Los sindicatos también quieren sacar tajada a la desesperación de Pedro Sánchez.
Conscientes de que el líder del PSOE está pactando lo que sea con quien sea a cambio de lograr una cómoda permanencia en Moncloa, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también presentó sus exigencias para el mandatario en funciones.
El sindicalista se centra en una peligrosa triple exigencia laboral: la implantación, por ley, de la semana laboral de 35 horas; el encarecimiento del coste del despido improcedente; y el establecimiento, en el Estatuto de los Trabajadores, de un sistema automático, similar al de las pensiones, para que el salario mínimo interprofesional (SMI) equivalga siempre al 60 % del salario medio.
El líder de UGT ha expresado que el salario mínimo actual no refleja verdaderamente el 60% del salario promedio, respaldando su afirmación con datos de la Agencia Tributaria sobre las declaraciones de IRPF. Según él, para cumplir con esta premisa, el salario mínimo debería estar actualmente en 1.200 euros al mes en lugar de los 1.080 euros actuales.
Además de la indexación automática del salario mínimo utilizando datos de la Agencia Tributaria, Álvarez ha destacado la importancia de establecer una semana laboral de 35 horas en esta legislatura, sin que los trabajadores sufran pérdidas salariales, y posteriormente avanzar hacia las 32 horas semanales.
Álvarez ha argumentado que en España la jornada laboral máxima no ha cambiado en casi 40 años a pesar del aumento significativo de la productividad en todos los sectores. Ha señalado que, hoy en día, se necesitan 30 trabajadores menos para fabricar un automóvil en comparación con hace cuarenta años, lo que debería reflejarse en una jornada laboral más corta.
El líder de UGT propone reformar el Estatuto de los Trabajadores durante esta legislatura para reducir la jornada laboral máxima de 40 a 35 horas semanales sin reducir el salario de los trabajadores. Además, cree que esto sentaría las bases para avanzar hacia las 32 horas semanales a través de la negociación colectiva.
Pepe Álvarez
Despido improcedente
Álvarez también aboga por abordar el tema del precio del despido improcedente, argumentando que actualmente es «barato» y que debe tener en cuenta elementos como la situación personal del trabajador, su antigüedad y su formación. No cree que un aumento en el costo del despido tenga un impacto negativo en el empleo, a pesar de la postura de la patronal.
El sindicato también busca mejorar los servicios de intermediación laboral para ayudar a los 2,7 millones de desempleados en España a reintegrarse en el mercado laboral. Álvarez critica las altas ratios de desempleados por orientador en los servicios públicos de empleo y sugiere que las empresas deberían utilizar estos servicios para contratar a trabajadores.
Finalmente, Álvarez considera que la Ley de Empleo aprobada por el Gobierno no aborda el problema estructural del desempleo y que es necesario un compromiso más sólido, incluso por parte de las comunidades autónomas, para que los servicios de empleo funcionen de manera efectiva.