En medio de todo este caos en el que está cuestionando cualquier orden de justicia internacional, aparece un nuevo acuerdo entre el reino de Marruecos y la Unión Europea que fue aprobado este pasado miércoles 1 de octubre y entro en vigor provisionalmente el viernes 3 de octubre. Justo un día antes de que expirara el plazo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para concretar una nueva relación comercial. Este tratado ha generado una amplia discusión por su impacto en los agricultores europeos y en la lucha por la liberación del pueblo saharaui.
¿Qué hay en el acuerdo?
El acuerdo negociado en un periodo corto (5 días) con Marruecos y rubricado en Bruselas introduce un sistema de etiquetado para los productos procedentes de las provincias meridionales de Marruecos, que incluyen el Sáhara Occidental. Este sistema busca garantizar que estos bienes puedan acceder a los beneficios arancelarios del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos. Sin embargo, su implementación ha sido acompañada de una serie de críticas y preocupaciones ya que parece una maniobra de franqueamiento de la justicia brindada por el TJUE.
La voz crítica
Una de las voces más destacadas en esta discusión es la de los agricultores europeos, que lejos de recibir una protección de sus productos o al menos un trato más igualitario para asegurar su competitividad, temen que el acceso adicional de productos agrícolas marroquíes a los mercados de la UE pueda afectar su viabilidad económica. Según Fernando García, secretario general del Sindicato Nacional de Agricultores de España: «Esto puede significar una competencia desleal«. Además, dice: «Los productores europeos han invertido en sus explotaciones y ahora se ven amenazados por bienes que pueden ser más baratos o producidos con condiciones laborales diferentes». Es decir, no están sujetos a las mismas exigencias que los productos locales de la zona euro.
Por otro lado, también ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos ya que, como señala Laura Pérez, directora del Centro de Investigación para la Paz y los Derechos Humanos: «El Sáhara Occidental sigue siendo una región en conflicto» y «Aunque el acuerdo menciona la importancia de estos productos, no se dice nada sobre las violaciones a los derechos humanos que continuamente ocurren allí». Añade ella: «Este enfoque parece más bien un intento de Marruecos por ganarse simpatías internacionales que una verdadera apuesta por la justicia y el desarrollo».
Además, el acuerdo ha generado polémica debido a su naturaleza secreta ya que la mayor parte de las negociaciones se han mantenido a puerta cerrada y fue a partir de documentos filtrados que se supieron los contenidos del acuerdo (no estaban completamente públicos en la página de la comisión). Continuando con los problemas de transparencia, según los documentos filtrados, el texto fue firmado días antes de que expirara el plazo concedido por el Tribunal de Justicia de la UE, que declaró ilegales los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos en 2019. Asimismo, la aportación del Parlamento Europeo a sido nula ya que no fue siquiera consultado por la comisión europea ni por el consejo europeo a lo largo de la elaboración del tratado ni la finalización del mismo.
Sin embargo, desde la Comisión Europea se argumenta que el acuerdo es una mejora de las condiciones existentes y un paso hacia la integración regional. «Este tratado no solo beneficia a Marruecos, sino también a los productores locales«, afirma Juan López, portavoz de la delegación en Marruecos. «La UE está comprometida con el desarrollo sostenible y esta medida refleja ese objetivo».
¿Beneficios? Dependerá del futuro
En resumidas cuentas, el nuevo acuerdo entre la UE y Marruecos representa un paso ambivalente hacia el futuro del Sáhara. Mientras algunos ven una oportunidad para fortalecer las relaciones comerciales y promover el desarrollo regional, otros perciben un riesgo para los intereses de productores europeos, para los derechos humanos en la región y para la transparencia y democracia de la UE. La próxima fase será clave: cómo se implementará este acuerdo y qué políticas adicionales se adoptarán para garantizar que sus beneficios sean equitativos, duraderos y sean percibidos por el pueblo saharaui que no es necesariamente la población del Sahara occidental (distinción que hace el TJUE en su sentencia).