El Gobierno de Pedro Sánchez ha regado de millones a sus ‘amiguetes’.
Los contratos menores y a dedo, que deberían ser excepcionales, y los negociados sin publicidad, poco transparentes y demasiado frecuentes, siguen protagonizando la contratación pública. Todas las administraciones continúan apostando por instrumentos de contratación cuestionados desde diferentes ámbitos. La Administración General de Estado no es una excepción.
Un análisis de los contratos del Estado desde 2020 realizado por el diario ‘The Objective’ muestra que en uno de cada diez se utilizó el procedimiento negociado sin publicidad. Esta fórmula supone una adjudicación prácticamente a dedo en la que la administración elige el licitador o posibles licitadores.
Mientras tanto, la adjudicación de contratos menores a dedo sigue siendo motivo de preocupación, especialmente en los Ministerios de Seguridad Social y de Igualdad. Un análisis muestra que hasta 6.403 contratos estatales se llevaron a cabo sin ningún tipo de publicidad, y muchos de ellos con cuantías millonarias, mientras que 10.975 fueron catalogados como contratos menores. Aunque estos últimos tienen un valor menor, en algunos casos se repiten frecuentemente y son asignados a las mismas empresas.
Los tres contratos negociados sin publicidad más grandes están relacionados con la selección de proveedores y suministros para hacer frente a la covid-19. Estos contratos siguen bajo escrutinio debido a su extraordinario valor y a la falta de filtros adecuados durante el proceso de concesión, lo cual se atribuye a la urgencia que implicaba la situación. En conjunto, estas licitaciones suman un total de 2.131 millones de euros, como resultado de un acuerdo marco.
Además, el segundo contrato más importante negociado sin publicidad está relacionado con la fabricación de vehículos de combate sobre ruedas 8×8, con un valor de 1.736 millones de euros. El tercero contempla la «renovación de la capacidad de comunicaciones por satélite de la actual constelación de satélites SAPINSAT y XTAR-EUR,» con un coste de 1.155 millones de euros.
Los contratos a dedo
Entre los contratos financiados por la Unión Europea y asignados sin publicidad, que en total suman 223 millones de euros, el más significativo está destinado al desarrollo del plan de Digitalización Consular para el Ministerio de Asuntos Exteriores, con un valor de 77 millones de euros. El segundo contrato más relevante negociado sin publicidad es la construcción del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado, con un coste superior a los 38 millones de euros.
Los contratos menores, adjudicados a dedo, representan otra forma de asignación poco transparente que ciertos organismos abusan, a pesar de que deberían ser excepcionales. Tanto el Ministerio de Igualdad como el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la Administración General del Estado, recurren con frecuencia a esta práctica para cubrir sus necesidades.

Irene Montero
El Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero desde 2020, ha optado en gran medida por este tipo de contratación para cubrir la mayoría de las necesidades de sus departamentos y organismos adscritos. Aunque esta modalidad permite una ejecución rápida, se ha cuestionado su falta de transparencia y la escasa supervisión a la que se somete, lo que deja a los candidatos rechazados sin posibilidad de reclamar cualquier irregularidad. A lo largo de esta legislatura, los organismos dependientes del Ministerio de Igualdad han llevado a cabo 661 contratos menores, lo que representa el 75% del total de sus adjudicaciones.
En una auditoría del Tribunal de Cuentas sobre los contratos menores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), se ha puesto en tela de juicio la validez de algunos contratos relacionados con estudios sobre género, homofobia y transfobia, así como eventos repetitivos del 8 de marzo, renovaciones informáticas, una biografía de Dolores Ibárruri «La Pasionaria,» y labores de mantenimiento eléctrico y de comunicaciones. La auditoría dejó claro que las adjudicaciones menores por un valor de hasta 15.000 euros solo deben utilizarse para satisfacer necesidades concretas y claramente definidas.
Por otro lado, el Ministerio de Seguridad Social también ha recurrido en casi mil ocasiones a la asignación de contratos menores a dedo. Aunque esta fórmula permite una contratación más ágil y directa, su falta de transparencia ha sido objeto de críticas. En total, el Estado utilizó esta modalidad para 10.675 contratos.