas energéticas. Los gobiernos se encuentran en una encrucijada peligrosa, atrapados entre la necesidad de cumplir con los objetivos climáticos de «cero neto» y la presión política de mantener precios artificialmente bajos para consumidores y empresas.
La anatomía del gasto: transporte y consumo masivo
Lo que observamos en 2024 no es una victoria de la política ambiental, sino una corrección de mercado. A medida que los costes de suministro de energía cayeron desde sus máximos históricos de 2022, el valor estimado de los combustibles vendidos por debajo del precio de mercado disminuyó naturalmente. Sin embargo, el coste fiscal del apoyo sigue siendo elevado en comparación con los promedios históricos. El desglose sectorial de este gasto público es revelador y preocupante para los planificadores urbanos y económicos. Mientras que el apoyo al sector residencial experimentó la mayor caída porcentual, con un descenso del 28,7%, el sector del transporte ha emergido como el mayor beneficiario del dinero público. El coste fiscal del apoyo a los combustibles fósiles en el transporte aumentó ligeramente hasta alcanzar los 113.600 millones de dólares en 2024, representando ahora el 30,6% del total de las ayudas gubernamentales.
Este cambio en la composición del subsidio indica una resistencia política significativa a encarecer la movilidad privada y logística, a pesar de que es uno de los sectores con mayores emisiones. El apoyo se canaliza mayoritariamente hacia el consumo, que acaparó el 84,2% del coste fiscal total en 2024. Esto significa que, en lugar de incentivar la producción o la infraestructura estratégica, los gobiernos están gastando la inmensa mayoría de estos recursos simplemente en abaratar la factura final de los usuarios, una estrategia que, aunque políticamente rentable a corto plazo, desincentiva la eficiencia energética y perpetúa la dependencia de los hidrocarburos.
La trampa de la ineficiencia: dinero público sin objetivo
El aspecto más crítico que destaca el informe de la OCDE es la alarmante falta de precisión en estas ayudas. En 2024, el 71,4% del coste fiscal de las medidas de apoyo al consumo de combustibles fósiles carecía de una focalización sistemática. En términos económicos simples, esto implica que la gran mayoría de estos subsidios benefician tanto a quien realmente lo necesita como a quien no, lo que genera una regresividad fiscal inaceptable. Las medidas no focalizadas tienden a beneficiar desproporcionadamente a los hogares de mayores ingresos, ya que estos son, por definición, los que consumen más energía.
Esta ineficiencia tiene un doble coste. Por un lado, supone un desperdicio masivo de recursos públicos que podrían destinarse a sanidad, educación o inversión en tecnologías limpias. Por otro, distorsiona gravemente las señales de precios del mercado. Al mantener los precios artificialmente bajos para todos, se debilita el incentivo para que los consumidores adopten hábitos más eficientes o inviertan en alternativas bajas en carbono. Incluso las medidas de emergencia introducidas durante la crisis energética, que en teoría debían ser temporales y dirigidas, mostraron deficiencias graves, con un 65% del coste fiscal asociado a intervenciones no focalizadas.
Señales de un mercado distorsionado
Para el tejido empresarial y los emprendedores, esta situación presenta un escenario de riesgo oculto. El informe subraya que las transferencias presupuestarias directas y los bajos impuestos especiales sobre los combustibles han debilitado los incentivos económicos para la descarbonización. La Tasa Efectiva Neta de Carbono (Net ECR), que mide la fuerza de la señal de precio para reducir emisiones, cayó de 18,6 euros por tonelada de CO2 equivalente en 2021 a 14,9 euros en 2023. Esto crea una falsa sensación de seguridad financiera para las empresas intensivas en energía fósil.
Guía para la toma de decisiones empresariales:
- No apueste por la energía barata artificial: Aunque los subsidios actuales abaratan los costes operativos, la tendencia regulatoria global y la necesidad fiscal de los estados apuntan hacia una retirada de estas ayudas. Un modelo de negocio que solo es rentable gracias al diésel bonificado o al gas subsidiado es un modelo en riesgo de insolvencia a medio plazo.
- Anticipe el ajuste fiscal: La OCDE recomienda encarecidamente que los gobiernos eliminen estas medidas ineficientes para liberar recursos. Cuando esto ocurra, las empresas que hayan invertido en eficiencia energética (aislamiento, electrificación de flotas, autogeneración) tendrán una ventaja competitiva inmediata sobre aquellas expuestas a la volatilidad real de los precios fósiles.
