Nueva vergüenza internacional del Gobierno de Pedro Sánchez.
La justicia británica ha autorizado el embargo de 800.000 euros en cuentas bancarias propiedad del Instituto Cervantes, la institución pública española que promueve el uso del castellano en el mundo. El diario ‘Vozpópuli‘ explica que estas cuentas, pertenecientes al Banco Santander en el Reino Unido, han sido embargadas como parte del ‘caso Infrared’. Este caso está vinculado al fondo Blasket Renewable Investment, que previamente ganó un proceso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
En el caso Infrared, Blasket Renewable Investment inicialmente solicitó una compensación de 75,7 millones de euros a España, pero esta cifra se redujo a 28,2 millones de euros en la sentencia final emitida por un tribunal presidido por el jurista canadiense Stephen L. Drymer. La sentencia confirmada en 2021 incluye intereses de demora y costas legales, lo que ha llevado a un aumento de la cifra adeudada por parte de España.
La Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Londres autorizó el embargo cautelar de tres propiedades inmobiliarias del Reino de España en abril y agosto de 2023, incluyendo la sede del Instituto Cervantes y las oficinas de promoción económica de la Generalitat de Cataluña. Además, los tribunales británicos han aprobado el embargo cautelar de la indemnización relacionada con la catástrofe del Prestige, valorada en 900 millones de euros.
Pedro Sánchez
Embargo
El proceso de embargo de las cuentas bancarias vinculadas al Instituto Cervantes en el Reino Unido, como parte del ‘caso Infrared’, se llevó a cabo mediante un procedimiento conocido como Third Party Debt Order. Los abogados de los afectados por los impagos del Gobierno de España activaron este proceso para reclamar la intervención de cuatro cuentas bancarias relacionadas con las operaciones del Instituto Cervantes en el Reino Unido.
Un equipo de abogados y consultores especializados en este tipo de procedimientos comenzó a trabajar en el proceso a principios de 2023, y las medidas adoptadas entre abril y noviembre condujeron a la incautación de las cuentas bancarias, cuya notificación y comunicación al gobierno de España ya se ha realizado.
La decisión judicial fue tomada por la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales y lleva la firma del magistrado Richard Harold Davison. El caso lleva el número identificador ‘CL-2023-000026’, y la sentencia fue emitida el 9 de noviembre, sellada y comunicada a las partes el 10 de noviembre.
25 sentencias
En los últimos años, España ha sido condenada en 25 sentencias internacionales a indemnizar a varias compañías por un valor total de 1.200 millones de euros. Además de esta cifra, se suman 250 millones de euros en sobrecostes judiciales y financieros relacionados con la postura del gobierno español de dilatar estos procesos y no cumplir con los acuerdos.
A pesar de que el gobierno español ha otorgado legitimidad a todos los arbitrajes y está legalmente vinculado a reconocer sus resultados, se ha negado a realizar los pagos correspondientes, lo que ha tenido un impacto negativo en la seguridad jurídica.
En respuesta a la falta de pago por parte del gobierno español, las empresas afectadas han tomado medidas legales para registrar estos laudos ante tribunales de terceros países, como Gran Bretaña, Australia o Estados Unidos. Este enfoque busca hacer cumplir las sentencias y obtener compensación por los daños sufridos como resultado de la negativa del gobierno español a cumplir con sus obligaciones internacionales.