Más información

Suiza, el país que se volvió prisionero de su propia riqueza

Un estudio del Banco de España, realizado en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, examina cómo las sanciones por prácticas colusorias en licitaciones públicas han afectado a sectores y empresas en España entre 2010 y 2022. El análisis combina la Central de Balances Integrada, la Plataforma de Contratación del Sector Público y los expedientes sancionadores de la CNMC para ofrecer una visión empírica y detallada de los efectos observados.

El trabajo se apoya en una muestra amplia de 12,4 millones de observaciones que abarcan 1,8 millones de empresas en el periodo 2010-2022. La base de datos identifica tres grupos excluyentes:

• Empresas adjudicatarias de licitaciones sin sanción
• Empresas sancionadas por colusión
• El resto del tejido empresarial.

Además, se usa el índice Herfindahl-Hirschman (HHI) como medida de concentración de mercado y estimaciones de márgenes empresariales para evaluar cambios en la competencia y en la rentabilidad.

Resultados del estudio:

El Banco de España detecta una correlación positiva entre concentración sectorial y la incidencia de sanciones por colusión, lo que indica que las incoaciones tienden a concentrarse en industrias con mayor poder de mercado. En términos concretos, cuando aumenta la proporción de empresas incoadas (sancionadas en algún momento) en un sector, el HHI (la competitividad) tiende a disminuir en los sectores en estos. Este efecto es más claro en sectores con altos márgenes antes de la sanción, donde el incremento de sanciones se asocia con una caída estadísticamente significativa de los márgenes agregados del sector.

En cifras, un incremento de la ratio de empresas incoadas en una desviación estándar (aprox. 0,1 puntos porcentuales) se asocia con una reducción del HHI cercana a 6,7 puntos en sectores de alta concentración. Asimismo, en sectores con márgenes altos, la misma variación apunta a una disminución de alrededor de 0,1 puntos porcentuales en los márgenes medios ponderados. Estos resultados sugieren que las actuaciones de la CNMC contribuyen a reducir distorsiones que elevan los precios.

Efectos a escala de empresa

El análisis individual muestra que las empresas sancionadas por prácticas de colusión registran, en relación con otras adjudicatarias no sancionadas del mismo sector, una evolución económica menos favorable después de la incoación. Las sancionadas pierden ventas, reducen empleo y ven descender sus márgenes con mayor intensidad que sus competidoras. La inversión en capital también cae y lo hace de forma más inmediata en torno a la fecha de incoación, probablemente porque la inversión es una decisión discrecional sensible a la incertidumbre regulatoria.

Esta pérdida de peso relativo de las empresas sancionadas explica, en parte, la caída de la concentración observada a nivel sectorial. Dado que las empresas sancionadas suelen ser, en promedio, más grandes y longevamente establecidas, su debilitamiento favorece que aumente la cuota relativa de competidores no sancionados. El resultado neto, desde la perspectiva del comprador público, puede traducirse en precios más bajos y un ahorro en el gasto público.

Implicaciones económicas de esta correlación

Los hallazgos del Banco de España indican que la persecución de prácticas colusorias en licitaciones públicas tiene efectos consistentes con una mejora de la competencia y con posibles ahorros para la Administración. A corto y medio plazo, la detección y sanción debilita a las empresas colusorias, reduce márgenes y contribuye a una menor concentración en sectores especialmente afectados. Esto puede traducirse en un menor coste para las compras públicas y en una mayor eficiencia del gasto.

Sin embargo, el estudio alerta de varias limitaciones que matizan la interpretación:

• No se puede afirmar una relación estricta de causalidad por la dificultad de aislar variaciones exógenas que expliquen las incoaciones.
• La definición de mercado que utiliza la investigación se basa en la rama CNAE principal de las empresas sin capturar plenamente la dimensión geográfica o las actividades secundarias, lo que puede sesgar la evaluación del mercado relevante.
• La proporción de empresas sancionadas es baja respecto al universo de observaciones, lo que puede limitar la precisión de las estimaciones.

Todas estas limitaciones aconsejan prudencia al extrapolar los resultados y plantean la necesidad de fortalecer la detección y el análisis para comprender mejor los canales de transmisión.

¿Cómo fomentar la competencia?

El Banco de España describe que la CNMC combina sanciones con medidas de promoción de la competencia como recomendaciones sobre pliegos, formación a gestores públicos y el uso de herramientas de detección estadística e inteligencia artificial. La experiencia mostrada sugiere que es recomendable seguir reforzando tres líneas de acción:

1. Promover procedimientos abiertos siempre que sea posible para maximizar la concurrencia y reducir precios.
2. Mejorar la transparencia y la calidad del diseño de los pliegos para evitar barreras de entrada inadvertidas.
3. Mantener y ampliar programas de detección precoz y clemencia para desarticular cárteles de forma eficiente.

A retener:

La evidencia presentada muestra que las sanciones por colusión en licitaciones públicas tienen efectos observables en la estructura de los mercados y en la evolución de las empresas sancionadas. Los resultados apuntan a una reducción de la concentración y de los márgenes en los sectores más afectados y a una pérdida relativa de peso de las empresas colusorias. Al mismo tiempo, las limitaciones metodológicas obligan a una lectura conservadora y a reforzar los mecanismos de detección y la calidad de la contratación para consolidar los beneficios observados.

Referencias: