La convocatoria adelantada de las elecciones impactará a la economía española.
Pasadas las 11:15 horas, Pedro Sánchez apareció en Moncloa para anunciar que pidió disolver las Cortes y convocar a las elecciones generales de manera adelantada para el 23 de julio.
Es la contundente respuesta del presidente del Gobierno a la contundente derrota del socialismo en las elecciones autonómicas y municipales de este domingo, 28 de marzo. Ahora, la decisión del líder del PSOE tendrá un impacto directo sobre la economía del país.
Por ejemplo, la convocatoria de elecciones detiene la tramitación de numerosos proyectos de ley. Algunos seguirán vigentes como decretos, pero otros muchos decaen.
La convocatoria de elecciones generales paraliza automáticamente la tramitación en el Congreso y en el Senado de todas las iniciativas legislativas, ya sean proyectos de ley, proposiciones de ley o cualquier otra norma. En concreto, se estima que más de 60 leyes queden en ‘pausa’ tras la decisión electoral.
La Ley de Vivienda también se verá afectada, ya que si bien entró en vigor el viernes pasado después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, su aplicación real ha quedado ahora totalmente en el aire. En este sentido, no podrá llevarse a cabo la tramitación extraordinaria propuesta por el Gobierno para introducir enmiendas y mejoras.
Pedro Sánchez
También se quedarán en el tintero la creación de la Autoridad del Cliente Financiero, recién aterrizada en el Senado, las ayudas por las sequías o la Ley de Economía Social, mientras que no será posible introducir ningún cambio a la nefasta reforma de las pensiones de José Luis Escrivá, a pesar de las duras críticas que recibió por parte de los empresarios.
Una situación similar ocurre [la incapacidad de introducir cambios y mejoras] con los decretos anticrisis, del plan +Seguridad para tu energía, de mejora de las condiciones de trabajo en personas trabajadoras al servicio del hogar y de nuevo sistema de cotización para autónomos.
Como si fuera poco, también se pisa el freno en la Ley de Movilidad Sostenible, de Función Pública y de la creación de un organismo para investigar accidentes e incidentes en trenes, aviones y barcos; que ya habían recibido las enmiendas al articulado de los grupos para su tramitación parlamentaria.
Tampoco verán la luz la reforma de la Ley de Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles, cuyo anteproyecto, que traspone una directiva europea sobre transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas de empresas, fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero; ni la Ley de Acciones de Representación para la Protección de los Intereses Colectivos de los Consumidores.