En un contexto global marcado por la rivalidad geopolítica, la seguridad nacional y la competencia tecnológica, España se suma al movimiento europeo de endurecer los controles sobre la inversión extranjera directa (IED). Lo que comenzó como una medida temporal durante la pandemia se ha transformado en una política estructural de vigilancia económica.
El Gobierno ha anunciado un nuevo marco legal que amplía los sectores considerados “estratégicos” y que exige autorización previa para toda inversión que supere ciertos umbrales en energía, telecomunicaciones, defensa, infraestructuras críticas y tecnologías emergentes (Gobierno de España, 2025). La medida, defendida en nombre de la “seguridad nacional y la autonomía estratégica”, ha sido celebrada por Bruselas como un paso hacia la protección del interés europeo. Pero detrás del lenguaje institucional se esconde una cuestión más profunda: ¿hasta qué punto protegerse del capital extranjero es una forma de protegerse del progreso?
De la globalización a la vigilancia económica
La Unión Europea ha pasado en pocos años de fomentar la apertura económica a vigilarla con celo. En 2020, la Comisión Europea aprobó su primer marco común de supervisión de inversiones extranjeras, una respuesta al creciente apetito de empresas chinas y fondos soberanos del Golfo por adquirir activos estratégicos europeos (Comisión Europea, 2024).
España adoptó un sistema propio ese mismo año, ampliando el control a todas las inversiones extracomunitarias superiores a 500.000 euros en sectores considerados sensibles. Lo que en su momento se justificó como una medida temporal de emergencia sanitaria se ha convertido ahora en un instrumento permanente de política económica (Ministerio de Economía, 2025).
La nueva ley, aprobada en el Consejo de Ministros en octubre, introduce una lista ampliada de sectores sujetos a autorización previa, incluyendo inteligencia artificial, almacenamiento de datos, semiconductores y ciberseguridad. En la práctica, ninguna operación relevante podrá realizarse sin el visto bueno del Estado.
El giro europeo: proteger o controlar
España no está sola. Alemania, Francia e Italia han reforzado también sus regímenes de control de IED. Bruselas promueve una visión más “geopolítica” de la economía, donde las inversiones ya no se miden solo por su rentabilidad, sino por su compatibilidad con los valores y la seguridad europea (European Commission, 2024).
El discurso suena convincente: en un mundo donde los datos son poder y las infraestructuras digitales son el nuevo campo de batalla, permitir la entrada indiscriminada de capital extranjero puede poner en riesgo la soberanía. Pero la realidad es más ambigua. El endurecimiento de controles puede ahuyentar inversiones legítimas y reducir la competitividad europea frente a Estados Unidos y Asia.
El economista francés Jean Pisani-Ferry (2022) advierte que “la obsesión por la autonomía puede terminar convirtiéndose en una forma de proteccionismo improductivo”. En otras palabras, la defensa de la soberanía económica puede acabar limitando el dinamismo económico.
España: vigilancia estratégica o miedo a perder el control
En el caso español, el nuevo marco regulatorio refleja una mezcla de prudencia y desconfianza. Durante la última década, España ha recibido importantes flujos de inversión extranjera, especialmente en energía, telecomunicaciones y banca. Empresas como BlackRock, Brookfield o Qatar Investment Authority poseen participaciones relevantes en compañías estratégicas como Iberdrola, Naturgy y Telefónica (Expansión, 2025).
El Gobierno argumenta que la medida busca evitar compras oportunistas de activos nacionales por parte de actores no europeos, especialmente de China y fondos soberanos de países sin alianzas estratégicas. El recuerdo de operaciones polémicas, como la adquisición de participaciones en empresas energéticas españolas durante los años de crisis, ha reforzado la narrativa de control.
Sin embargo, los críticos sostienen que el verdadero riesgo no es la pérdida de soberanía, sino el enfriamiento del atractivo inversor. Según datos de UNCTAD (2025), España registró una caída del 18 % en la inversión extranjera directa en el primer semestre del año, muy por encima de la media europea.
“Estamos mandando al mundo el mensaje de que España ya no es un país abierto al capital”, afirmó el economista Juan Velarde Fuertes (2025). “Y en una economía que depende de la inversión extranjera para financiar su crecimiento, ese mensaje puede tener consecuencias graves.”
El dilema de la soberanía económica
El concepto de “autonomía estratégica” se ha convertido en mantra político en Bruselas y Madrid. Pero su aplicación práctica plantea dilemas. ¿Debe Europa aspirar a producir y controlar todo internamente, incluso si eso encarece sus costes y frena la innovación?
El economista Xavier Vives (2024) plantea una advertencia: “La autonomía estratégica no debe confundirse con la autarquía. Si Europa intenta cerrarse al mundo en nombre de la soberanía, acabará siendo irrelevante en los mercados globales.”
España corre precisamente ese riesgo. Las inversiones extranjeras han sido una fuente clave de crecimiento, transferencia tecnológica y empleo. Endurecer su entrada puede proteger sectores críticos, pero también reducir la capacidad del país para atraer proyectos innovadores y competir por capital global.
