El Gobierno de Pedro Sánchez está pagando más en deuda pública que en políticas realmente útiles para los españoles.
Las subidas en las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo están empezando a tener un impacto en los pagos que España realiza por su deuda pública. En el segundo trimestre de 2023, esta deuda representó el 111,2% del producto interno bruto español. Según el Plan Presupuestario enviado a Bruselas este lunes, se espera que el gasto en intereses alcance el 2,4% del PIB en 2023 y aumente al 2,5% en 2024. La cifra nominal crecerá un 22,9% entre 2022 y 2024, llegando a los 39.078 millones de euros, marcando así un récord histórico. A pesar de este aumento, su proporción con respecto al PIB apenas variará debido al crecimiento económico.
Este incremento en el gasto en intereses contrasta con la estabilidad o ligera disminución en otras áreas del presupuesto, lo que permitirá reducir el gasto público en relación al PIB del 45,8% al 45% en 2024. La única excepción destacada, junto con los intereses, es la inversión en defensa, que aumentará del 1,2% del PIB en 2023 al 1,3% en 2024, en cumplimiento del compromiso de la OTAN de alcanzar el 2% en 2029. Así, el gasto en intereses para el próximo año será mayor que el gasto combinado en políticas activas de empleo (1,9%) y vivienda (0,5%). También superará la mitad del gasto en educación (4,3%) y más de un tercio del gasto en sanidad (6,7%).
Es importante tener en cuenta que este escenario se basa en el marco presupuestario actual, que es una prórroga del año 2023 debido a la situación de Gobierno interino. Si el nuevo Gobierno aprobara un presupuesto diferente durante el próximo año, la distribución del gasto podría cambiar, aunque esto probablemente implicaría reasignaciones de fondos entre partidas existentes en lugar de un aumento total, dado el límite de crecimiento del gasto público impuesto por Bruselas en el marco de la disciplina fiscal.
A pesar de que el gasto en intereses no se incluye en el cálculo del indicador del gasto primario nacional neto, representa un costo de oportunidad para implementar políticas que podrían tener un impacto en la economía o en la sociedad española. Además, este costo está destinado a aumentar en los próximos años debido al alto nivel de endeudamiento público y a la política del BCE de mantener tasas elevadas durante un período prolongado para reducir la inflación alrededor del 2%, una meta que en España no se alcanzará hasta 2025.
Pedro Sánchez
El gasto en intereses en 2026
El costo promedio de las nuevas emisiones del Tesoro ha experimentado un aumento significativo, pasando del -0,04% registrado en 2021 al 3,4% alcanzado en septiembre, un valor que no se veía desde 2011. Este aumento en el costo de emisión ha marcado un punto de inflexión en el costo promedio de la cartera de deuda del Estado, resultando en un mayor gasto en intereses. Sin embargo, este gasto sigue representando un porcentaje menor del PIB en comparación con los años inmediatamente posteriores a la crisis financiera. En la última década, el gasto en intereses estuvo por encima del 3% del PIB hasta 2015, descendió alrededor del 2% hasta que los tipos de interés comenzaron a aumentar en 2022.
Según indica el Programa de Estabilidad 2023-2026, el impacto de las notables alzas en los tipos de interés desde 2022 se reflejará «gradualmente» en el gasto en intereses, debido a la larga vida media de la cartera de deuda gestionada por el Tesoro, que se sitúa en aproximadamente ocho años. No obstante, a partir de 2024, el Gobierno anticipa «un aumento moderado y manejable del gasto en intereses como porcentaje del PIB», según detalla el Plan Presupuestario. La proyección actual contempla un gasto en intereses equivalente al 2,9% del PIB en 2026, siempre y cuando los tipos no suban más allá de las expectativas. Esta estimación coincide con la realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).