En un contexto económico global marcado por la incertidumbre, el aumento de los tipos de interés y las crecientes demandas de gasto en áreas como defensa, sanidad y transición ecológica, la gestión de las finanzas públicas se ha convertido en un pilar fundamental para la estabilidad. Un reciente informe de la OCDE, titulado «Quality Budget Institutions», aborda esta problemática de frente, proponiendo un decálogo de buenas prácticas conocido como el «Spending Better Framework» (Marco para gastar mejor). Este marco no es solo un ejercicio técnico, sino una hoja de ruta para que las instituciones gubernamentales recuperen la credibilidad, aseguren la sostenibilidad fiscal a largo plazo y generen un entorno predecible para los mercados financieros.
El nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) establece un marco de diez principios para reformar las instituciones presupuestarias. El objetivo es responder a los crecientes desafíos de la deuda pública, el envejecimiento de la población y las presiones de gasto, sentando las bases para la sostenibilidad fiscal y la confianza de los inversores.
El nuevo manual para la gestión presupuestaria
El «Spending Better Framework» de la OCDE se articula en torno a diez principios interconectados que buscan un enfoque holístico del presupuesto, abarcando desde la planificación hasta la supervisión. El primer pilar se centra en la planificación y el anclaje de la política fiscal. Esto comienza con el establecimiento de objetivos fiscales claros (límites de deuda o déficit) que sirvan como ancla. A esto se suma la necesidad de usar suposiciones económicas objetivas, preferiblemente validadas por organismos independientes para evitar el sesgo político. El marco se completa con la introducción de líneas de base de gasto plurianuales (el coste de mantener las políticas actuales) y la implementación de techos de gasto descendentes (fijar el gasto total primero y asignar después), considerados por la OCDE como la piedra angular de un proceso presupuestario moderno.
Un segundo grupo de principios se enfoca en la eficiencia y la reevaluación del gasto existente. La OCDE insiste en la necesidad de realizar revisiones periódicas del gasto (evaluaciones de gasto público) para identificar ahorros y reasignar recursos desde programas obsoletos hacia nuevas prioridades. Estas decisiones deben estar informadas, lo que constituye el sexto principio, utilizando datos sobre el rendimiento y evaluaciones de impacto (como el presupuesto verde o de género) para asegurar que el dinero público logra resultados tangibles.
Finalmente, el marco se cierra con un enfoque en el control integral y la colaboración. El séptimo principio es crucial, ya que insta a los gobiernos a considerar todas las formas de gasto, incluyendo aquellas que a menudo permanecen ocultas. Además, la OCDE pide un cambio de cultura, viendo a los ministerios (que ejecutan el gasto) como socios, en lugar de adversarios del Ministerio de Hacienda. Este proceso debe estar envuelto en una transparencia presupuestaria radical, facilitada por las nuevas tecnologías, y culminar en una supervisión efectiva por parte de los parlamentos, las Instituciones Fiscales Independientes (IFIs) y las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS).
El control de los gastos ocultos y los riesgos fiscales
Una de las advertencias más significativas del informe de la OCDE se centra en las formas de gasto que escapan al escrutinio del ciclo presupuestario habitual. El séptimo principio destaca la importancia de controlar los gastos fiscales (beneficios fiscales), que en la práctica son una forma de gasto público a través del sistema impositivo. Estos beneficios, como exenciones o tipos reducidos, a menudo no se evalúan con el mismo rigor que el gasto directo, generando ineficiencias y costes ocultos para el erario. El informe señala que en muchos países estos gastos son significativos, alcanzando en algunos casos porcentajes notables del PIB.
Igualmente, el informe pone el foco en los préstamos y garantías que los gobiernos otorgan. Estas herramientas se volvieron masivas durante la pandemia de COVID-19 para sostener la economía. Aunque no representan un desembolso inmediato, crean riesgos fiscales (pasivos contingentes) que pueden materializarse en el futuro, impactando abruptamente en la deuda pública si las empresas o sectores avalados quiebran. La OCDE insta a que estos riesgos se midan, gestionen y comuniquen con total transparencia, ya que una gestión opaca de estos pasivos puede minar la confianza en la sostenibilidad real de las finanzas de un país.
El impacto de las instituciones en la economía real
La calidad de las instituciones presupuestarias no es una cuestión meramente burocrática, sino un motor directo de la salud económica. Las instituciones que adoptan reglas fiscales claras, supuestos objetivos y techos de gasto creíbles tienden a presentar mejores resultados fiscales, como balances primarios más altos y menor gasto público. Esta disciplina fiscal no es un fin en sí mismo, sino el medio para construir la credibilidad del mercado. Cuando los inversores perciben que un gobierno tiene un plan coherente y transparente, respaldado por instituciones independientes, la prima de riesgo exigida a su deuda tiende a disminuir.
En esencia, el marco de la OCDE busca combatir el «sesgo deficitario» (la tendencia política a gastar más de lo que se ingresa). La transparencia y la supervisión independiente actúan como un contrapeso. Un gobierno que se somete a este escrutinio y utiliza herramientas como las revisiones de gasto para optimizar sus recursos, envía una señal de seriedad. Esta seriedad se traduce en menores costes de financiación, lo que a su vez libera recursos que, en lugar de pagar intereses, pueden destinarse a inversión productiva o a reducir impuestos, generando un círculo virtuoso de confianza y crecimiento.
El desafío para España y Europa
El debate propuesto por la OCDE es especialmente pertinente en Europa. La Unión Europea ha reformado recientemente sus reglas fiscales, que ahora exigen a los Estados miembros planes fiscales estructurales a medio plazo. Estos planes se alinean estrechamente con los principios de la OCDE, como los objetivos fiscales claros (Principio 1), las líneas de base plurianuales (Principio 3) y la supervisión reforzada.
Para España, el informe de la OCDE ofrece tanto un reconocimiento de las fortalezas como una advertencia sobre los riesgos. Entre las ventajas que España puede aprovechar, destaca la existencia de una Institución Fiscal Independiente (Principio 10), la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). La AIReF ya juega un papel crucial en la publicación de suposiciones económicas objetivas (Principio 2) y ha sido un actor clave en la realización de revisiones de gasto (Principio 5), tal como recomienda la OCDE. España debería, por tanto, reforzar el papel de la AIReF y la implementación de sus recomendaciones para ganar credibilidad.
Sin embargo, España enfrenta riesgos significativos. El principal aspecto negativo es la dificultad para alcanzar consensos políticos estables que permitan aprobar y mantener techos de gasto (Principio 4) y objetivos fiscales creíbles a medio plazo, un pilar básico del nuevo marco europeo y de la OCDE. La elevada deuda pública española exige una gestión rigurosa, pero la fragmentación política a menudo impide la adopción de planes plurianuales. Para evitar los riesgos, España debe utilizar las nuevas reglas europeas como un ancla externa para forzar la disciplina interna, haciendo un uso sistemático de las revisiones de gasto para crear espacio fiscal sin recurrir a más deuda, y mejorar la transparencia en la gestión de los fondos europeos y los riesgos fiscales asumidos por las diferentes administraciones.
Referencias:
OECD (2025), Quality Budget Institutions: Developments in OECD countries, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8e811202-en.