Nadia Calviño quiere marcar la mayor distancia con las políticas que la rodean en España.
Tras conocerse que ‘enchufó’ a su hijo y su presunta vinculación en la trama del Tito Berni, la vicepresidenta quiere pasar página con su nombramiento como nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Un paso que da sin desvelar si dedicó fondos públicos a conceder ayudas para las empresas implicadas en el llamado caso Mediador, tal y como estaba obligada a hacer, explica ‘El Debate’.
La titular de Economía ha sido notificada de manera contundente por el Consejo de Transparencia, recordándole la «imperante necesidad de acatar lo establecido en la parte resolutiva de la Resolución R CTBG 963/2023 del 13 de noviembre de 2023». Esta resolución fue emitida a solicitud de El Debate, debido a las reiteradas reticencias de Calviño para esclarecer la posible conexión financiera entre las compañías bajo investigación judicial y el Gobierno.
Nuevamente, el Consejo de Transparencia reprobó la postura del Ejecutivo, instándolo a proporcionar una «copia de las subvenciones, avales u otras formas de asistencia económica otorgadas por su Ministerio a empresas vinculadas a la trama Mediador». Esta trama, liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, involucra a empresas como Cleanergetic Seers Solutions, SL o Cleanergetic Insular SL, entre otras mencionadas en el sumario judicial sin restricciones expresas del Juez Instructor para su divulgación.
Nadia Calviño
La solicitud de esta documentación fue presentada a Calviño en marzo, sin embargo, el Ministerio optó por el silencio, evidenciando su falta de disposición para ofrecer detalles sobre el caso de corrupción que afecta al PSOE, liderado por el diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni.
En la resolución, el CTBG informa que trasladó la reclamación al Ministerio y solicitó la entrega completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información, así como el informe con las alegaciones pertinentes, pero hasta la fecha de la resolución no se había recibido respuesta. Esta omisión refleja la falta de interés del Ejecutivo en esclarecer los hechos.
El CTBG concluyó que Calviño estaba obstaculizando significativamente la función asignada a esta Autoridad Administrativa Independiente. Por tanto, al considerar que la información solicitada tiene carácter público y ante la negativa del Gobierno de proporcionarla, se determinó que el Ministerio de Asuntos Económicos debía explicar si había concedido ayudas económicas públicas a las empresas involucradas en la presunta trama corrupta que implica a legisladores y empresarios en eventos con drogas y prostitución.
A pesar de la obligación legal de cumplir con esta solicitud, Calviño no ha cumplido, lo que llevó al recordatorio de la necesidad de acatar las resoluciones y rendir cuentas ante los ciudadanos, incluso cuando ella se traslade a Luxemburgo para percibir un salario cercano a los 400.000 euros, cuadruplicando la cifra que actualmente recibe como ministra y equiparándose al salario de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.