Alberto Núñez Feijóo pide a Sánchez que renuncie a modificar el Código Penal “a toda prisa” y le insta a alcanzar acuerdos de Estado entre el partido que gobierna y el que gobernará.
Así, el presidente del Partido Popular avanza que, de no hacerlo, la otra salida “imprescindible” sería la celebración de elecciones generales. “Negar esta posibilidad sería la prueba de que se quiere avanzar en una agenda política marcada por fuerzas contrarias al interés del pueblo y que no está validada en las urnas porque los electores lo desconocían”, añade.
Señala que, ante el mensaje subliminal de Sánchez de que hará todo lo posible para contentar a los independentistas y controlar la Justicia, él hará todo lo contrario: defender al Estado y la democracia en todo momento y garantizar la independencia del Poder Judicial y advierte al jefe del Ejecutivo de que “no hay sentido de Estado en que el Gobierno someta las grandes decisiones al capricho de los partidos que quieren irse de nuestro país”.
Exige a Sánchez que pare la “escalda verbal sin precedentes” y la “concatenación de cesiones inaceptables” al independentismo porque lo que está ocurriendo no es algo puntual sino la “tónica habitual en una legislatura estrambótica”. “Esto no es hacer historia, es deshonrar la tradición democrática de nuestro país” señala tras criticar que el Ejecutivo y sus socios hablen de golpes de Estado, califiquen a los jueces de fachas con toga y de cuestionar los procedimientos.
“Basta ya de impugnar el sistema que ha traído a nuestro país los 40 años de mayores libertades, mayor estabilidad política, libertad social y prosperidad económica de nuestra historia”, reclama.
Niega que la derogación del delito de sedición hecha a toda prisa en el puente de Todos los Santos, la rebaja de la malversación en el de la Constitución o la modificación de la elección del TC en víspera de la Navidad se deban a una defensa de los intereses generales. “Solo era y es urgente para el independentismo y que este siga apoyando a Sánchez”, recalca.
ENTREVISTA AL ABOGADO Y CRIMINÓLOGO PABLO DE PALACIO
Desde 24hEconomia.com entrevistamos al abogado y criminólogo Pablo de Palacio quien nos da todas las claves para entender la inédita decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la aprobación de las enmiendas con las que Pedro Sánchez trataba de cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Es una medida insólita pero que yo creo que llega en un momento que puede suponer un antes y un después para las tramitaciones parlamentarias. Lo que no tiene ningún sentido, y eso lo que denota es una falta de rigor legislativo en la práctica común de las cámaras, es que mediante una enmienda se intente legislar sobre algo que no tiene nada que ver con esa proposición de ley presentada. Yo creo que es que incluso cualquier demócrata que entienda las reglas del juego de la elaboración de las leyes estará de acuerdo con que una enmienda que intente modificar una Ley Orgánica del Poder Judicial y del Constitucional cuando el texto que enmienda es sobre una modificación del Código Penal, es decir, que no hay ningún tipo de identidad de objeto, sabe perfectamente que eso no cabe y que eso es contrario a la Constitución.
Además, el abogado añade:
Aquí hay un primer un primer paso que yo creo que es importante destacar: se hace por proposición de ley y no por proyecto de ley. La diferencia entre la proposición y el proyecto es que el proyecto de ley viene directamente aprobado por el Consejo de Ministros, es decir, por el Gobierno y requiere de un informe del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, cosa que no sucede con la proposición de ley. La proposición de Ley la formulan los partidos políticos a la mesa del Congreso y esta entonces da traslado a los demás. Con lo cual, si nos paramos a pensar por qué el PSOE y Podemos, como partidos políticos, han presentado la proposición de modificar el Código Penal -y no lo por medio de un proyecto de ley- es precisamente para evitar estos informes tanto del Consejo de Estado como del Consejo General del Poder Judicial sobre el fondo del asunto. Sobre qué supone la derogación del delito de sedición y, sobre todo y más importante, qué supone la modificación del delito de malversación.