Nueva polémica en la gestión de Irene Montero.
El Ministerio de Igualdad se estaría saltando la ley en la concesión de contratos menores. Estos tienen escasa cuantía y su adjudicación es rápida, pero son también especialmente poco transparentes. Entre otras cosas, no constan pliegos y tampoco existe concurso.
Un análisis realizado por el periódico ‘The Objective’ sobre los últimos 120 contratos menores de Igualdad, otorgados a dedo, revela que hasta 26 de ellos fueron concedidos sin contar con las tres ofertas requeridas por la ley. Es crucial recordar que esta normativa busca aumentar la transparencia y la competencia. La Instrucción 1/2019, emitida el 28 de febrero de 2019 por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, establece la necesidad de solicitar tres presupuestos o, en su defecto, justificar por qué no se han solicitado.
Esta disposición es obligatoria para los organismos de la Administración General del Estado. Sin embargo, algunas comunidades autónomas han legislado en contra de esta norma. Su interpretación es que en los contratos menores no es necesario evaluar diferentes oferentes. Las concesiones de servicios no deben superar los 14.999 euros, mientras que las de obras no deben exceder los 39.999 euros. Dividir estos contratos, práctica conocida como troceado, para evitar estas cifras es ilegal, aunque lamentablemente, no es poco común.
En el caso de los contratos otorgados por Igualdad, resulta sorprendente que menos del 25% de ellos cuente con solo 1 o 2 ofertas, incluso considerando las excepciones puntuales que permiten menos de tres presupuestos. Además, estos contratos a dedo no pueden tener una duración superior a un año ni prorrogarse.
Irene Montero y Ángela Rodríguez ‘Pam’
Igualdad adjudica tres de cada cuatro de sus contratos de esta manera, lo que evita la fiscalización y ha sido objeto de críticas debido a las posibilidades de favoritismo que presenta. Los contratos menores pueden ser concedidos a cualquier empresario con capacidad legal y habilidades profesionales necesarias para realizar la tarea, y la supervisión es mínima. En más de una ocasión, el Tribunal de Cuentas ha revelado la división de contratos para eludir los controles.
Desde el inicio de esta legislatura, el Ministerio de Igualdad ha licitado un total de 869 contratos, de los cuales 697 son catalogados como menores. Más de la mitad de ellos rozan la cifra límite para el control, y un porcentaje considerable se sitúa en los 14.999 euros. Esto les permite evitar múltiples controles de transparencia y eludir la obligación de convocar un concurso público para licitar un servicio.
Desde enero de 2020, se han ejecutado aproximadamente 1,3 millones de contratos menores de obras, servicios y suministros. Aunque la mayoría de ellos implican sumas pequeñas, al analizar los contratos de obras que oscilan entre 13.333 y 39.999 euros, se descubre que el 11% (4.969 contratos) se encuentran en la franja de 39.900 a 39.999 euros. Esto indica que las administraciones están utilizando este mecanismo para evitar trámites y evitar controles y publicidad.
En el caso de suministros y servicios, ocurre algo similar. Entre 2000 y la franja de entre 5.000 y 14.999 euros, se otorgaron 243.000 contratos. De estos, 29.548 contratos se dieron por un importe de entre 14.900 y 14.999 euros, lo que representa el 12,1%. Además, dentro de los contratos menores también hay numerosos casos que podrían considerarse ilegales, aquellos que suman 15.000 euros o más en obras y servicios, y 40.000 euros o más en obras. Estos errores generalmente se deben a la falta de conocimiento de los adjudicadores y resultan en prácticas contrarias a la ley.