Nueva demostración del despilfarro del dinero público.
El Ministerio de Justicia, que dirige la socialista Pilar Llop, gastó 19.600 euros para contratar “un servicio de fisioterapia y rehabilitación que alivie las tensiones musculares asociadas a posturas forzadas”. El contrato, de un año de duración, fue adjudicado el pasado 6 de octubre a la empresa Congar Rehabilitación y prevé un máximo de 1.400 sesiones de masajes para sus trabajadores, aunque solo para aquellos que operan en Madrid.
El diario ‘The Objective’ desvela que el servicio estará disponible bajo cita previa de lunes a viernes todos los meses del año, excepto agosto. Se podrán beneficiar aquellos empleados públicos del Ministerio de Justicia que, «sin estar de baja laboral así lo necesiten por padecer patologías agudas derivadas de su actividad laboral, o que, habiendo sido tratados por el Servicio de Salud, les haya sido prescrito tratamiento rehabilitador».
Pilar Llop
El tratamiento puede variar a criterio del fisioterapeuta dependiendo de la dolencia del trabajador. El profesional tendrá libertad para incluir una diversidad de métodos, como ejercicios, estiramientos, tracción, estimulación eléctrica y uso de distintos aparatos y masajes. Estarán enfocados a patologías de origen laboral, como reumatismos, fracturas, esguince, enfermedades degenerativas, lesiones deportivas y recuperaciones tras cirugías.
«Toda la gama de prestaciones ofertadas por la empresa adjudicataria estará diseñada específicamente para ajustarse a sesiones de 30 minutos con el fin de que se adapten a la apretada agenda de nuestros trabajadores brindando resultados rápidos y efectivos». La memoria justificativa, firmada por el subdirector general de Recursos Humanos del departamento de Llop, recomienda la contratación del servicio por «la insuficiencia de medios personales propios» para ejecutarlo.
Justicia lo pone en marcha dentro de sus funciones «en prevención de riesgos laborales y en vigilancia de la salud», según la memoria. Lo hace conforme a las recomendaciones que realiza el Real Decreto 488/97, que establece las disposiciones mínimas para trabajos con equipos que incluyen pantallas de visualización. El objetivo es potenciar la salud y bienestar de los trabajadores para conseguir «una mayor productividad junto a un menor absentismo laboral».