El Gobierno de Pedro Sánchez sigue despilfarrando el dinero público a pesar de estar en funciones.
Según el diario ‘The Objective’, Moncloa ha adjudicado seis contratos de publicidad por valor de 5,7 millones de euros desde que está en funciones. Así lo confirman los datos de la Plataforma de contratación del sector público que indican que el Ejecutivo reactivó esta herramienta a comienzos de septiembre y ha acelerado la ejecución en octubre, después de dos meses en el dique seco a causa de las elecciones generales del 23 de julio.
De esta manera, la cifra recién adjudicada en funciones se suma a los 87 millones que ya se habían licitado antes de las elecciones. En lo que va de año, se han entregado un total de 92,7 millones de euros, acercándose peligrosamente al récord establecido el año pasado, cuando se alcanzó la cifra más alta desde 2009, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. En total, se han concedido 53 contratos desde enero.
Según las fuentes consultadas, dado el nivel de adjudicación actual y el hecho de que aún quedan doce semanas por delante, es muy probable que se supere la cifra de los 103 millones de euros del año anterior. Además, es importante tener en cuenta que el Plan de Comunicación y Publicidad Institucional de 2023 asignó un presupuesto total de 145,9 millones de euros para todo el año en curso. Hasta la fecha, se ha ejecutado el 64% de este presupuesto total, lo que indica un uso significativo de los recursos destinados a la comunicación y publicidad institucional.
Pedro Sánchez
Contratación de publicidad
A principios de septiembre, el Gobierno en funciones aprobó seis nuevas campañas de publicidad mediante el procedimiento de contratación anticipada para el año 2024. Se asignó un total de 25,2 millones de euros, destinados a diversas áreas como seguridad vial, desarrollo rural, turismo, agricultura y ciberseguridad. Estas campañas se ejecutarán a partir del próximo año y se distribuirán en varios medios de comunicación y soportes.
El patrón común detrás de estos presupuestos elevados son dos años de intensa actividad electoral. En 2022, se llevaron a cabo elecciones en Castilla y León y en Andalucía, mientras que en 2023 se celebraron las elecciones municipales en mayo y las generales en julio. Durante estos dos años, se gastaron 195,7 millones de los 293,9 millones presupuestados para publicidad institucional, una de las cifras de ejecución más altas de los últimos cinco años.
La Ley de Publicidad Institucional establece que no se pueden emitir campañas desde la convocatoria de las elecciones hasta la realización del proceso electoral, pero no menciona nada sobre su adjudicación. Algunas fuentes indican que no se pueden adjudicar campañas con el Gobierno en funciones, aunque la normativa no lo prohíbe explícitamente. Lo cierto es que las últimas campañas fueron adjudicadas en junio y, después de la pausa de julio y agosto, se reanudaron en septiembre y han continuado durante la primera quincena de octubre.