La izquierda y extrema izquierda siguen haciendo malabares para ocultar cuántos liberados sindicales existen en España.
Aquellos días previos al 29S de 2010 se pudo ver la última fotografía de la liberación sindical en España. UGT y CC.OO. celebraron en un día laborable una asamblea para arremeter contra la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero.
En el interior del Palacio de Vistalegre hubo 16.000 y otros 3.000 más fuera. Casi 20.000 trabajadores que se ausentaron de su puesto de trabajo para acudir a un acto sindical. Todos ellos hacían una labor semejante, cobraban el sueldo íntegro de su empresa o de la administración, pero se dedicaba casi a pleno rendimiento a labores de representación sindical.
Desde el diario ‘El Debate’ recuerdan que nunca ha habido datos oficiales sobre los liberados sindicales que hay en la administración y que se pagan con los impuestos de los españoles ni de los que hay en la privada y reducen considerablemente su aportación a la empresa.
Cándido Méndez intentó mejorar la percepción de los liberados sindicales al expresar que «erróneamente, la gente cree que son trabajadores que no hacen ningún esfuerzo». Las responsabilidades sindicales suelen incluir la representación de los intereses de los trabajadores en la empresa o el sector, la negociación de acuerdos colectivos, la participación en reuniones y comités laborales, así como la defensa de los derechos laborales de los trabajadores.
Pepé Álvarez
En cuanto a las estadísticas del sindicalismo en España, aunque son datos de hace varios años y no oficiales, se estimaba que había alrededor de 5.000 liberados sindicales en el sector privado, según la CEOE, y unos 10.000 en el sector público, incluyendo la administración central y autonómica. La situación se agrava al considerar que casi 300.000 representantes sindicales consumen aproximadamente 60 millones de horas al año en estas labores de representación de los trabajadores.
La CEOE afirmó hace algún tiempo que estos casi 5.000 liberados sindicales del sector privado costaban «más de 250.000 euros al año, sin tener en cuenta los costes de reemplazo o la productividad perdida».
En 2011, se produjo una reducción en el número de liberados sindicales. El 1 de agosto de ese año, 2.500 funcionarios y empleados públicos dejaron de ser liberados sindicales y regresaron a sus puestos de trabajo. La Comunidad de Madrid, bajo el liderazgo de Esperanza Aguirre, fue la primera en implementar esta medida, que resultó en un ahorro de 73 millones de euros. Aguirre tomó medidas drásticas, reduciendo el número de liberados sindicales de 3.600 a 1.200 y reduciendo su carga laboral de 75 horas semanales a 40. Además, se implementaron cursos de reciclaje para aquellos que regresaron a sus puestos de trabajo después de años de ausencia.
Se ha señalado que uno de los temas menos conocidos en la izquierda es el uso de fondos públicos para empleados que no cumplen con sus deberes laborales y que cobran por trabajar solo unas pocas horas al día. Esto contrasta con los representantes sindicales que en el pasado brindaban apoyo y conocimiento a los trabajadores para resolver problemas laborales y defender sus derechos.
Durante el gobierno de Pedro Sánchez, se ha observado una estrecha relación con los sindicatos, lo que se tradujo en un aumento de las subvenciones sindicales a 17 millones de euros. A cambio, hubo pocas o ninguna manifestación, pero se intensificaron las críticas hacia los empresarios. Esto marcó una situación atípica en España, donde los sindicatos solían protestar contra los empleadores en lugar de contra el gobierno.
La llegada de partidos como el PP y VOX a muchas comunidades después de las elecciones municipales ha generado preocupación por la presencia de los sindicatos, especialmente en regiones como Castilla y León, donde se anunciaron recortes significativos de personal.