Al Gobierno de Pedro Sánchez le crecen los enanos.
Más 45.000 firmas de afectados por la mala gestión del ingreso mínimo vital (IMV) llegarán este otoño a Bruselas, representadas por el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, mediante una declaración colectiva para defender ante el Consejo Europeo que España está vulnerando la Carta Social Europea.
La razón es que hay algunos elementos de esta normativa, que sacó adelante el ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, que no funcionan y no cumplen con el espíritu y objetivo de auxiliar a los vulnerables. Más bien al contrario, la prestación del ingreso mínimo vital ha devenido en algunos casos en un largo calvario.
Quejas, dudas, procesos incorrectos, cobros revertidos e indebidos, comunicación bloqueada y silencio administrativo que, a la postre, generan frustración y deudas inasumibles para estas personas, cuando la Agencia Tributaria detecta o valora que, dos años después, ese beneficiario no tiene derecho a seguir recibiendo la ayuda porque quizá ha vuelto a trabajar y ha tenido más ganancia en su renta de trabajo.
Tras la petición de la Comisión Europea para que todos los países tuvieran una renta mínima estatal, el 16 de diciembre de 2021, el Congreso de los Diputados aprobó el ingreso mínimo vital, una prestación concebida para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. Pero no siempre ha sido así. De este modo lo detalla al diario ‘The Objective’ uno de los técnicos de ATD Cuarto Mundo, resaltando el caos de la administración central cuando cruza datos y hace las revisiones a los dos años de percibir la ayuda.
Ese procedimiento provoca situaciones disparatadas y dramáticas para la economía de las familias. De repente -aclara esta fuente-, te encuentras con que Hacienda reclama el total o parte del IMV que te dieron, porque ahora te dicen que no procedía y ni siquiera cumplías los requisitos. O el caso de otro beneficiario, que motu proprio avisa a la Administración para comunicar que su situación ha cambiado, porque está trabajando -luego ya no necesita esa ayuda-, y sin embargo, se encuentra con que el Estado no le hace caso y ni siquiera le responde.
Pero es que también se dan casos como este: tras un cruce de datos entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, la unidad de convivencia sale perjudicada porque deciden imputarte un hijo que ya no vive en esa unidad, y por eso dejas de percibir el ingreso.