El Congreso de los Diputados está disfrutando de una fiesta del gasto.
Los diputados de la nueva legislatura y sus asesores estrenarán en enero iPads de última generación. Lo harán gracias a un contrato que se adjudicó por importe de 590.400 euros. Hasta 425 cargos se beneficiarán de estos dispositivos marca Apple, claves para el desarrollo de la labor parlamentaria.
El Congreso de los Diputados ha agilizado los procesos de contratación pública. Además de las licitaciones y asignaciones millonarias relacionadas con reformas, mobiliario (incluyendo alfombras y relojes), redes, comunicaciones, datos, sistemas de conferencias y votaciones, que en conjunto suman 20 millones de euros, también se ha destinado financiamiento para clases de idiomas, servicios de guardería y la realización de retratos.
Un análisis de las últimas adjudicaciones por parte de la Cámara Baja, realizado por ‘The ‘Objective, revela que en un período de aproximadamente mes y medio, se han asignado cerca de 2.7 millones de euros para clases de inglés, alemán y francés (tanto en formato online como en sesiones individuales y grupales), tabletas digitales, servicios de guardería para los hijos de los empleados y diputados de la Cámara, así como un retrato para la ex presidenta del Congreso, Ana Pastor.
Beneficios para los diputados
En detalle, Asseco Spain, una empresa con sede en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, ha obtenido el contrato para suministrar las tabletas. Según lo estipulado en el pliego, la empresa tiene un mes para llevar a cabo la entrega. Una de las condiciones del contrato era que las tabletas fueran compatibles con los iPhone utilizados por los diputados. El proceso se ha gestionado de manera urgente para que los nuevos diputados puedan recibir los dispositivos en enero.
Paralelamente, el Congreso ha otorgado a Grupo Workandlife la gestión del centro de educación de la Cámara, con un contrato valorado en poco más de un millón de euros y un plazo de ejecución de tres años. El servicio de guardería ha estado en funcionamiento desde 2006 y puede ser utilizado, según demanda, por parlamentarios, funcionarios, personal laboral y eventual, como asesores. Con 20 años de experiencia, esta empresa también obtuvo el contrato en 2017, con una duración de cuatro años. Workandalife ha prestado servicios similares en el Ministerio de Exteriores, RTVE y en el Ministerio de Trabajo.
Clases de idiomas
El 28 de octubre se formalizó el contrato para la impartición de clases de idiomas en el Congreso de los Diputados, con un importe a pagar que supera el millón de euros y un plazo de ejecución de 45 meses. El contrato, dividido en tres lotes que abarcan inglés, francés y alemán, se justifica por la necesidad de «garantizar el mejor desempeño en las actividades internacionales y de intercambio profesional que redunden en beneficio de las funciones del Congreso de los Diputados».
La empresa ganadora de los tres lotes es Euroconsultoría Formación Empresa, una compañía con sede en Málaga especializada en formación en el ámbito laboral. La empresa ofrecerá clases grupales e individuales One to One, así como clases online y telefónicas, con un horario amplio para adaptarse a las necesidades del Congreso.
Retrato de Ana Pastor
Por otro lado, Ana Pastor, exministra de Sanidad y Fomento, así como expresidenta del Congreso entre 2016 y 2019, tendrá su retrato en la Galería de Presidentes de la Cámara Baja. Todos los máximos responsables de la institución cuentan con su retrato, y el costo del retrato de Pastor no se encuentra entre los más elevados.
El encargado de realizar el retrato será el pintor gaditano Hernán Cortés, quien en 2009 retrató a los siete Padres de la Constitución. Conocido como el «pintor de la Transición», Cortés Moreno también ha pintado retratos de los Reyes, así como de los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar, y de la primera presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi.
Contratos polémicos
En octubre pasado, el grupo parlamentario del PP presentó un recurso de reposición ante la Mesa del Congreso, solicitando la anulación de los 12 contratos realizados para contratar a traductores que interpretaron las lenguas cooficiales en el pleno de la Cámara Baja. Los miembros del PP consideraron que esto constituía un «fraude de ley».
Argumentaron que la contratación de traductores no podía fragmentarse en contratos menores, ya que el propósito era el mismo. Según la Ley de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores aquellos que tienen un valor inferior a 15.000 euros. No obstante, estos contratos menores no pueden dividirse con el objetivo de reducir su cuantía y eludir los requisitos de publicidad o los procedimientos correspondientes.