El ‘caso Mediador’ ya está retumbando en los pasillos de la justicia europea.
La magistrada que investiga la trama de corrupción que salpica a figuras del PSOE como el diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo (Tito Berni), Ángeles Lorenzo-Cáceres, ya envió las diligencias practicadas hasta la fecha a la Fiscalía Europea.
Es importante recordar que la presidenta de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeir, solicitó a la Comisión Europea que abra una investigación para conocer qué hay detrás del ‘Caso Mediador’.
La alemana, que ya se ha mostrado crítica con la poca transparencia del Gobierno de España con el uso de los fondos europeos, quiere determinar si los fondos que Bruselas destinó a España están o no implicados en alguna de las ramas de la presunta trama de corrupción que afecta, hasta la fecha, a varios dirigentes del PSOE.
Es importante recordar que Hohlmeir fue quien, en enero de 2023, reconoció durante una entrevista con el diario ‘ABC’ que temía que los fondos de recuperación entregados a España se pierda en la telaraña de la corrupción del PSOE.
La eurodiputada alemana desveló que Sánchez y su equipo le trasladó en una reunión que el dinero de los fondos de recuperación se había invertido en reformas. Sin embargo, matizó que “no dijeron nada concreto sobre el dinero”.
La desconfianza está servida en Bruselas contra Sánchez no solo por las constantes dudas de la presidenta de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, sino también por las reformas al Código Penal para reducir las penas por malversación.
Pedro Sánchez en la UE
Preocupación en Bruselas
La Fiscalía Europea está estudiando la causa para verificar si hay hechos que sean de su competencia. Según el sumario, cabe la posibilidad de que pudiera existir un presunto desvío de fondos europeos, motivo por el que existe una gran preocupación dentro de la justicia europea.
En concreto, el material entregado al Ministerio Público europeo son las actuaciones que hacen referencia al proyecto de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp) para reforzar la capacidad de los Grupos de Acción Rápida de Vigilancia e Intervención, que funcionan dentro de las gendarmerías de seis países africanos.
El proyecto estaba dirigido hasta 2021 por el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, el único de los miembros de la trama a los que la juez ha enviado a la cárcel.
La magistrada Lorenzo-Cáceres indaga en una red liderada, presuntamente, por el general y por el exdiputado socialista Tito Berni para la trama.
Los investigadores de la Policía, en sus primeras conclusiones, indicaron que los miembros del «grupo criminal», como se refiere a él la jueza, cobraban ‘mordidas’ a cambio de dinero y dádivas.
Los investigadores sostienen que el grupo perseguía «un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas».