La entrada de Arabia Saudí en Telefónica a través del operador de la región de Oriente Medio, STC Group, ha generado preocupación en el Gobierno de Pedro Sánchez. En septiembre, la familia saudí adquirió un 9,9% de la compañía, justo por debajo del umbral del 10% que activaría el escudo antiopas establecido por Sánchez durante la pandemia para proteger a las empresas españolas de adquisiciones extranjeras.
El escudo antiopas tenía como objetivo blindar a las empresas españolas durante la crisis del COVID-19, cuando los mercados estaban volátiles. Sin embargo, con un porcentaje del 9,9%, STC Group claramente intenta evitar la intervención gubernamental en la operación.
Sánchez se encuentra en un proceso para formar un nuevo Gobierno, y la maniobra de Arabia Saudí representa un desafío adicional. El Gobierno en funciones no puede tomar una posición oficial sobre este tema debido a la incertidumbre política actual. El diario ‘Vozpópuli’ asegura que fuentes cercanas a Telefónica y al Ejecutivo de Sánchez han confirmado que no habrá declaraciones públicas sobre este asunto hasta que se resuelva la situación política.
La entrada de Arabia Saudí en Telefónica continúa siendo un tema sensible y en evolución para el Gobierno de España y la empresa de telecomunicaciones. La situación política interna jugará un papel crucial en las decisiones futuras relacionadas con esta operación.
Telefónica
Gobierno en funciones
La entrada de Arabia Saudí en Telefónica a través de STC Group ha creado un dilema para el Gobierno de Pedro Sánchez. Dado que el Gobierno está en funciones y hay negociaciones para formar un nuevo Ejecutivo, cualquier decisión a favor o en contra de la operación podría tener consecuencias negativas para los intereses del partido de Sánchez, tanto en el electorado si hay nuevas elecciones como entre los actuales y potenciales socios del Gobierno.
Este es el motivo por el cual fuentes cercanas al Gobierno han confirmado que no habrá declaraciones específicas o posicionamientos sobre la operación hasta que se resuelva la situación política interna. Además, se ha especulado que la demora en la notificación oficial de STC Group podría deberse a las conversaciones en curso entre Telefónica y el operador saudí para encontrar una manera adecuada de integrar la corporación con sede en Riad en la empresa española.
Sumar ya ha expresado públicamente su oposición a la operación y ha solicitado su veto. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha calificado a Telefónica como una empresa estratégica y clave en materia de defensa en España, y ha insistido en la necesidad de establecer garantías antes de permitir que una empresa extranjera entre en el capital de una corporación española.
Por otro lado, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha afirmado que Telefónica es una empresa estratégica para España y que el Gobierno utilizará todos los mecanismos necesarios para defender los intereses estratégicos del país. Sin embargo, hasta el momento, el Ejecutivo no ha recibido ninguna notificación oficial de STC Group sobre la operación, como es requerido en estos casos.
A pesar de las preocupaciones expresadas por parte del Gobierno y otros sectores, algunas fuentes sugieren que Pedro Sánchez probablemente no se opondrá firmemente a la operación debido a los numerosos intereses y contratos que España tiene con Arabia Saudí. Cualquier objeción podría poner en peligro estas relaciones y acuerdos. La situación sigue siendo delicada y en desarrollo para el Gobierno de España y Telefónica.