El Gobierno suavizará el gravamen temporal a las energéticas en la Ley de Presupuestos de 2024, avanzó Vozpópuli. Un cambio en la política fiscal de Moncloa que respondería a las presiones realizadas desde el PNV.
Pedro Sánchez anunció esta noticia durante su discurso, mientras que Yolanda Díaz expresó abiertamente su desacuerdo con la decisión. El PNV, responsable del primer desacuerdo en el nuevo Gobierno, condicionó su apoyo a la investidura de Sánchez a la revisión del impuesto a favor de empresas clave en el País Vasco, como Iberdrola y Repsol.
El acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar incluía la intención de convertir este impuesto a las grandes empresas de ambos sectores en permanente, una demanda fundamental para el partido liderado por Yolanda Díaz. Esta propuesta generó una reacción inmediata por parte del CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, quien consideraba «injusto» el impacto del 1,2% en sus márgenes y temía que la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país afectara a futuros proyectos industriales de la empresa en España.
La protesta de Imaz resonó en el PNV, partido que él mismo presidió entre 2004 y 2008. Dada la importancia de no perder votos de cara a las elecciones vascas y considerando el sector industrial vasco como un caladero significativo, el PNV decidió actuar con Pedro Sánchez, buscando satisfacer a sus empresas a través de enmiendas en relación con este impuesto.
En este contexto, la formación vasca celebró rápidamente la decisión del Gobierno de revisar el impuesto en junio, coincidiendo con la esperada aprobación de la Ley de Presupuestos. El Grupo Vasco anunció varios acuerdos con el Gobierno español, indicando que los gravámenes a la banca y las energéticas se integrarían en el sistema tributario y se acordarían previa modificación de los respectivos Conciertos y Convenios en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra. Además, se crearía un incentivo para el sector energético en función de las inversiones estratégicas, ante la posibilidad de una desaceleración en el gasto en transición ecológica.
Estos comentarios de triunfo se produjeron al mismo tiempo que la protesta de los perdedores. Yolanda Díaz expresó su desacuerdo con la rebaja fiscal al impuesto de las grandes energéticas, argumentando que estas empresas tienen beneficios significativamente mayores en España que en el resto de Europa, y consideró que una fiscalidad justa y verde no debería ser un obstáculo para la inversión, posición que contrastaba con la postura del PSOE.
Iberdrola
Díaz choca con Ribera y Montero
Esta postura también contrasta con la posición de las otras dos vicepresidentas del Gobierno. El 4 de diciembre pasado, Teresa Ribera mostró disposición a modificar el impuesto a las energéticas ante la amenaza de Repsol, Iberdrola y Endesa de trasladar inversiones fuera de España. El 12 de diciembre, María Jesús Montero confirmó esta postura. «El diseño del impuesto era inicialmente temporal», declaró Montero en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, señalando que en el acuerdo de investidura con Sumar se establece su permanencia. Explicó que se continuarán brindando incentivos a la inversión para la electrificación en red, con el objetivo de enviar un mensaje al sector energético para que mantenga o inicie inversiones y acelere su ritmo.
Victoria del PNV
A pesar de que la misma Montero, ahora vicepresidenta primera del Gobierno, propuso en octubre, tras la firma del pacto con Sumar, que este impuesto no solo se volvería permanente, sino que se endurecería, el discurso ha experimentado un cambio. Yolanda Díaz no está de acuerdo con este plan de modificación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La nueva propuesta consiste en ajustar este impuesto de manera que las empresas tengan la capacidad de retirar inversiones estratégicas consideradas esenciales para la transición ecológica, como el almacenamiento energético o los nuevos combustibles renovables. Este cambio ya está reflejado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cumpliendo con la demanda del PNV y respaldando el argumento que durante todo este tiempo han esgrimido Iberdrola y Repsol al protestar contra este impuesto.