Una nueva polémica golpea a EH Bildu. Esta vez no política, sino económica.
El Tribunal de Cuentas ha identificado diversas irregularidades en la gestión llevada a cabo por el partido socio de Pedro Sánchez durante los años 2018 y 2019. Estas irregularidades incluyen anomalías tanto en la federación como en dos de los partidos que la componen, Eusko Alkartasuna (EA) y Sortu. Entre las irregularidades señaladas se encuentran la existencia de sedes no declaradas, alquileres sin contrato, movimientos inusuales en las cuentas y problemas contables en las sociedades mercantiles que poseen los inmuebles, según adelanta ‘El Economista’.
Tras analizar las cuentas, el Tribunal concluye que las cuentas anuales de los años 2018 y 2019 «no reflejan de manera precisa la situación financiera y patrimonial de la formación». La formación política en la que se han encontrado más irregularidades es Eusko Alkartasuna. Según el informe, EA ha recaudado 53.679 euros entre 2018 y 2019 por ceder inmuebles que no son de su propiedad a terceros en Vitoria y en las localidades vizcaínas de Basauri y Lemona, sin contar con contratos que respalden estas transacciones. El Tribunal señala que estos ingresos deberían pertenecer a la sociedad propietaria, ya que no hay evidencia de acuerdos que permitan realizar negocios legales con terceros sobre estos inmuebles.
Además, el Tribunal de Cuentas destaca que EA ha declarado tener 22 inmuebles de su propiedad, pero el análisis realizado sugiere la existencia de otras 23 sedes ocupadas sin pago de alquiler por el partido. De estas, la Fundación del partido, Elkartu, es propietaria de 16, y las restantes pertenecen a diversas entidades, incluyendo sociedades, agrupaciones gastronómicas y otras asociaciones.
El informe también señala que el partido no ha registrado en su balance el derecho de uso de los inmuebles que no son de su propiedad, y que disfruta de forma gratuita. Además, se hace hincapié en la Fundación Elkartu, propiedad del partido vasco desde el año 2000, que a finales de 2019 tenía un patrimonio neto negativo de 563.064 euros debido a pérdidas acumuladas durante varios años, causadas por un desequilibrio entre ingresos y gastos. El Tribunal de Cuentas indica que el partido debería haber corregido este desequilibrio mediante una valoración adecuada de toda la inversión.
Arnaldo Otegi
Más casos
El Tribunal de Cuentas ha identificado diversas anomalías adicionales en las actividades del partido socio de Pedro Sánchez durante los años 2018 y 2019. Estas irregularidades incluyen cuestiones relacionadas con la gestión de propiedades, contabilidad y registro de ingresos. En el caso de Eusko Alkartasuna (EA), se han observado discrepancias en la participación en sociedades mercantiles que poseen inmuebles utilizados por el partido. Después de analizar los porcentajes de participación y los estados contables de estas sociedades, el Tribunal concluye que el valor de la inversión en estas empresas debería reducirse en cantidades significativas.
Además, EA no ha diferenciado adecuadamente el valor de los terrenos y las construcciones de varias de sus sedes, lo que ha llevado a una sobrevaloración en la amortización de estos activos. En cuanto a Sortu, el inventario del partido no ha reflejado el valor de los terrenos de manera adecuada, lo que constituye un error de contabilización. La formación ha prometido corregir este error en 2022.
En el apartado de ingresos, se han detectado irregularidades en las subvenciones provenientes de ciertos ayuntamientos, como Portugalete, Barakaldo y Bilbao, que no fueron registradas adecuadamente. EH Bildu, el partido en cuestión, ha argumentado que los ingresos se registran cuando se reciben, pero según el Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas y a la Ley Orgánica (PCAFP), los ingresos deben contabilizarse en función del momento en que ocurren, independientemente de cuándo se cobren.
Estas discrepancias y errores contables subrayan las preocupaciones sobre la transparencia y la gestión financiera de este partido y sus asociados durante esos años. El Tribunal de Cuentas ha identificado estas irregularidades como parte de su función de supervisar y garantizar la legalidad en las cuentas de las formaciones políticas en España.