El Banco Central Europeo (BCE) está ofreciendo algunas luces sobre las negociaciones del Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes sobre el futuro de La Caixa.
El diario Vozpópuli adelanta que “se teme que el futuro Gobierno acabe traspasando a la Generalitat el control y supervisión de la Fundación” a lo largo de la nueva legislatura. Una jugada importante, ya que la Fundación La Caixa aglutina participaciones empresariales de peso dentro del Ibex.
Es importante recordar que esta era una de las exigencias del bloque independentista formado por ERC y Junts para la investidura. En sendos acuerdos con cada uno de los partidos no se hace referencia explícita a esta pretensión, pero en el BCE no se descarta que se acabe plasmando en un cambio de ley, como indican fuentes en contacto con el supervisor.
De momento, PSOE y Junts han pactado un plan para «promover y facilitar» el regreso a Cataluña de las empresas que trasladaron sus sedes por el desafío soberanista de 2017. Se calcula que más de 3.000 empresas se fueron de la región, entre ellas, dos de los principales bancos del país: CaixaBank y Sabadell.
El primero mudó su sede social a Valencia (la Fundación optó por Baleares) y el segundo a Alicante como cortafuegos para la fuga de depósitos. Ambas entidades han defendido desde que salieron de Cataluña que la decisión era permanente y que el regreso no estaba sobre la mesa.
La Caixa
Preocupación en el BCE
El Banco Central Europeo (BCE) está siguiendo de cerca los acuerdos de Pedro Sánchez con sus socios independentistas, ya que si se cumple la promesa de otorgar la supervisión y vigilancia de la Fundación La Caixa a la Generalitat, desde el Eurobanco se emitirá un informe para precisar cómo la decisión supone un deterioro en la profesionalidad de la gestión.
El citado diario recuerda que ya existe un precedente. En julio de 2013, el supervisor único avaló la Ley de Cajas que impulsó un cambio drástico en la gobernanza y supervisión de las antiguas cajas. La Ley 26/2013 estableció que el Protectorado de las fundaciones herederas de las antiguas cajas con un ámbito de actuación que exceda el de una comunidad autónoma fuera pilotado por el Ministerio de Economía. Sólo había una excepción para la Fundación Kutxa, que controla el 32% del banco fruto de las tres antiguas cajas vascas.
«La reforma aborda varias deficiencias del gobierno de las cajas de ahorros españolas que, entre muchos otros factores, contribuyeron en cierta medida de la crisis del sector financiero español, y por tanto constituye un pilar importante del esfuerzo general de reconstruir la estabilidad financiera en España», expuso en su momento el supervisor único en su dictamen de 2013, firmado por Mario Draghi, entonces presidente del Eurobanco.
El BCE no tendría competencias directas sobre las Fundaciones Bancarias, pero es el encargado de controlar de cerca a los bancos participados. Por esta razón, vigila el plan de Sánchez y los independentistas, y no se descarta que pueda pronunciarse en caso de que la exigencia se plasme en un cambio de ley, como señalan fuentes próximas a los supervisores.