Aumenta la tensión en las relaciones económicas entre Estados Unidos y España.
El Gobierno de Pedro Sánchez está obligado a efectuar un pago de 300 millones de euros a NextEra, la principal compañía de generación de energía solar y eólica en los Estados Unidos. Esta determinación proviene del CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, luego de que la empresa de energía reclamara 521 millones de euros al Reino de España debido a la eliminación de las subvenciones a las energías renovables en 2012.
Cuatro años después, España sigue figurando en la ‘lista de morosos’, y la justicia estadounidense considera el caso de NextEra como un asunto «prioritario» para abordar el resto de fallos pendientes.
El Juzgado del Distrito de Columbia sigue gestionando solicitudes de España y sus asesores legales, que incluyen bufetes de abogados internacionales como Williams & Connolly o Foley Hoag, con el objetivo de detener el proceso y evitar el pago de los 300 millones, incluyendo los costos. Sin embargo, el tribunal rechaza esta vía y señala el caso de NextEra como su prioridad para sentar un precedente que se aplicará a las demás causas.
Este proceso también involucra sentencias favorables a otras empresas de energía, como 9Ren y Blasket Renewable. La prioridad se comunicó en un «informe de situación» emitido el 13 de octubre, que fue dirigido a los representantes legales de España y a los propietarios de otro arbitraje ampliamente conocido, el ‘caso Antin’, el cual está en manos de Infrastructure Services Luxembourg S.A.R.L y Energía Termosolar B.V.
Pedro Sánchez
NextEra se convirtió en el caso de arbitraje más importante entre una serie de procesos legales desencadenados por la decisión de España. La gigante energética estadounidense ganó este caso después de que el CIADI determinara que España violó el Tratado sobre la Carta de la Energía en 2012 al retirar los incentivos económicos para proyectos de energía renovable.
Estos incentivos en España habían atraído a NextEra para invertir en dos plantas fotovoltaicas en Extremadura. En 2007, NextEra invirtió aproximadamente 750 millones de euros en estos proyectos para aprovechar las tarifas garantizadas del país.
Sin embargo, después de que España cambiara su regulación, la empresa se encontró sin las condiciones favorables que habían sido prometidas inicialmente, lo que representó un revés significativo para los inversores. En respuesta, las filiales de NextEra decidieron defender sus intereses a través de un proceso de arbitraje contra España. Esta disputa se convirtió en un caso emblemático que ilustra los desafíos y las consecuencias legales de los cambios regulatorios en el sector de las energías renovables.