El próximo 29 de octubre está marcado ya en rojo en los calendarios políticos y jurídicos: ese día han sido citados a declarar como testigos —y no (todavía) como investigados— el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y una empleada de la Secretaría de Organización del partido, Celia Rodríguez. La causa: arrojar luz sobre los controvertidos pagos en metálico que el partido habría hecho al exministro José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García, que según las pesquisas de la Guardia Civil no estarían totalmente respaldados en la documentación del PSOE.
A primera vista, estas comparecencias pueden parecer un trámite más en el desarrollo de la instrucción judicial. Pero todo indica que pueden marcar un punto de inflexión: fuentes jurídicas ya dan por sentado que el Tribunal Supremo tiene intención de imputar al PSOE, como persona jurídica, por presunta financiación irregular.
Si esa hipótesis se confirma —y se abre formalmente la causa contra el partido en sí—, el calendario político podría acelerarse violentamente. Ante la advertencia de los socios de coalición de derribar el Gobierno si el PSOE fuera acusado de financiación irregular, podríamos acercarnos a unas elecciones anticipadas entre diciembre y enero. En ese contexto, la fase testimonial del día 29 adquiere una trascendencia estratégica: lo que digan Moreno y Rodríguez puede inclinar la balanza entre continuidad o crisis del ejecutivo.
La relevancia estratégica de los testigos: ¿pueden cambiarlo todo?
- ¿Qué papel tienen Moreno y Rodríguez en la causa?
- Mariano Moreno fue gerente del PSOE durante los años en que, según la UCO, se producen los pagos en metálico objeto de la investigación. Su responsabilidad administrativa lo sitúa como uno de los actores lógicos para que la justicia quiera contrastar su versión frente a los indicios.
- Celia Rodríguez es empleada “de toda la vida” del área de Organización del PSOE y aparece en conversaciones interceptadas con García que hacen referencia a sobres con dinero en la sede del partido.
- Además, documentos inéditos revelan que hay descuadres entre lo que el PSOE declaró y los pagos que efectivamente se hicieron en efectivo: al menos 7.088 € adicionales que no coincidirían con las declaraciones oficiales en ciertos ejercicios.
- Dichos documentos sugieren que los “anticipos” en metálico se hacían sin motivar debidamente ni rendir cuentas completas, lo que refuerza la tesis de la existencia de una caja B. 
Todo esto convierte a Moreno y Rodríguez en testigos estratégicos: su explicación podría avalar o despeñar la teoría de los investigadores.
- Límites legales del testimonio: ¿No pueden mentir?
Aunque están citados como testigos, no como imputados (al menos de momento), su obligación es decir la verdad ante el juez. Si el magistrado considera que su testimonio revela indicios más graves, podría ordenarse en el acto que declaren como investigados (imputados en la terminología antigua).
Ese salto —de testigo a investigado— dependerá del contenido de sus declaraciones: si reconocen disparidades relevantes, contradicciones con documentos, o admiten conocimiento de operaciones dudosas, se podrían desencadenar imputaciones contra más dirigentes del PSOE, o incluso derivar la investigación hacia una “pieza separada” para el partido como persona jurídica.
- La imputación del PSOE ya se da por hecho por fuentes jurídicas
Varios medios afirman que en el Supremo ya “dan por hecho” que el PSOE será imputado como persona jurídica por financiación irregular, y que el día 29 será determinante.
Ese pronóstico no es menor: implica que, más allá de las personas físicas (Ábalos, García, etc.), la justicia estaría preparada para sostener que la propia estructura institucional del partido incurrió en delito penal. Si prospera esa tesis, no bastaría con que unos pocos sean juzgados: el PSOE entero quedaría comprometido.
Riesgos políticos: contratiempos, crisis de gobierno o elecciones anticipadas
- Advertencias de los socios de coalición
Ya en boca de muchos socios del Gobierno circula una advertencia firme: si el PSOE es acusado formalmente de financiación irregular, el pacto de Gobierno correría serio riesgo de ruptura. En el juego político, eso significa que el Ejecutivo podría caer, voluntaria o involuntariamente, en plenas semanas posteriores al 29 de octubre.
- Calendario acelerado: noviembre crítico
Si tras las audiencias del día 29 el Supremo avanza con la imputación del partido, el procedimiento será ya irreversible políticamente. La fase de instrucción podría prolongarse, pero la presión política sería inmensa. Esa tensión podría traducirse en una moción de censura, petición de elecciones o desgaste tal que el PSOE no pueda continuar con normalidad.
Ya se especula con que entre diciembre y enero podría convocarse comicios anticipados si la situación escala.
- Efecto reputacional y electoral
Más allá de la gestión inmediata, un proceso penal de esta envergadura pondrá al PSOE bajo la lupa del electorado. Los adversarios no perderán ocasión para vincularlos con la corrupción presupuestaria. Imaginar que unos meses de presidencia queden enturbiados por escándalo y juicio no es una exageración: el desgaste puede ser tan intenso que incluso si sobreviven como partido, las perspectivas electorales quedarían seriamente afectadas.
Escenarios posibles tras el 29 de octubre
Aquí algunos caminos probables, ordenados de menor a mayor impacto:
- Declaraciones que aclaran dudas
Moreno y Rodríguez ofrecen explicaciones consistentes con los documentos, sin contradicciones relevantes; el juez considera que no hay indicios suficientes para imputar al partido y la investigación avanza solo contra Ábalos, García u otros físicos.
Mínimo impacto político, el PSOE sobrevive al trago.
- Declaraciones problemáticas, pero sin imputación inmediata del partido
Surgen contradicciones graves que obligan al instructor a citar a los testigos como investigados, y tal vez abrir piezas separadas. Pero el PSOE como persona jurídica no es imputado (al menos no de inmediato).
Alto desgaste mediático y político; la presión sobre el Gobierno será estrecha.
- Imputación directa del PSOE como persona jurídica
En base a los testimonios y los indicios de la UCO, el juez decide incluir al partido en la causa. Entonces, los socios exigen responsabilidades, puede caer el gobierno, y se precipitan elecciones.
Crisis institucional y política (moción de confianza, adelanto electoral inevitable).
- Crisis acelerada e imprevisible
Combinación de imputaciones contra personas físicas y el partido, movilizaciones políticas, desconfianza interna en el PSOE, ruptura del pacto de coalición y convocatoria electoral forzada.
Para cualquiera de los escenarios, lo que ocurra el 29 de octubre es clave. Si los testigos logran “amparar” el relato institucional del partido, pueden ganar tiempo. Pero si se revelan incongruencias comprometedoras, el riesgo de “cortocircuito político” será muy real.
Excesiva politización de la justicia o responsabilidad legítima
Una tesis crítica inevitable es la del uso político de las instituciones judiciales: hay quienes verán esta operación como un acto diseñado para debilitar al gobierno, más que para hacer justicia. El timing, las filtraciones, la intensidad mediática y la presión política hacen sospechar que la instrucción se está convirtiendo en campo de batalla político.
Pero hay que plantearse también la otra cara: si los indicios que la UCO ha presentado son sólidos, si los descuadres contables y los documentos inéditos son veraces, si las conversaciones interceptadas existen y están conectadas con los pagos en metálico, entonces estamos ante un asunto serio de responsabilidad penal de un partido político. No es puro arbitrio acusar: la justicia tiene el deber, especialmente cuando se investiga corrupción política.
Todo parece apuntar que, de ésta, el PSOE no saldrá y se verá Pedro Sánchez obligado a convocar elecciones anticipadas.