El plan empresarial del independentismo hace aguas.
Las grandes empresas no piensan volver a Cataluña mientras siga sobre la mesa la realización de un referéndum de autodeterminación. Así lo adelanta el diario ‘The Objective’, donde se precisa que Caixabank y Sabadell han confirmado extraoficialmente que no tienen dentro de sus planes volver a Cataluña, mientras que Colonial ha indicado que no se pronunciarán hasta conocer el contenido del acuerdo.
Hablamos en cualquier caso de empresas que realizan cambios de sede social en situaciones extremas y que trabajan a largo plazo, por lo que deben dar certeza a sus accionistas y mantener su estructura sin cambios para dar estabilidad al mercado.
Las empresas buscan seguridad jurídica y un marco de convivencia institucional mínimo que -consideran- no se conseguirá con los acuerdos cerrados entre el PSOE y Junts. Es por ello por lo que -indican- no está encima de la mesa volver a Cataluña, ni antes ni ahora, y que su intención es mantener su sede social en el largo plazo en Madrid, Valencia, Alicante o Palma de Mallorca, según sea el caso y que no están dispuestos a revertir esta decisión por una nueva e incierta aventura en Cataluña.
Carles Puigdemont
Forzar el regreso a Cataluña
El acuerdo revelado el jueves entre el PSOE y Junts establece que se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación en los últimos años. Sin embargo, esta declaración, en lugar de ser percibida como una buena intención, se interpreta más como una futura campaña de presión sobre las empresas, según indican fuentes consultadas.
Las empresas consultadas no creen que el acuerdo político entre el PSOE y Junts contribuirá a mejorar el clima empresarial ni generará incentivos económicos para que las empresas regresen. Asimismo, consideran que la actitud beligerante expresada por Carles Puigdemont en su comparecencia del jueves, al señalar que Sánchez debería ganarse su apoyo durante toda la legislatura, abre la puerta a cuatro años más de inestabilidad y posibles tensiones entre Cataluña y el Gobierno español.
Lo que sí preocupa a las empresas son las posibles presiones y coacciones por parte de los gobiernos central y catalán para que emprendan su retorno a Barcelona. Los directivos de estas compañías expresan su inquietud ante una nueva ola de interferencias políticas en sus negocios. Aunque no está claro a qué se refiere exactamente el PSOE y Junts con la frase «facilitar y promover», la mayoría de las empresas no lo percibe de manera positiva y teme que pueda surgir una nueva serie de imposiciones y condicionamientos para obligarlas a regresar a Cataluña.
Uso político de la SEPI
Empresas consideradas estratégicas por el Gobierno, según la última Ley de Inversión Extranjera, abandonaron Cataluña, entre ellas Naturgy, Caixabank, Sabadell, Abertis, Agbar, o Catalana Occidente, sumándose a otras como Cementos Molins, Hotusa, Planeta, Codorniu, Axa, Bimbo, Allianz, o Zurich. Desde 2017, más de 5.000 empresas, en su mayoría pequeñas, buscaron mayor estabilidad fuera de Cataluña tras años de incertidumbre debido al proceso independentista.
En el ámbito de las grandes empresas, no se descarta que el Gobierno utilice toda su maquinaria para intentar impulsar el retorno de estas a Cataluña, incluso contemplando la entrada de la SEPI en su capital. Este medio ya ha informado sobre las intenciones del Ejecutivo de fortalecer su presencia en grandes corporaciones del Ibex con el objetivo de influir en su gestión y «proteger su españolidad», lo que implica participar en sus consejos de administración y, desde esa posición, ejercer presiones para cumplir con sus planes.
En cualquier caso, la vuelta de las empresas a Cataluña parece ser un movimiento que el Gobierno ha estado preparando durante varios meses. En abril pasado, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, señaló en una entrevista en Catalunya Ràdio que los motivos que llevaron a las empresas a abandonar la región «ya no existen», ya que el Gobierno logró el objetivo de «dar respuesta al conflicto» catalán, y ahora «la vida que se respira en Cataluña es completamente diferente».