- El mercado de carbono sigue vivo: A pesar de la caída en la tasa neta efectiva, los precios de los permisos en los Sistemas de Comercio de Emisiones (ETS) han mostrado resiliencia y aumentos modestos. Esto indica que la economía descarbonizada sigue avanzando a nivel macro, independientemente de los subsidios temporales al consumo.
La «pegajosidad» del subsidio
Una conclusión analítica crucial es la dificultad política de retirar ayudas una vez concedidas. Aunque el coste fiscal de las medidas de emergencia cayó drásticamente desde su pico en 2022 (pasando de 163.900 millones a 57.700 millones en 2024), muchas medidas siguen vigentes. El número de medidas de emergencia con coste fiscal solo se redujo de 284 en 2022 a 192 en 2024, lo que sugiere que muchos gobiernos han optado por reducir la intensidad de la ayuda en lugar de eliminarla por completo.
Existe un fenómeno de «inercia política» donde las ayudas diseñadas como temporales se enquistan en la estructura económica. El informe advierte explícitamente que el apoyo a las empresas, si no se focaliza en problemas de liquidez y solvencia específicos, corre el riesgo de mantener vivas a empresas ineficientes que socavan la competencia y la productividad. La tendencia hacia 2026 y más allá será una batalla entre la necesidad de consolidación fiscal y la resistencia de los sectores beneficiados, especialmente el transporte y la industria pesada, a perder sus privilegios adquiridos.
El fin del «Escudo Social» energético
España se encuentra en el epicentro de este debate sobre la retirada de estímulos. A diferencia de las cifras globales agregadas, la realidad doméstica para 2025 muestra un esfuerzo legislativo claro por revertir las medidas anticrisis, aunque con matices importantes que afectan al bolsillo del ciudadano. Mientras que el informe global habla de una reducción de subsidios, en España esto se traduce directamente en la factura mensual a través de la normalización del IVA.
Desde el 1 de enero de 2025, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la electricidad ha regresado a su tipo general del 21%, abandonando el tipo reducido del 10% que estuvo vigente durante 2024 y el 5% de los momentos más crudos de la crisis. Esta medida encaja perfectamente con la recomendación de la OCDE de eliminar apoyos generales no focalizados. Sin embargo, el gobierno español ha optado por mantener cierta protección, extendiendo la prohibición de cortes de suministro y los descuentos del bono social eléctrico hasta mediados y finales de 2025, aunque con una reducción progresiva de los porcentajes de descuento de cara a 2026.
Ventajas y riesgos para España:
- Ventaja Competitiva: España está bien posicionada para amortiguar el golpe de la retirada de subsidios fósiles gracias a su altísima penetración de renovables, que se espera cubran un 42% del consumo para 2025. Esto hace que la economía española sea estructuralmente menos sensible a los precios del gas que sus vecinos del norte, siempre que se complete la electrificación.
- Riesgo en Transporte: Al igual que en el informe global, el transporte sigue siendo el talón de Aquiles. Las ayudas al combustible profesional y la bonificación del gasóleo agrícola y pesquero siguen siendo partidas de gasto importantes y políticamente sensibles. La directiva europea de fiscalidad energética (ETD), actualmente en revisión, presiona para eliminar las exenciones al combustible de aviación y marítimo, lo que podría afectar al turismo y las exportaciones españolas si no se gestiona con incentivos a la innovación.
Contexto Europeo: La Unión Europea avanza hacia un endurecimiento de las señales de precio de carbono. Con la implementación prevista de nuevos sistemas de comercio de emisiones para edificios y transporte rodado (ETS 2), la «Tasa Efectiva Neta» que la OCDE ve estancada a nivel global probablemente repuntará en Europa. Para las empresas españolas, esto significa que la era de la subvención fósil ha terminado y comienza la era de la fiscalidad verde obligatoria.
Referencias:
OECD (2025), OECD Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2025: Policy Trends, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6fff0cb7-en.
Taxation and Customs Union. (2025, 23 diciembre). Taxation And Customs Union. https://taxation-customs.ec.europa.eu/index_en?prefLang=es
Inicio. (s. f.). Endesa. https://www.energiaxxi.com/
Gobierno de España. (s. f.). La Moncloa. https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx
Endesa. (s. f.). https://www.endesa.com/