Ya se suman 385.292 despidos en lo que va de 2023, un 43% más que en 2022.
Un dato demoledor a solo días de las elecciones generales del próximo 23-J, ya que tumba la excusa de Yolanda Díaz y del Gobierno de Sánchez de que el problema radica en que resulta “barato” despedir a un trabajador.
El diario ‘El Economista’ recuerda que no todos los despidos cuestan lo mismo. La indemnización por despido improcedente (no justificado) es de 33 días por año trabajado, pero la de un despido objetivo (es decir, justificado por causas económicas, organizativas o de producción) es de 20 días; aunque también pueden no cobrar nada, si el despido es disciplinario.
La confusión viene porque es a la finalización de un contrato temporal cuando el trabajador recibe una indemnización por año trabajado de 12 días, menor que la que recibiría si fuera despedido antes. También porque los despidos son más habituales entre los indefinidos que entre los temporales. Pero teniendo en cuenta este esquema, propuestas como la del Círculo de Empresarios de elevar de 12 a 15 días la compensación al finalizar un contrato temporal a cambio de reducir de 33 a 20 la de los indefinidos (cuando ya se les puede despedir a 20 días y, de hecho, es la indemnización habitual) se basen en la realidad de la legislación española.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz
Desequilibrio
La relación entre el costo de las extinciones y la dualidad del mercado laboral es un tema que continúa generando debate. En España, la principal causa de baja en afiliación por motivos estrictamente laborales sigue siendo el fin de un contrato temporal. En los primeros cinco meses del año, hubo 3.4 millones de bajas por esta razón, lo cual representa el dato más bajo desde 2013 y una disminución del 26% en comparación con 2022. Esto se debe en parte a que la reforma laboral ha reducido significativamente los empleos eventuales al eliminar los contratos por obra y servicio.
Sin embargo, el porcentaje de bajas por fin de contrato temporal sigue siendo mucho más alto que las bajas por despido (385,292 en el último año, con un aumento del 43%) y los ceses por no superar el periodo de prueba (372,709, que no se consideran despidos pero tampoco tienen costo). Esto sugiere que las empresas prefieren finalizar los contratos temporales en lugar de despedir a los empleados, ya sea que tengan un contrato fijo o temporal. Además, los afiliados con contrato temporal representan el 14% del total de afiliados al Régimen General, lo que indica una alta volatilidad en su empleo y, por lo tanto, una mayor precariedad laboral.
En este contexto, la propuesta de aumentar el costo de extinguir los contratos temporales de 12 a 15 días puede tener sentido, ya que podría incentivar a las empresas a ofrecer contratos más estables. Sin embargo, también se plantea la cuestión de los contratos fijos discontinuos, que son contratos indefinidos pero están vinculados a actividades eventuales. Estos trabajadores experimentaron un aumento del 147% en las bajas por pase a la inactividad en los periodos en los que no trabajan, a pesar de tener contratos indefinidos a efectos de despido. Estos casos también reflejan una precariedad laboral y plantean desafíos adicionales.
La evolución de las cifras de despidos y extinciones es uno de los efectos secundarios de la reforma laboral que sigue generando debate, ya que se sospecha que la reducción del empleo temporal se ha logrado a expensas de empeorar la calidad de los empleos fijos. Aunque es innegable que la propuesta de abaratar el despido para que se firmen menos contratos temporales se ha logrado en parte al reducir las modalidades contractuales, al analizar la serie histórica de contratos registrados se puede concluir que una receta basada exclusivamente en reducir el costo del despido no reduce la dualidad del mercado laboral. En algunos casos, como en 2012, cuando la indemnización por despido improcedente se redujo de 45 a 33 días, y se clarificaron las causas para realizar despidos objetivos con una indemnización de 20 días por año, el efecto fue el contrario al esperado. La creación de empleo se basó en contratos temporales, que alcanzaron un máximo histórico de 1.9 millones en julio de 2019 cuando la economía española comenzó a recuperarse de la crisis financiera.
En resumen, la relación entre el costo de las extinciones y la dualidad del mercado laboral es compleja y está sujeta a múltiples factores. Si bien aumentar el costo de extinguir los contratos temporales puede tener sentido para fomentar la estabilidad laboral, es necesario abordar de manera integral la calidad de los empleos fijos y las modalidades contractuales para reducir la dualidad y promover un mercado laboral más equitativo.