La contradicción verde y digital
El nuevo marco de control choca además con las prioridades del Plan España Digital 2026 y la transición ecológica, que dependen en gran medida de capital internacional. Los proyectos de energías renovables, almacenamiento de hidrógeno y digitalización de infraestructuras requieren miles de millones en inversión privada, gran parte de la cual procede de fondos extranjeros.
La paradoja es evidente: el Estado pide inversión para modernizar el país, mientras endurece los mecanismos para permitirla. Según el Instituto de Estudios Económicos (2025), un 44 % de las inversiones en energía renovable en España proceden de fondos no europeos. Si la nueva regulación se aplica de forma rígida, muchos de estos proyectos podrían retrasarse o cancelarse.
La CEOE ya ha expresado su preocupación. En un comunicado reciente, la patronal advirtió que “la sobreprotección puede volverse contraproducente, erosionando la confianza de los inversores sin aumentar la seguridad económica” (CEOE, 2025).
Europa: el riesgo del proteccionismo moral
El endurecimiento de los controles de inversión forma parte de un fenómeno más amplio: el proteccionismo moral europeo. En nombre de la seguridad, el clima o los derechos humanos, Europa impone restricciones que la alejan de la competencia global.
El analista Nicolas Baverez (2023) sostiene que “Europa se protege tanto de los demás que termina protegiéndose de sí misma”. Esta tendencia, visible en la regulación tecnológica, energética y financiera, refleja una mezcla de miedo y culpa. En lugar de competir, Europa regula. En lugar de atraer, vigila.
El caso español es una manifestación local de ese fenómeno. Al endurecer los controles, el país proyecta una imagen de fortaleza, pero también de ansiedad económica. La soberanía no se gana cerrando puertas, sino negociando desde una posición de confianza.
¿Seguridad nacional o seguridad política?
Algunos observadores sugieren que detrás del nuevo marco regulatorio no solo hay preocupaciones geopolíticas, sino también motivaciones políticas internas. En un contexto de incertidumbre económica y polarización social, defender la “soberanía nacional” se ha convertido en un eslogan rentable.
El politólogo José Ignacio Torreblanca (2024) apunta que “la autonomía económica se ha convertido en la nueva frontera del populismo europeo”. Controlar la inversión extranjera es una forma de demostrar poder y soberanía, aunque sus efectos reales sean ambiguos.
En ese sentido, España no actúa tanto por amenaza externa como por necesidad interna de afirmar control sobre la economía. Pero esa afirmación, si se exagera, puede acabar debilitando la confianza internacional que sostiene al país.
Conclusión: entre la prudencia y la paranoia
El nuevo marco de control de inversiones refleja un cambio de era. Europa y España buscan protegerse en un mundo más hostil, donde la economía se ha convertido en un campo de batalla geopolítico. Pero proteger no siempre equivale a fortalecer.
España tiene motivos legítimos para vigilar la entrada de capital extranjero, pero si la vigilancia se convierte en desconfianza, el país podría sacrificar competitividad en nombre de una soberanía ilusoria. El equilibrio entre apertura y seguridad no se logra cerrando puertas, sino aprendiendo a mantenerlas abiertas sin ingenuidad.
En un mundo donde el capital se mueve a la velocidad de un clic, la paranoia económica es el primer paso hacia la irrelevancia.
Referencias
Baverez, N. (2023). La decadencia moral de Europa. París: Fayard.
CEOE. (2025). Comunicado sobre el marco de control de inversiones extranjeras. Madrid: CEOE.
Comisión Europea. (2024). EU Framework for Screening of Foreign Direct Investment. Bruselas: European Commission.
European Commission. (2024). Strategic Autonomy and Economic Security Report 2024. Bruselas: European Union Publications.
Gobierno de España. (2025). Real Decreto sobre control de inversiones extranjeras en sectores estratégicos. Madrid: Ministerio de Economía.
Instituto de Estudios Económicos (IEE). (2025). Impacto de la inversión extranjera en la transición verde española. Madrid: IEE.
Ministerio de Economía. (2025). Memoria de la Ley de Inversión Extranjera 2025. Madrid: Gobierno de España.
Pisani-Ferry, J. (2022). The Green Transition and Europe’s Economic Future. Bruegel Policy Paper.
Torreblanca, J. I. (2024). Europa y la autonomía estratégica pendiente. Real Instituto Elcano, Madrid.
UNCTAD. (2025). World Investment Report 2025. Nueva York: Naciones Unidas.
Velarde Fuertes, J. (2025). España y el capital global: un país entre la apertura y el miedo. Madrid: Civitas.
Vives, X. (2024). Competencia y soberanía industrial en Europa. IESE Insight, Barcelona.
Expansión. (2025). “España endurece los controles sobre el capital extranjero en energía y telecomunicaciones”. Expansión Economía.