El mercado laboral de España está sufriendo una verdadera avalancha de despidos.
Aunque aún no se disponen de los datos correspondientes a los últimos tres meses del año, ya es evidente que 2023 concluirá como el año con el mayor número de bajas de afiliación por despido de la última década. Hasta septiembre, se registraron 735,416 bajas, un aumento del 28% en comparación con 2022, superando con creces los peores momentos de la pandemia.
Es importante destacar que los despidos objetivos por causas económicas han experimentado un crecimiento aún más pronunciado, alcanzando un 35% y superando la cifra de 300,000. Este aumento revela claramente que la incertidumbre está afectando cada vez más a las plantillas. Sin embargo, los despachos de abogados advierten que lo peor podría estar por llegar, según adelanta ‘El Economista’.
La resistencia del mercado laboral en los últimos dos años ha desafiado de manera concluyente los pronósticos más pesimistas. Ni la inflación, ni las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ni los cambios introducidos en la reforma laboral parecen haber afectado negativamente al empleo, que ha continuado creciendo de manera significativa. No obstante, este crecimiento no ha sido suficiente para que España deje de registrar la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea y la segunda mayor tasa de temporalidad. Este análisis debe tener en cuenta el fuerte repunte de la actividad económica tras la crisis sanitaria y el fin de los confinamientos, factores que podrían haber compensado cualquier hipotético efecto adverso de las medidas mencionadas.
Despidos
En este contexto, varias estadísticas no parecen concordar con un balance tan positivo de la evolución del empleo como el presentado por el Gobierno. Un ejemplo destacado es el aumento significativo de las bajas de afiliación por despido en 2022 y 2023, que ha alcanzado niveles sin precedentes en la última década, según los registros de la Tesorería General de la Seguridad Social. Este incremento no parece mostrar signos de detenerse.
La aparente ‘irrelevancia’ del aumento en las bajas por despido puede tener su explicación principal en la volatilidad del empleo, la cual, tras la reforma laboral, parece haberse trasladado de los trabajadores temporales a los indefinidos. Muchos analistas señalan que las empresas recurren a las bajas por no superar el periodo de prueba (que ha experimentado un aumento significativo, llegando a cifras similares a los despidos) para ‘emular’ lo que solían hacer con los empleados eventuales, especialmente aquellos contratados bajo la desaparecida modalidad de obra y servicio. Sin embargo, esta dinámica también se estaría observando en los despidos, como evidencia la evolución de los justificados como disciplinarios, los cuales no conllevan indemnización.
Esta fórmula permite prescindir de trabajadores después de varios meses (más tiempo del que permite el periodo de prueba), aunque la empresa asume el riesgo de que el despido pueda ser declarado improcedente, lo que resultaría en una indemnización máxima de 33 días por año trabajado. Sin embargo, rara vez se llega a este extremo, y la compensación se negocia en un acuerdo extrajudicial, con un costo reducido para la empresa, dado que se trata de empleos de corta duración y, en caso de reclamación, la indemnización sería baja en el ‘peor’ de los casos.
Esta táctica se ha convertido en una alternativa económica al despido ‘exprés’, supuestamente eliminado por la reforma laboral de 2012 y utilizado con mayor intensidad después de la reforma de 2021. Durante los primeros nueve meses de 2023, se registraron 402,010 bajas por despido disciplinario, lo que representa el 54,7% del total y un aumento del 26,1% en comparación con 2022. Esta es precisamente la vía que el Gobierno pretende abordar con su reforma del despido, que se centra en reforzar la causalidad del despido y aumentar las indemnizaciones en caso de ser declarado improcedente, en función del perjuicio causado al trabajador.
Aunque la fortaleza del mercado laboral parece haber «absorbido» el aumento de los despidos de estos trabajadores, ya que no se traduce en un incremento neto del desempleo, es importante tener en cuenta que se trata de empleos de corta duración. En la práctica, esto implica que, aunque no se destruya empleo en términos netos, persiste una gran parte de la volatilidad del mercado laboral que la reforma laboral pretendía combatir. En este sentido, la situación no parece tener visos de revertirse, incluso con el cambio legal proyectado por Yolanda Díaz.