Hecha la ley, hecha la trampa.
El Ministerio de Igualdad, en manos Irene Montero desde 2020, utilizó una ‘treta’ con el objetivo de poder designar a dedo una importante cantidad de contratos públicos. Todos esquivando los concursos públicos, pero también los controles que pueden resultar tanto incómodos como comprometidos para la polémica cartera ministerial.
A pesar de que se trata de una fórmula legal, su aplicación debería ser excepcional. Algo que no ocurre en Igualdad, donde uno de cada cinco contratos menores aprovechan dicho ‘truquito’ para aprobar los contratos por la puerta de atrás y sin opción a los controles que se diseñaron para controlar al sector público.
Según desvela ‘The Objective’, el ministerio de Montero sacó adelante 338 contratos de este tipo, lo que supone ocho de cada diez de sus concesiones. “Una parte importante de las adjudicaciones de contratos menores de Igualdad no cumple el precepto de que solo pueden utilizarse para satisfacer necesidades puntuales y esporádicas, concretas y perfectamente definidas, y urgentes”, denuncian.
Junto a esto, hasta ocho contratos de los departamentos vinculados a Montero contemplaban un importe de 15.000 euros; 62 de 14.999; y uno, de 14.998 euros. Esto supone que uno de cada cinco contratos menores fueron diseñados para no superar el límite legal y tener que someterlos a concurso público y a los plazos y requisitos que se prevén para la licitación pública. El importe total de estos 71 contratos al límite supera el millón de euros.
Irene Montero
¿Dónde se gasta el dinero público?
El citado medio indica que algunas de las adjudicaciones a dedo se utilizaron para hacer los estudios sobre género, homofobia y transfobia, actos del 8-M (que se repiten cada año), renovaciones informáticas, una biografía de Dolores Ibárruri La Pasionaria o el mantenimiento eléctrico y de comunicaciones.
Al detalle, de los más de tres centenares de contratos adjudicados por esta vía, la mitad se licitó por entre 14.000 y 15.000, justo en el límite legal, y buena parte de ellos tenían un importe de 14.999 euros.
Algunos organismos públicos y empresas, como la Universidad Complutense o Nexus Facilities & Solutions, dedicada a montajes eléctricos, aire acondicionado, protección contra incendios, ingeniería, construcción y mantenimiento, se han adjudicado cuatro contratos del Ministerio en tres años.
Nexus, radicada en Villanueva de la Cañada, logró en 2022 cuatro contratos, dos en junio con tres días de diferencia, otro en julio y el último a final del año. Todos los licitó el Instituto de las Mujeres y tuvieron como objeto el mantenimiento de las instalaciones básicas de los inmuebles, el de los ascensores, la fontanería y la climatización y la electricidad y las comunicaciones. Dos se adjudicaron por 13.070 euros, un tercero por 14.137 euros y el de los elevadores por 14.868 euros.