Yolanda Díaz avanza en su guerra personal contra Nadia Calviño con una ‘puñalada trapera’ institucional.
A pesar de que la líder de Sumar viene siendo señalada (incluso desde Bruselas) por maquilar los datos del desempleo, es su ministerio de Trabajo quien ahora lanza dichas acusaciones contra el ministerio de Economía en plena batalla por la reforma del subsidio de desempleo.
Como desvela el diario Vozpópuli, el Ministerio de Trabajo acusa a Nadia Calviño de querer potenciar los trabajos basura con el nuevo subsidio por motivos ideológicos ligados a la derecha. Pero va más lejos y le achaca otro motivo en su propuesta: querer maquillar la estadística del paro.
El citado medio precisa que fuentes de Trabajo entran de lleno en esta polémica posibilidad y trasladan que la fórmula de Economía supone una vía de eliminación del paro registrado, de limpiar las estadísticas del paro. El Ministerio de Díaz no comparte este planteamiento y dice abogar por la transparencia y por la cobertura social, a pesar de que advierte que este maquillaje le vendría bien. Trabajo cuenta con que su reforma se impondrá cuando Calviño se vaya al BEI.
En la actualidad, la asignación por desempleo se encuentra establecida en 480 euros mensuales, equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El Ministerio de Economía plantea una modificación que implicaría reducir la duración del subsidio de 30 a 12 meses, disminuyendo progresivamente su cuantía a una media de 442 euros a lo largo del único año de percepción.
Según la propuesta, durante los primeros tres meses, se recibiría el 100% del IPREM, actualmente fijado en 600 euros. Posteriormente, en el segundo trimestre, la cantidad descendería al 80% del IPREM (480 euros mensuales); en el tercer trimestre, al 65% del IPREM (390 euros); y finalmente, en el último trimestre, al 50% (300 euros).
Esta propuesta contempla revisiones mensuales de los subsidios. La crítica del Ministerio de Trabajo destaca que, de implementarse este modelo económico, aquellos que no cumplan con los requisitos perderían no solo el subsidio, sino también la condición de demandante de empleo, lo que resultaría en su exclusión de las estadísticas de desempleo.
Algunos expertos consultados, más inclinados hacia la propuesta del Ministerio de Economía liderado por Calviño que a la de Trabajo bajo la dirección de Díaz, señalan que esta posibilidad podría enfrentar dificultades legales.
Nadia Calviño y Pedro Sánchez
Descomunal coste de 2.800 millones
Trabajo busca aumentar la cuantía del subsidio por desempleo a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (equivalente al 110% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del IPREM). Posteriormente, se restablecería en el 80% del IPREM, es decir, 480 euros, hasta su extinción, la cual se mantiene limitada a un máximo de 30 meses.
Estas cifras se aplicarían al subsidio diseñado por el Ministerio de Trabajo con el IPREM actual de 600 euros al mes. En caso de que este indicador experimente un aumento, el subsidio también se ajustaría en consecuencia.
La propuesta de Trabajo incluye a los menores de 45 años sin cargas familiares (aproximadamente 150.000 personas, según estimaciones) y a los eventuales trabajadores agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250,000). Además, elimina el mes de espera para la percepción inmediata del subsidio y permite la compatibilidad con un empleo durante los primeros 45 días sin reducir su cuantía.
Con estas modificaciones, el subsidio, que actualmente cubre a 800,000 personas, beneficiaría a 400.000 más, con un costo estimado de alrededor de 2,800 millones, según expertos consultados por Vozpópuli. El Ministerio sostiene que esta medida es asumible para las arcas públicas, destacando un superávit de más de 4.000 millones en las políticas activas de empleo.
Adicionalmente, en la propuesta de Trabajo, los subsidios se revisarán trimestralmente en lugar de mensualmente, evitando que los desempleados tengan que estar pendientes diariamente de posibles incumplimientos de requisitos de renta que podrían llevar a la pérdida del subsidio. Esta reforma, de implementarse, entraría en vigor a mediados de 2024 y permitiría considerar las rentas de la unidad familiar si resulta más beneficioso para el desempleado que tomar la renta individual.